Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal en la etapa de ésta como presidenta de Castilla-La Mancha e imputado en la Operación Kitchen, participó en la elaboración del dosier falso con el que se trató de demostrar que Podemos se financió irregularmente a través de los gobiernos de Irán y Venezuela. Se trata del denominado Informe P.I.S.A, acrónimo de Pablo Iglesias.
Fuentes policiales consultadas por El Independiente aseguran que Gómez Gordo formó parte del equipo policial que intervino en la confección de este documento pseupolicial, que sirvió de base para la interposición de una querella ante el Tribunal Supremo finalmente archivada por tratarse de un conjunto de informaciones "no autentificadas". El mando policial era "el director de orquesta", describen gráficamente las fuentes.
Ascendido ya a comisario, el hoy jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante ha rehusado este jueves hablar con este diario sobre su participación en la confección del Informe Pisa y su intervención en el dispositivo policial puesto en marcha en 2013 para intentar robarle presuntamente documentación al ex tesorero del PP Luis Bárcenas que comprometía a la anterior cúpula del partido conservado. Ese operativo lo investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco de Kitchen, una pieza separada del caso Villarejo en la que Gómez Gordo -al que se le ha prohibido salir de España- ha declarado ya como investigado.
En pleno auge de Podemos, el Informe Pisa desarrollaba nueve apartados (360º Global Media SL; Pablo Iglesias, Hispan TV y el Gobierno de Irán; Financiación producciones audiovisuales Hispan TV SL; Destino del dinero recibido por 360 Global Media; Pablo Iglesias, la Fundación CEPS y el Gobierno de Venezuela; Pablo Iglesias e Izquierda Unida y Sortu; Pablo Iglesias y Jaume Roures; Entramado de financiación de Pablo Iglesias /Podemos y Delitos e infracciones en las que se han podido incurrir) en 39 páginas sin exhibir sello policial, ni precisar la unidad encargada de su emisión, ni detallar el número de carné de profesional de ninguno de los agentes que participaron en su elaboración. En la primera página se hace constar su carácter "secreto" y que es de "uso exclusivo policial".
Andrés Gómez Gordo comenzó a colaborar con el DAO de la Policía Eugenio Pino a raíz de la puesta en marcha del operativo 'Kitchen'
El documento tampoco está fechado, si bien puede deducirse que se redactó en 2015 a tenor del contenido de uno de los párrafos en el que hace referencia al nacimiento del partido que lidera Pablo Iglesias. "En junio pasado, cuatro meses después de la creación de Podemos como partido político, dos grandes periódicos de tirada nacional se hacen eco de la financiación del entorno de Pablo Iglesias por parte del Gobierno de Venezuela de Hugo Chávez", detalla. La constitución de la formación morada está fechada el 11 de marzo de 2014, día en que se inscribió en el Registro del Ministerio del Interior.
El citado trabajo, por tanto, no recoge los datos que tres policías obtuvieron sobre la financiación de Venezuela a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) -embrión de Podemos- tras mantener un encuentro con el ex ministro chavista Rafael Isea en el Consulado de España en Nueva York el 12 de abril de 2016. Según ha desvelado el diario moncloa.com, los funcionarios españoles ofrecieron al disidente venezolano sacar a su familia del país y gozar de una nueva identidad en España tras avalar aquél la autenticidad de un documento que reflejaba un pago de Venezuela a la Fundación CEPS por importe de 7,1 millones de euros.
Cita secreta en Nueva York
La cita secreta en la ciudad estadounidense tuvo lugar justo un día antes de que trascendiera que el Tribunal Supremo había archivado la querella que Manos Limpias había interpuesto contra Pablo Iglesias y el ex número dos Íñigo Errejón por presunta financiación ilegal del partido. La Sala de lo Penal no apreció la comisión de delito alguno en los hechos descritos: "carecen de elementos acreditativos iniciales mínimos", concluyó.
En dicha querella, el colectivo de funcionarios públicos atribuía el Informe Pisa a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, ocupada en aquellas fechas por el comisario principal Eugenio Pino. Imputado también en el caso Kitchen, aquél está jubilado desde junio de 2016.
Pino es uno de los mandos policiales señalados como responsables de la utilización "partidista" de efectivos y medios del Ministerio del Interior -como determinó la comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados el 9 de marzo de 2017- y el citado informe sobre Pablo Iglesias y la financiación de Podemos uno de los exponentes de la disposición de recursos oficiales para desacreditar a los rivales políticos.
Gómez Gordo ocupó un alto cargo en el Gobierno de Castilla-La Mancha en la etapa de Cospedal, 'enemiga' de Luis Bárcenas
"Bajo el mandato del señor [Jorge] Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez [entonces director general de la Policía], por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa)", se detallan en las conclusiones del dictamen, aprobado por el pleno del Congreso el 21 de septiembre de 2017.
La carrera de Gómez Gordo
Durante la etapa de jefa del Ejecutivo castellano-manchego de María Dolores de Cospedal, enemiga reconocida de Luis Bárcenas, Andrés Gómez Gordo ejerció como alto cargo de dicha Administración autonómica. En concreto, estuvo al frente entre el 5 de octubre de 2011 y el 5 de marzo de 2015 de la Dirección General de Documentación y Análisis, siendo en la práctica el máximo responsable de la seguridad. Su nombre ha trascendido en los últimos meses tras conocerse su participación en el dispositivo Kitchen.
Según las fuentes consultadas por este diario, unos de las exigencias del antiguo chófer de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias -Sergio Ríos Esgueva- para convertirse en confidente de la Policía fue que Gómez Gordo participara en el operativo, lo que permitió al policía acercarse a la DAO. El hoy comisario había coincidido con Sergio Ríos durante la etapa de éste como conductor de Francisco Granados cuando éste estaba al frente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y Gómez Gordo era el director de seguridad de Campus de la Justicia.
Cuando declaró como investigado el pasado 17 de enero en la Audiencia Nacional, el mando policial reconoció que fue él quien puso en contacto al chófer de Bárcenas con José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto líder de una organización criminal. Gómez Gordo explicó que conocía a Sergio Ríos desde la época en que los dos coincidieron en la Comunidad de Madrid, de ahí que el chófer le llamara para comentarle que la Policía se había puesto en contacto con él para hacerle un encargo.
Tras la pista de la fortuna de Bárcenas
Durante meses, Villarejo recibió las confidencias del chófer de Luis Bárcenas, un antiguo militar y quien se dirigía al agente encubierto hoy en la cárcel como “mi coronel”. El conductor fue captado como confidente mientras el ex tesorero del PP estaba en prisión preventiva (desde finales de junio de 2013 a principios de 2015) con la esperanza de que como testigo de conversaciones de Rosalía Iglesias y sus hijos pudiera suministrar pistas de interés que permitieran a los investigadores conocer dónde guardaba el ex tesorero popular el dinero de las mordidas y qué testaferros utilizó para ocultar su patrimonio.
Fue un trabajo remunerado, ya que el conductor percibió por esa colaboración unos 48.000 euros con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. Así lo ha reconocido el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en un informe enviado al juez de la Audiencia Nacional De la Mata: "De los indicios recopilados hasta el momento, se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la sazón (años 2013 a 2015 aproximadamente) a la Dirección Adjunta Operativa del CNP [Cuerpo Nacional de Policía] así como a la Comisaría General de Información, existiendo la constancia de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada".
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