“Por apostar a todo o nada, se pueden quedar sin nada”. Fue la advertencia que el pasado enero, en mitad de una huelga total e indefinida, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, lanzó a los taxistas de la región por sus exigencias y las presiones para aplicar restricciones a los vehículos de transporte por conductor (VTC), que son los que usan plataformas como Uber o Cabify.
Entonces, tras más de dos semanas de huelga total, los taxistas finalmente no consiguieron doblegar ni a Comunidad ni a Ayuntamiento y no se impusieron obstáculos al negocio de los VTC. Se quedaron sin nada. Tres meses después, la Comunidad de Madrid impulsa una nueva regulación del taxi con la que, según se destaca desde el Gobierno regional, se “flexibiliza” y se “moderniza” el servicio para mejorar su competitividad. Esto es, para competir con Uber y Cabify.
La Comunidad reconoce que el taxi está “fuertemente regulado en comparación con otras modalidades de transporte”, como sus grandes rivales del VTC, y por eso defiende una flexibilización de sus servicios. Una nueva norma que “no es contra los VTC” sino para que ambos tipos de transporte “convivan y puedan competir en igualdad”, según ha subrayado el presidente Garrido.
El nuevo reglamento, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno regional, contempla nuevas fórmulas de servicio que supondrán una auténtica revolución en el sector. La Comunidad de Madrid regula y permit que, a través de aplicaciones u otros medios tecnológicos, los taxistas puedan establecer tarifas máximas para ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado incluso antes de comenzar el viaje.
Asimismo, se permite a los taxistas que ofrezcan servicios precontratados para reservar sólo una de las plazas del taxi y realizar un pago individual por ella. Con ello, la nueva normativa abre la puerta a que en Madrid puedan a partir de ahora prestarse servicios de taxi compartido entre varios usuarios.
Otra de las novedades, para facilitar precisamente este servicio taxi compartido, es que los taxistas puedan recoger a viajeros en municipios distintos a aquellos en los que estén domiciliadas las licencias del taxi siempre que el destino sea el municipio que la ha concedido.
Los ayuntamientos podrán retirar licencias
En la Comunidad de Madrid actualmente están operativas cerca de 16.000 licencias de taxi en toda la región (la mayoría, hasta más de 15.500 se concentran en la capital), que generan un negocio de unos 1.000 millones de euros al año y de cuya actividad dependen alrededor de 100.000 personas.
El Gobierno madrileño promueve medidas para retirar licencias en caso de infracciones para “combatir el intrusismo y la competencia desleal” entre empresas. Además, permitirá a los ayuntamientos de la región que establezcan planes de amortización de licencias para “garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad de la actividad para los profesionales del taxi”, subraya el Ejecutivo autonómico.
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