Interior ordenó maquillar el informe de la equiparación salarial: "No habrá más dinero"

El Ministerio del Interior ordenó expresamente a la consultora externa contratada para estudiar las retribuciones de policías nacionales, guardias civiles y mossos que las conclusiones del informe clave sobre equiparación salarial se circunscribieran a los 807 millones ya comprometidos para el trienio 2018-2020. Y ni un euro más.

Se trata del trabajo que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska oculta desde hace semanas a los sindicatos policiales y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como viene informando El Independiente. Es un documento determinante, toda vez que en teoría debe aclarar si el montante pactado en el acuerdo de 12 de marzo de 2018 es suficiente para recortar la brecha en los sueldos con la Policía de la Generalitat o si, por el contrario, es necesario desembolsar más dinero para corregir al alza el cálculo inicial a fin de que la equiparación sea "total y absoluta".

En vísperas del inicio de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril, el dosier se mantiene bajo llave en la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha evitado informar de su contenido a los sindicatos policiales y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil a pesar de los reiterados requerimientos que las organizaciones han venido realizando.

El viernes 1 de febrero, los directores de gabinete y de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad -Pau López Ramos y José Antonio Rodríguez González (Lenin), respectivamente- mantuvieron una reunión con representantes de Ernst&Young Abogados SLP, la firma a la que la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior adjudicó el pasado 12 de julio los "servicios de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La Secretaría de Estado de Seguridad instó a la consultora externa a contemplar en su informe tan sólo los 807 millones ya consignados

Faltaba un mes y tres días para que expirara el plazo que la consultora tenía para completar el encargo -seis meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato (3 de septiembre de 2018)- y la instrucción del comisario Lenin a los representantes de Ernst&Young Abogados fue clara: el informe tenía que cerrarse con los 807 millones porque "no va a haber más dinero".

Fuentes conocedoras de las reuniones admiten "presiones" desde la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar de condicionar el informe -hasta el punto de requerírsele que no detallaran conclusiones cuantitativas sino cualitativas- y que el contratista llegó a plantarse ante las exigencias que se le fueron planteando, contrarias al espíritu del encargo inicial. Esta decisión de Ernst&Young de no atender las exigencias de Interior motivó que el propio director del gabinete de la Secretaria de Estado de Seguridad les convocara el pasado 19 de febrero a una reunión urgente debido a "su cambio de criterio".

Sin esperar a agotar el margen de que disponía, la multinacional remitió el 20 de febrero el informe definitivo a tres destinatarios de Interior: Pau López, José Antonio Rodríguez y Alicia de las Heras, especialista en análisis actuarial y vocal representante del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad desde la etapa del PP.

No dio por recibido el informe

Dos días después, los directores de gabinete y de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y el secretario general del Ministerio del Interior (Juan Antonio Puigserver) volvieron a reunirse con los consultores externos para comunicarles que no daban por recibido el informe e instarles a que lo adaptaran a los criterios que les habían marcado.

De esta forma, Ernst&Young Abogados entregó el 25 de febrero una nueva versión a López, Rodríguez y De las Heras. Fue un día antes de que la número dos de Interior, Ana Botella, presidiera la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, a la que asistieron los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil junto a los directores generales de ambos Cuerpos.

Ernst&Young llegó a plantarse ante las presiones recibidas por el equipo de Marlaska para condicionar el resultado final

Ante la insistencia de los representantes de los agentes por conocer las conclusiones de la consultora, Botella afirmó en aquella sesión del 26 de febrero que no sólo no habían recibido aún el informe sino que además se estaban planteando prorrogar el plazo al adjudicatario debido a la complejidad que entrañaba el estudio puesto a puesto. La posibilidad de alargar el periodo de elaboración del trabajo encomendado, sin embargo, no estaba contemplada en el pliego de condiciones que reguló el procedimiento de contratación.

Ante la negativa de la Secretaría de Estado de Seguridad a darlo por recibido, la consultora optó por presentar el trabajo en el Registro del Ministerio del Interior el pasado 27 de febrero, a fin de que quedara rastro de que había cumplido el encargo en el plazo estipulado en el contrato y evitar así que se le pudiera podido reprochar un supuesto incumplimiento en el futuro.

Opacidad de Interior

Un mes después, los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil siguen sin conocer las conclusiones del dosier, lo que les ha llevado a reclamarlo a través del Portal de Transparencia ante la cerrazón de Interior a dar a conocer el resultado del estudio. Ni del informe final ni de los dos desplegables previos.

Según se detalla en el pliego de condiciones que reguló el procedimiento de contratación, la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil "dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato" y, dentro de las 12 primeras semanas, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en la Policía de la Generalitat de Cataluña.

Ernst&Young quedaba también obligada a aportar dentro de las primeras 16 semanas un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones en dos meses, así como "la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta".

El Ministerio del Interior ha incumplido el acuerdo de equiparación salarial firmado por Juan Ignacio Zoido con cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, AproGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) hace un año, por cuanto el documento -en su cláusula primera- establecía que para la realización del estudio se "contaría con la participación de los sindicatos y asociaciones profesionales" firmantes de dicho acuerdo. Ni se les ha tenido en cuenta durante la realización ni se les ha informado de su contenido una vez entregado.

Reunión en la Guardia Civil

Los representantes de los guardias civiles aprovecharán este miércoles la celebración del pleno ordinario del Consejo de la Guardia Civil, al que tienen previsto asistir el ministro Grande-Marlaska y Ana Botella, para pedir explicaciones sobre el informe de la consultora. Esta cuestión no se detalla en ninguno de los seis puntos de los que consta el orden del día, pero con seguridad saldrá a colación en el capítulo de 'ruegos y preguntas'.

Los asistentes no podrán entrar en la reunión con sus móviles, como se advierte expresamente en la convocatoria de la sesión. "Próximo a la entrada de la sala de reunión se dispondrá de un lugar adecuado para dejar los dispositivos electrónicos", se especifica.

Convocatoria del pleno del Consejo de la Guardia Civil de este miércoles, advirtiendo de que se requisarán los móviles.

No es la primera vez. Como informó este diario, Interior requisó los móviles a los responsables de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil el pasado 26 de febrero antes de la reunión mantenida con Ana Botella.

La reunión se produce semanas antes de que los policías nacionales y los guardias civiles vean ingresado en sus nóminas el segundo tramo de la equiparación salarial: 250 millones de euros, de los que 143,2 millones de euros (57,28 %) se repartirán entre los guardias civiles y 106,8 millones (42,72 %) a los policías. Esta distribución supone una variación respecto al criterio mantenido en 2018 (59-41 %), lo que ha generado el malestar de los agentes del Instituto Armado al entender que se les ha detraído "unilateralrmente" unos 4,3 millones de euros en favor de los funcionarios del Cuerpo Nacional.