El ex conseller Romeva secunda a Junqueras: "Me considero un preso político"

El ex conseller Raül Romeva ha comenzado este martes su interrogatorio en el juicio del 'procés' señalando que sólo va a responder a las preguntas de su letrado porque considera que está en un "juicio político" en el Tribunal Supremo. El acusado, que comparte abogado con el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el letrado Andreu Van der Eyden, secunda así la estrategia de defensa del líder de ERC.

El procesado ha explicado que es diputado del Parlament y que ha sido suspendido cautelarmente de sus funciones por parte del Alto Tribunal por lo que se considera un "preso político". Romeva ha recordado que este martes hace "un año" que está en prisión preventiva. También lo hizo el ex conseller Jordi Turull, quien lo precedió en el turno de palabra del banquillo de los acusados.

"Me defino fundamentalmente como demócrata, republicano y europeísta y circunstancialmente estoy independentista", sostiene Romeva secundando las palabras de Junqueras que dijo estar y no ser independentista. “Creo en una Europa basada en la igualdad y la fraternidad", ha resaltado el acusado que ha añadido que defiende "un proyecto europeo basado en derechos y libertades y en la no discriminación".

El ex conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat ha señalado el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional falló sobre el Estatut como la fecha clave en la que se hizo independentista. “Hasta entonces, defendía un proyecto político que no era la independencia, sino una federación o una confederación”, expone Romeva que habla de “desafección” y “ruptura emocional” en la sociedad catalana a raíz de la sentencia del tribunal de garantías.

El derecho de autodeterminación

Ha defendido además que el derecho a la autodeterminación no es contrario a la Carta Magna recalcando que la demanda de la ciudadanía es “perfectamente compatible” con el “diálogo constitucionalista continuado”.

El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat ha mantenido que el posicionamiento del Govern encaja con el “principio democrático” ya que la Constitución “no prohíbe expresamente” ejercer el derecho de autodeterminación sino que es la voluntad política la que debe encontrar la “fórmula” para llevarse a cabo.

El acusado ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre la independencia de Quebec, en la que concluyó que ante demandas de una parte significativa de la población de manera cívica, pacífica y reiterada sobre cuestiones relevantes para sus vidas hay que proporcionar los “mecanismos” para que se haga posible. “Desde la perspectiva de la democracia liberal, el Estado no puede subvertir el principio de legitimidad democrática”, ha expresado.

Como Jordi Turull horas antes, el ex conseller de Asuntos Exteriores ha rechazado “rotundamente” que desde el Gobierno catalán hubieran incitado a la violencia para conseguir los fines políticos. “Siempre hemos apelado al civismo, pacifismo, responsabilidad, concordia, no discriminación, al diálogo, a la negociación… En definitiva, haciendo política”, ha declarado. "Por claro pragmatismo defiendo la no violencia. La vía violenta no es sólo no es deseable sino de todo punto descartable", aseveró. "Las únicas armas que ha habido son las de la Guardia Civil. Manifestarse no puede considerarse un alzamiento; protestar no es tumulto; y, opinar no es delito", remachó Romeva.

A preguntas de su abogado, aseguró que era “obligación” del Govern llamar a la participación de la ciudadanía el 1-O de manera “libre y no partidista” tras constatar el deseo de la sociedad de expresarse “a favor o en contra”. El ex conseller ha señalado que él no tuvo dificultades para votar el día del referéndum ilegal y ha censurado la “violencia” que vio aquella jornada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Nos va a costar olvidarlo durante mucho tiempo”, ha indicado.

Por otro lado, el ex dirigente catalán también ha negado que conociera el contenido del documento conocido como ‘Enfocats’ –considerado como la hoja de ruta del movimiento independentista e intervenido por la Guardia Civil durante el registro practicado en la vivienda barcelonesa de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y Hacienda– y mucho menos que participara en el comité estratégico o ejecutivo, como se le describía en dicho papel.

El Ministerio Público solicita para el líder independentista 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación, mientras que la Abogacía del Estado rebaja su petición a 11 años y medio de prisión al acusarlo sólo de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos. La acusación popular Vox, por su parte, eleva la solicitud de pena hasta los 74 años por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación.