La Fiscalía pide 15 años de inhabilitación para el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan Antonio Toro por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos en su investigación al expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez, en 2017.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha señalado para el próximo miércoles el juicio del juez Toro en el que la Fiscalía además pide que se le imponga una multa de 9.900 euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al juez Toro se le acusa como consecuencia de la investigación llevada a cabo a raíz de una querella interpuesta por el expresidente de la Federación Española de Tenis (FET) José Luis Escañuela contra el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y la directora general de Deportes, Ana Muñoz.

En su querella inicial Escañuela incluyó diversa documentación para acreditar el trato discriminatorio que, a su juicio, existía en el Consejo Superior de Deportes (CSD) respecto a las irregularidades detectadas en la FEB, que consistían en el supuesto gasto privado de fondos federativos por parte de su entonces presidente, José Luis Sáez.

El magistrado Toro archivó las primeras diligencias y abrió otras contra los entonces presidente y secretario general de la FEB, José Luis Sáez y Luis Giménez, respectivamente, en las que ya no estaba personado Escañuela.

"Conocimiento de su imprudencia"

Escañuela solicitó al acusado que uniera a las actuaciones archivadas una copia digitalizada de las diligencias abiertas contra el expresidente de la FEB, petición que fue adoptada por Toro en 2017 "con conocimiento de su imprudencia" y "fuera de los cauces procesales" ya que dicho testimonio no podía influir en la decisión pues el recurso ya había sido resuelto.

Además, con posterioridad, Escañuela pidió al juez que le entregara una copia digitalizada de las diligencias relacionadas con Sáez, solicitud a la que Toro accedió haciendo "entrega del testimonio a quien no era parte en ese procedimiento", lo que supone una "vulneración" dado el carácter reservado de las diligencias en fase de instrucción.

La copia digitalizada contenía la totalidad de las diligencias de la instrucción y documentación presentada con la querella original.

A raíz de su entrega a Escañuela, varias informaciones y documentos de dichas actuaciones judiciales fueron publicadas en diversos medios de comunicación “sin que resulte acreditado que el acusado participara en la divulgación del contenido”, siempre según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.