El equipo de Gobierno de Manuela Carmena, que dirige el Ayuntamiento de Madrid desde 2015, arrancó la legislatura prometiendo construir 4.200 viviendas sociales esta legislatura. Pero el resultado está muy lejos de lo anunciado: a 31 de diciembre de 2018, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), la entidad que ejerce de promotora social de vivienda a nivel local, tan solo había ejecutado 63 pisos protegidos. Así consta en el acta de una comisión celebrada en diciembre pasado a la que han tenido acceso El Independiente y Maldita.es tras una investigación de dos meses.
El dato de las 63 viviendas nunca ha sido facilitado por la EMVS. Tampoco ha sido negado. Lo reconoció en la Comisión Permanente Ordinaria de Equidad, Derechos Sociales y Empleo el presidente de la empresa municipal, Francisco López Barquero, en una respuesta a la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís el 11 de diciembre: "Señora Villacís, el problema es que si no me escucha es difícil", dijo López Barquero, en el fragor de la discusión. "Sí le he dado el dato, se lo he dicho, le he dicho: 19 viviendas en Villaverde que ya están adjudicadas a ciudadanos y 44 viviendas que vamos a terminar, que están terminadas físicamente en Sicilia, 2, no con cédula de habitabilidad, como usted dice, que en algunos casos ni siquiera se necesita porque las viviendas protegidas no las tienen". Sicilia 2 es una promoción ubicada en el Distrito de Carabanchel.
19 viviendas en Villaverde y 44 en Carabanchel: ese es el balance
Este medio recogió el dato en el reportaje publicado el pasado 11 de marzo y titulado Por qué Madrid no construye alquileres asequibles. El dato, que no fue rebatido ni confirmado por la EMVS, procedía de fuentes del grupo socialista. Posteriormente otra fuente de la Empresa de la Vivienda corroboró la cifra. Se ha insistido a la EMVS, que siempre responde que "el número de viviendas que se han terminado de construir pasando a situación de aptas para su adjudicación, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha es de 1.347 viviendas".
Pero la respuesta contiene una trampa. Entre el 1 de enero de 2014 y junio de 2015 la alcaldía la ostentó Ana Botella (PP). Bajo el mandato de Botella, la EMVS vendió casi 2.000 viviendas sociales al fondo Blackstone, el principal casero de la Comunidad de Madrid. La venta se realizó muy por debajo del precio de mercado, lo que ha supuesto una condena del Tribunal de Cuentas a Botella y a otros seis miembros de su equipo de más de 25 millones de euros.
La EMVS habla de las "distintas fases de construcción" pero no de las terminadas
Otra de las contestaciones de la empresa pública es que en estos momentos hay "42 promociones de vivienda en marcha, con un total de 3.370 viviendas en distintas fases de construcción: 1.426 obras en ejecución, 76 en licitación de obras, 1.510 en licitación de proyecto y 358 en redacción de proyecto y fase previa". De estas últimas, el ayuntamiento "prevé que 300 viviendas se terminarán en el próximo trimestre y el resto ya iniciadas, terminarán antes de finalizar el 2020". Maldita.es ha intentado obtener la cifra real de vivienda nueva a través del Consejo de Transparencia, pero solo ha conseguido idéntica respuesta que la que aporta el gabinete de prensa.
La concejala responsable de la EMVS es Marta Higueras. Una de las principales críticas a la ineficaz gestión a la hora de promover vivienda es que la empresa de la vivienda esté controlada por un área que no sea Urbanismo (Desarrollo Urbano Sostenible), una concejalía que sí posee los conocimientos técnicos para construir ya que es la que lo había estado haciendo en los años de Alberto Ruiz-Gallardón. Los trámites desde que se licita una promoción hasta que se termina la construcción duran un mínimo de 18 meses.
Uno de los errores es que la gestión de la EMVS no haya recaído en Urbanismo
En privado, muchos miembros del equipo de Gobierno reconocen que en materia de vivienda la situación es harto mejorable. "Es nuestro suspenso", dice una persona que va en la candidatura de Más Madrid. Una de las más críticas con Higueras es la ex presidenta de la EMVS y predecesora de López Barquero. María Serrano duró un año en el cargo y fue cesada por la vicealcaldesa de Carmena de manera sorpresiva en julio de 2016. Nunca se dieron razones. En las charlas a las que acude, Serrano acusa a la dirección de la EMVS de no construir vivienda pública.
En el debate organizado por El País y la Cadena Ser el 6 de mayo, Carmena anunció que el ayuntamiento tenía identificadas 30 parcelas y prometió que sobre ellas se construirían 3.000 viviendas sociales de alquiler de unos 60 metros cuadrados cada una. La promesa es un reconocimiento implícito a lo que no se ha hecho en esta legislatura.
La ex presidenta fue cesada en 2016 de manera sorpresiva por Marta Higueras
Sobre los problemas para construir vivienda nueva, la EMVS sí ha avanzado una explicación. "En 2013", en plena crisis, "se eliminó de los estatutos de la EMVS la capacidad de promover obra nueva. Y la mayoría de los suelos de la Empresa pasaron a titularidad del ayuntamiento, por tanto, desde ese momento se produjo una paralización total de inicio de nueva construcción de viviendas por parte de nuestra entidad".
"Con el cambio de Gobierno municipal en 2015 se modificaron los estatutos", continúan portavoces de la empresa, "y se inscribieron los nuevos en el Registro Mercantil, recuperándose así la capacidad de promover obra nueva; pero para entonces no se contaba prácticamente en la empresa con suelo disponible para construir viviendas ni condiciones que permitieran comenzar la ejecución de obras de forma inmediata".
Según la EMVS, en 2015 "no se contaba prácticamente con suelo disponible"
La EMVS ha sido gestionada de forma extraña: los trabajadores aseguran que a nivel laboral se respira cierta tranquilidad, tras sopesar Botella incluso el cierre de la firma municipal en los peores años de la crisis. Sin embargo, hasta cuatro jefes de prensa han pasado por la EMVS. Una directiva fue cesada por robar 100.000 euros, un hecho que está judicializado y del que la empresa se niega a informar. Pero lo más raro ocurrió con un contrato de seguridad adjudicado a Ilunion que coincidió con el cese de María Serrano: Ilunion perdió un contrato millonario al no presentar jamás la documentación solicitada.
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