Los autónomos tienen una responsabilidad ilimitada frente a deudas. Esto quiere decir que, en caso de endeudamiento derivado de su actividad profesional, podría ver comprometidos sus bienes particulares. Para minimizar el impacto de este hecho, existe la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Una medida que trata de librar de acreedores a los autónomos que han actuado bajo una serie de preceptos a la hora de gestionar su negocio. De este modo, podrán reemprender o, al menos, no tener ese adeudo porque un negocio no le haya ido bien.

En base a ello, se conocen casos de profesionales por cuenta propia que han conseguido verse exonerados de deudas contraída a raíz de su actividad. Pero, tal y como explica la asociación de autónomos CIAE en su publicación Apyme Digital, la Administración disfruta de una serie de privilegios en estas situaciones. Al contrario que el resto de acreedores (bancos, proveedores, etc.), las Administraciones Públicas figuran como crédito privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que entidades como la Seguridad Social o Hacienda no tienen la obligación de acudir a mediaciones o acuerdos de refinanciación, cuando el objetivo es aligerar la carga sobre el afectado.

Una medida de gracia difícil de conseguir

Beneficiarse de esta Ley de Segunda Oportunidad no es sencillo. Entre otras cosas porque los requisitos son exigentes. Es necesario demostrar que se tiene más de un acreedor y que no se puede afrontar el pago de esas deudas, además de probar que se es “deudor de buena fe” y obtener un pacto previo extrajudicial con los acreedores.

Desde CIAE explican que se debería tener más en cuenta a los autónomos y no poner tantas dificultades para beneficiarse de dicha Ley. Según los datos que publican, obtenidos de cifras oficiales aportadas por el Gobierno, un 18,9% de autónomos y empresas se encontraban en concurso de acreedores el año pasado. El porcentaje es aún mucho mayor contando las que no entran a concurso y entran a formar parte de la economía sumergida.

Una mayor flexibilidad por parte de la Administración es otro de los puntos que señalan en Apyme Digital para mejorar el funcionamiento de esta medida. De esta forma creen que se conseguirían mayores ingresos tanto fiscales como en la Seguridad social.

El último punto que señalan como importante es sobre la figura de los autónomos y pymes. En España son un 99,7% del total de las empresas y creen que se debería incorporar un apartado distinto o especial en la ley concursal.