La reforma de sistema de financiación autonómica es uno de los debates más complejos que se avecinan en esta legislatura del diálogo.

Por un lado, es el terreno de juego donde se reparten los recursos que posteriormente se destinan en cada comunidad autónoma a la sanidad o la educación, lo que suscita rivalidades.

Por otro, instancias como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), creen que el actual sistema lleva a una infrafinanciación de las autonomías e incide de esta manera en la desviación del déficit.

Pero los primeros pasos para llegar a acuerdos se están dando  y apuntan a cuestiones como dotar de más transparencia al sistema, alcanzar una distribución de la financiación por habitante y otorgar una mayor autonomía de ingresos a las comunidades. No obstante, este último punto tendría como contrapartida una mayor responsabilidad en el gasto.

Se trata de los tres puntos de mayor consenso que recoge un documento elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), llamada a jugar un papel crítico en la próxima reforma, y la Fundación Internacional OIof Palme (FIOP).

Los primeros pasos para llegar a acuerdos se están dando

El trabajo toma como base un documento elaborado por  un grupo de economistas y representantes de los principales partidos políticos --PSOE,PP, Ciudadanos y Podemos-- en febrero de este año, en el que se exploraban posibles consensos. Este documento se ha presentado después en las principales ciudades españolas a especialistas en hacienda autonómica, académicos, representantes de la administración o empresarios.

Fruto de todo ello surge este nuevo documento que, como señala el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, “no es un acuerdo definitivo”, pero sienta una importante base, de forma que “no debería ser muy difícil poner de acuerdo a los partidos políticos”, no así a las comunidades autónomas, que, según admite, “tiran cada una para casa”.

El sistema actual genera espirales de gasto

Precisamente el día en que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) para abordar la senda de estabilidad de los próximos tres años, el documento de consenso plantea que las comunidades autónomas deberían tener un mayor control sobre sus ingresos y a cambio mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto.

La opinión generalizada es que no es posible medir con precisión las necesidades absolutas de gasto de las distintas comunidades autónomas, pero que el actual sistema no incentiva suficientemente la responsabilidad fiscal y tiende a disparar el gasto.

Por ello, hay un acuerdo general sobre la conveniencia de establecer algún tipo de fondo de estabilización presupuestaria que ayude a ahorrar en tiempos de bonanza y a mantener el gasto en períodos de crisis.

Hay un acuerdo general sobre la conveniencia de establecer algún tipo de fondo de estabilización presupuestaria

Por el lado de los ingresos hay algo menos de acuerdo. Se barajan tres opciones partiendo de una administración tributaria integrada, única y compartida. La primera es una cesión a las comunidades de capacidad normativa colegiada sobre el IVA y los impuestos especiales. La razón es que al ser tributación armonizada en la UE, toda decisión al respecto debe pasar por Bruselas, lo que obliga a que las decisiones se tomen de forma colegiada. Concretamente, el documento plantea que las comunidades autónomas puedan acceder a la bolsa del IVA para poder hacer cambios que les provean de mayores ingresos.

Otra opción, que ha encontrado algunas oposiciones férreas, es la cesión del 100% del IRPF a las comunidades a cambio de la recuperación para el Estado del IVA y Especiales. La tercera es que estas administración cuenten con la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y posiblemente en otras áreas.

Una oportunidad para alcanzar acuerdos con Cataluña

Por otro lado, la reforma del sistema de financiación autonómica es una oportunidad de apaciguar las relaciones entre el Estado y Cataluña.  El documento constata el consenso sobre una distribución desigual de la financiación por habitante ajustado.

El actual sistema hace que las comunidades autónomas más ricas y con mayor capacidad de recaudación impositiva acaben dando cobertura a las más pobres, con el resultado que su financiación por habitante acaba siendo inferior a la de éstas.

El documento constata el consenso sobre una distribución desigual de la financiación por habitante ajustado

Por ejemplo, Madrid tiene una capacidad tributaria por habitante de 2.642,2 euros, pero obtiene un ingreso de 2.107,8 euros, mientras que Andalucía aporta 1.555,1 euros por habitante y recibe 2.052,3 euros. Hay acuerdo, por tanto, en la necesidad de establecer criterios de reparto claros, que se apliquen sin excepciones ni correcciones, para evitar desigualdades.

Otras de las fórmulas que podrían encontrarse, de una u otra forma, en el resultado final de la reforma de la financiación autónomica se refieren a la introducción de mayor equilibrio en el reparto de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas.

Además, existe cierta coincidencia también en la necesidad de ir desmontando gradualmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).