Una juez reclama los informes sobre la equiparación salarial que oculta Interior

Un juzgado de Madrid ha requerido a la consultora Ernst&Young Abogados SLP todos los informes elaborados en relación con la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los Mossos d'Esquadra y que el Ministerio del Interior -el departamento que encargó dichos trabajos- se ha negado en redondo a facilitar.

Se trata de una de las diligencias acordadas por la titular del Juzgado de Instrucción 17 de Madrid tras admitir a trámite la denuncia presentada el pasado 3 de abril por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para que se investiguen las "presuntas presiones” ejercidas por altos cargos de Interior sobre la citada consultora para condicionar las conclusiones de su informe. Se trata de un trabajo clave, toda vez que el análisis de Ernst&Young Abogados determinará si los 807 millones de euros comprometidos para el trienio 2018-2020 son suficientes o si, por el contrario, ha de librarse una partida adicional para que la equiparación salarial con la Policía de la Generalitat sea "total y absoluta".

Como viene informando El Independiente, la consultora entregó su informe final a la Secretaría de Estado de Seguridad a finales del pasado mes de febrero, sin que los representantes de los agentes hayan podido conocer hasta ahora su contenido a pesar de que el acuerdo firmado en marzo de 2018 incluía una cláusula por la que se tenía que contar con los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil durante el proceso de elaboración.

Interior se excusa en que dicho trabajo no cumple el pliego de condiciones que reguló el concurso y que ha ordenado a Ernst&Young que lo rehaga, tarea para la que le ha concedido 45 días hábiles. Ese plazo empezó a contar el pasado 28 de marzo y expirará a principios de junio.

La juez cita como testigo a una funcionaria que participó en reuniones con la consultora externa a la que se encargó el trabajo

En respuesta a una petición de información a través del Portal de la Transparencia, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha negado a facilitar a este diario los informes entregados por la auditora -tanto el final como los provisionales, según se especificaba en el cronograma detallado en el pliego de condiciones- con el argumento de que la documentación solicitada "se refiere a información que está en curso de elaboración". Así lo justifica el director del gabinete de la Secretaria de Estado de Seguridad, Pau López Ramos, en una resolución fechada el pasado 16 de mayo.

"Documentos, informes..."

Ahora, en un auto fechado este lunes, el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid ha ordenado que se libre oficio a Ernst&Young para que le remita "los documentos, informes, etc. que hayan elaborado en relación con el contrato de los servicios de consultoría para el análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el seguimiento de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil".

La magistrada también requiere a la consultora para que indique la "identidad" de los empleados que han llevado a cabo los trabajos encargados por Interior y han mantenido las "relaciones" con los miembros de la Secretaría de Estado de Seguridad, al tiempo que ha citado a declarar en calidad de testigo al "representante legal de Ernst&Young".

Ésta es una de las tres testificales acordadas por la instructora. Las otras dos declaraciones que se han señalado para el próximo 10 de junio son las de Alicia de las Heras, vocal representante del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha participado en las reuniones de seguimiento junto al director de gabinete (Pau López Ramos) y al máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios (el comisario de Policía José Antonio Rodríguez Lenin), y este redactor. La denuncia penal se basa en las informaciones que ha venido publicando este diario.

"La admisión a trámite de la denuncia por parte del juzgado viene a confirmar que existe una sobrada base para la preocupación por la falta de transparencia y las presuntas irregularidades que se observan
en este proceso, llegando incluso a pronunciar que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal"; cuestión en sí  misma que evidencia la necesidad del inicio de las acciones legales, que anteriormente a su comienzo ya habíamos informado a los responsables ministeriales", ha señalado este jueves la AUGC en un comunicado.