La empresa catalana que gestionará los datos del 26-M, en el punto de mira

La recogida, procesamiento, difusión y publicación de resultados de los comicios locales y europeos se erige como una labor primordial que ya tiene responsable: la tecnológica catalana Scytl en compañía de su socio tech Vector ITC Group.

El Ministerio del Interior adjudicó el pasado mes de enero el mencionado contrato a la compañía, que arrebató nuevamente el concurso público a Indra -en el caso de las autonomías tendrán que licitar y adjudicar los contratos que se disputarán entre ambas- tras pagar un importe de 8,7 millones de euros y recibir una óptima calificación técnica en aspectos como recursos técnicos de infraestructuras o recursos en planes de contingencia y propuesta organizativa.

Hasta aquí todo estaría correcto si no fuera porque Scytl se ha visto envuelta, a juicio de voces empresariales, en acusaciones de pucherazo en las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona en las que también actuó como gestor, lo que la deja en el ojo del huracán de las críticas de cara a los comicios del próximo 26 de mayo.

Pero empecemos por el principio. Sctyl es una compañía catalana fundada en el año 2001 por el emprendedor Andreu Riera -fallecido desde 2006- que nació como un ente especializado en el desarrollo de software de seguridad en votaciones electrónicas, dirigidas tanto al sector privado como al público. La compañía está controlada por gigantes de la inversión a nivel internacional y participada por fondos internacionales de riesgo como Industry Ventures o la española Spinnaker SCR.

Desde 1978 todos los contratos públicos del Estado iban a parar a la compañía presidida por Fernando Abril-Martorell, pero el escenario cambió a a partir de las generales de 2015, cuando la tecnológica dirigida por Pere Vallès irrumpió y ganó el concurso de recuento. Desde entonces disputa el concurso público de los diversos comicios a Indra, un papel que también ha desarrollado en Cataluña. Y la última apertura de urnas está dando de qué hablar.

La Cámara de Comercio de Barcelona elegía el pasado 8 de mayo a 40 de los 60 miembros de su Pleno, que tendrá que designar a su vez al sustituto de Miquel Valls para los próximos cuatro años. Los comicios del ente, en el que están representados más de 423.000 empresas y autónomos, se saldaron con una mayoría de las candidaturas soberanistas aupadas por entidades como la ANC o el Cercle Català de Negocis (CCN) (32 de los 40 puestos), y de cuyo recuento se encargó también Scytl.

Pero hay voces en la oposición que hablan de un auténtico pucherazo en las 'urnas'. Según adelantaba El Confidencial, varios grupos de empresas denuncian que los números no cuadran, apareciendo en el cómputo de sufragios contabilizados menos votos de los que sumaban estos grupos. "Si un grupo de empresas deposita 30 votos a una determinada candidatura, no puede ser que luego aparezcan reflejados solo 10", denunciaba una fuente de la cúpula empresarial.

Aunque desde la compañía se defienden y afirman que es imposible cometer fraude en unas elecciones, durante el pasado miércoles los denunciantes aseguran que se detectaron "problemas técnicos" desapareciendo, según denuncian, votos no independentistas.

Scytl asegura que tales afirmaciones son falsas, alegando el descuadre a que "la Junta Electoral ha decidido auditar algunos votos con el fin de garantizar la legalidad del proceso" y que "en ningún caso se conoce el sentido de estos votos".

Para más inri, la rotunda victoria del independentismo se produce después de que la Generalitat prohibiese por primera vez en la historia el sistema de votación por correo y el presencial en papel, vinculando todo el proceso a programas informáticos -gestionados por Scytl-, lo que echa aún más leña al fuego a un grupo de empresarios que amenaza incluso con denunciar los hechos ante la Fiscalía.

Desde la tecnológica confirman que el proceso de votación en la Cambra "ha transcurrido con total seguridad en todo momento" por utilizar un proceso "que han permitido asegurar no solamente la confidencialidad y anonimato del voto, sino también la integridad y transparencia" del sistema.

Tras el escrutinio de 17.224 votos depositados vía Internet, legal si no se demuestra lo contrario, el nacionalismo sumaría una nueva victoria en su intento por detentar los ámbitos económicos y sociales de Cataluña.

Scytl y la Generalitat

Este no es el primer contacto del Govern con la tecnológica. La Generalitat llegó a ofrecer un contrato de nada menos que entre uno y dos millones de euros a Scytl para que desarrollase el software de recuento de votos para la consulta ilegal del 1-O. Y, pese haber trabajado anteriormente con el Ejecutivo catalán, los directivos declinaron la suculenta oferta por las posibles implicaciones legales que conllevaría un referéndum declarado ilegal por diversos tribunales, incluido el Constitucional.

Según se conoció después, fue el Josué Sallent, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat (CTTI) quien ofreció a Pere Vallès el contrato, quien lo declinó por el posible carácter delictivo de la consulta.

El director ejecutivo de Scytl es, además, miembro del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), organismo que tuvo un papel fundamental en la internacionalización del procès y que fue liquidado durante la intervención del 155, actualmente reactivado para, según la secretaria judicial del órgano, Laura Foraster, relanzar la cultura y empresas catalanas.