Fernández Díaz, ante el espionaje a Pablo Iglesias: "Sé que he actuado dentro de la ley"

Apeado de las listas al Congreso de los Diputados después de 30 años e ignorada su pretensión de formar parte de la candidatura a las próximas elecciones europeas por la actual dirección del PP, el foco de la polémica vuelve a alumbrar a Jorge Fernández Díaz por su etapa al frente del Ministerio del Interior (2011-2016) y la existencia de una 'policía patriótica' para debilitar a rivales políticos.

El último episodio conocido ha sido el presunto espionaje al líder de Podemos. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional investiga si la antigua cúpula espió a Pablo Iglesias cuando esta formación alcanzaba sus mayores cotas en los sondeos electorales tras su constitución en marzo de 2014. Con menos de tres meses de andadura desde su inscripción en el registro, Podemos protagonizó la gran sorpresa en las elecciones europeas de mayo de 2014 al conseguir cinco escaños y, dos años después, amenazó la hegemonía del PSOE en la izquierda.

En concreto, el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción realizan pesquisas para determinar si el comisario José Manuel Villarejo -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- sustrajo directa o indirectamente la tarjeta SIM del móvil a una asesora de Pablo Iglesias y entregó la información a la denominada ‘policía patriótica’ para hacer la guerra sucia contra Podemos. El controvertido policía ya jubilado declaró el pasado miércoles ante el instructor que la información se la entregó un periodista en un pendrive y que la desechó tras analizarla y comprobar que carecía de interés desde el punto de vista policial.

En aquellas fechas, el máximo responsable del Ministerio del Interior era Jorge Fernández Díaz, señalado por el Congreso de los Diputados en julio de 2017 junto a Ignacio Cosidó -ex director general de la Policía Nacional y portavoz del PP en el Senado tras la llegada de Pablo Casado a la dirección nacional el pasado verano- por recurrir a mandos para actuar contra "adversarios políticos" y "obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaba al PP".

El ex ministro dice tener la "conciencia tranquila" mientras un juez investiga si la antigua cúpula de Interior espió al líder de Podemos

En plena polémica por el supuesto espionaje a Pablo Iglesias, Fernández Díaz defiende su actuación durante su etapa en Interior. "Tengo la conciencia tranquila; sé que he actuado dentro de la ley", declara brevemente en conversación telefónica con El Independiente. "Cuando tenga que hablar, hablaré", añade el ex ministro, que considera que "se está utilizando" el episodio que investiga ahora la Audiencia Nacional sobre el uso de información extraída del teléfono móvil de Pablo Iglesias por la cercanía electoral.

En esta línea, fuentes cercanas al antiguo equipo de Interior critican que se utilice la expresión 'brigada patriótica' en relación con actuaciones policiales que afectan a "determinados partidos políticos". "No se utiliza nunca ese tipo de calificativos cuando esos mismos responsables policiales llevaron a cabo intervenciones como, por ejemplo, el registro de la sede del Partido Popular (19 de diciembre de 2013), la detención del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana (29 de mayo de 2015), la detención del alcalde de Granada (13 de abril de 2016) y otros muchos casos que afectaron al PP. Tratándose de los mismos responsables políticos y los mismos mandos operativos, es injustificable hablar en unos casos de 'policía política' y en otros no. La Policía ha sido siempre la misma y ha investigado indicios criminales con independencia del partido político al que pudieran afectar", defienden.

'Cortafuegos' electoral

Antes de que trascendieran estos hechos, la actual dirección del PP ya había tomado una decisión sobre el futuro de Jorge Fernández Díaz: ha evitado incluirlo tanto en la lista al Congreso como a las elecciones europeas -como era deseo del político catalán- en un intento de abrir un cortafuegos y que Pablo Casado no se vea salpicado eventualmente en el futuro por lo que la Justicia pudiera dictaminar sobre casos actualmente bajo investigación -Kitchen (robo de documentación comprometedora para la antigua cúpula popular que tenía en su poder Luis Bárcenas) o Tándem (el espionaje y los negocios privados de Villarejo)- y en los que podrían tener responsabilidad ex altos cargos de Interior. Por la misma razón, Ignacio Cosidó tampoco repetirá como portavoz en la Cámara Alta.

La polémica acompaña a Fernández Díaz desde junio de 2016, cuando, en la recta final de las elecciones generales celebradas el 26 de aquel mes, trascendió el contenido de dos conversaciones que había mantenido en el Ministerio del Interior en octubre de 2014 con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. En dicha grabación se escucha a Fernández Díaz decir: ‘Esto la Fiscalía te lo afina; hacemos una gestión’, después de que su interlocutor hiciera referencia al nombramiento presuntamente irregular de dos cuñadas del ex consejero catalán Felip Puig como funcionarias sin que el expediente estuviera aún cerrado. En esas reuniones también salieron a relucir detalles de otras investigaciones que alcanzaban a otros dirigentes independentistas catalanes, caso de Oriol Junqueras.

La polémica acompaña a Fernández Díaz desde que trascendieron en 2016 las conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña

Cuando compareció el 5 de abril de 2017 ante la comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades políticas por el supuesto uso de los medios del Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes de otras formaciones políticas. Fernández Díaz se presentó como "víctima" del escándalo de las grabaciones y defendió que la "única y auténtica conspiración" al difundirse el contenido de aquellas conversaciones fue tratar de perjudicarle a él como político -iba como cabeza de lista por Barcelona- y "afectar" al resultado de las elecciones generales para "alterar la voluntad popular".

El informe que 'avaló' a Villarejo

Fue también durante su etapa como ministro del Interior cuando se conoció el entramado empresarial controlado por Villarejo -con un capital social superior a los 16 millones de euros, según desveló El País-mientras ejercía como agente encubierto. El informe que a instancias del ministro firmó el inspector José Ángel Fuentes Gago concluyó que el comisario hoy en prisión preventiva no tenía que pedir solicitud de compatibilidad para ejecutar de forma simultánea su labor policial con su faceta como empresario.

En un documento fechado el 20 de abril de 2015, Fuentes Gago llegaba a dicha conclusión al considerar que la actividad de Villarejo "no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes", "guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe" y "no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia".

No es el criterio que mantienen los fiscales asignados al caso Villarejo, que sostienen que el agente encubierto ya retirado desarrolló trabajos privados "sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

Medalla por los servicios prestados

Frente a esta versión, los tres últimos directores adjuntos operativos (DAO) que tuvo antes de su jubilación -Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino- presentaron escritos al juez que instruye el caso Tándem en el que, como informó El Mundo, reconocen que las actividades empresariales del controvertido agente «eran conocidas por los mandos policiales competentes». Es lo que sostiene el comisario hoy en prisión, que asegura que constituyó sociedades que servían de cobertura para la labor policial con conocimiento de sus superiores.

En 2013, siendo ministro Jorge Fernández Díaz y director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, José Manuel Villarejo recibió su segunda medalla al mérito policial con distintivo rojo (pensionada) por los servicios prestados al Estado. La primera la había conseguido en 2009, cuando al frente de Interior se encontraba el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.