Acaba el ciclo electoral y el Tribunal Supremo no demorará más su pronunciamiento sobre si el Gobierno puede ejecutar ya la exhumación de los restos de Franco o por el contrario ha de esperar a que resuelva el pleito interpuesto por los nietos del dictador y la orden religiosa que se encarga del culto en la basílica del Valle de los Caídos, donde permanece enterrado desde hace casi 44 años. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal prevé pronunciarse en los próximos días sobre si estima o rechaza la suspensión cautelar solicitada por la familia y tres partes más.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativa Antonio Fonseca Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, José Luis Requero, Celsa Pico y Pablo Lucas tienen diferentes opiniones sobre si se debe paralizar o no la exhumación, a la que el Ejecutivo socialista ha puesto fecha y hora: a las diez de la mañana del próximo 10 de junio. Los restos se trasladarían para su posterior reinhumación en una sepultura del cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo.
Según ha podido saber El Independiente, la mayor parte de los jueces cree que debe estimarse la medida cautelar, ya que, si se saca a Franco del Valle de los Caídos en contra del criterio de los descendientes, se causaría un perjuicio irreparable a los mismos en caso de que finalmente el tribunal les dé la razón cuando estudie el fondo del asunto. Sin embargo, en la Sala también hay quien piensa que no cabe estimar la citada medida. No obstante, se tratará de dar una respuesta unánime a la cuestión.
El pasado mes de abril, en una decisión promovida por el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo, la Sala decidió sacar este asunto de la campaña electoral para no interferir en los comicios generales, a lo que se ha unido la ampliación de los recursos por parte de las partes. Concluido el ciclo electoral este domingo con las municipales, europeas y autonómicas en varias comunidades, la decisión es inminente. Ha llegado la hora de que la Justicia diga si se puede abrir ya la losa de granito de tonelada y media que tapa el sepulcro de Franco en Cuelgamuros o, por el contrario, esa posibilidad ha de posponerse hasta que el Tribunal Supremo entre en el fondo y dicte sentencia. Ello difícilmente ocurriría en 2019.
El TS decidirá esta semana si suspende el traslado de los restos, medida que el Gobierno quiere consumar el próximo 10 de junio
Este asunto que se ve como una verdadera ‘patata caliente’ para la Sala que meses atrás protagonizó el escándalo de las hipotecas en el Alto Tribunal y cuyos miembros recurrieron a calificativos nunca vistos antes en una sentencia o en votos particulares para cruzarse reproches.
La suspensión cautelar solicitada por los nietos de Franco, la orden benedictina, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos no es el único frente judicial relativo al proyecto de exhumación que Pedro Sánchez anuncia desde finales del pasado mes de junio. Podría darse el caso de que el Supremo rechazara la paralización provisional del traslado de los restos del dictador y que el Ejecutivo no pudiera materializar su propósito. Razón: ahora mismo no dispone de la preceptiva licencia urbanística.
El pasado 25 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid acordó medidas cautelarísimas y suspendió provisionalmente el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) -el 26 de noviembre de 2018- declaraba admisibles las obras urbanísticas que el Gobierno pretende ejecutar en el interior de la basílica del Valle de los Caídos.
Será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que tendrá que resolver si el citado órgano judicial debe seguir tramitando el procedimiento después de que la Abogacía del Estado recusara a su titular, el juez José Yusty Bastarreche. Los servicios jurídicos consideran comprometida la imparcialidad de este magistrado después de que en 2007 hubiera redactado un artículo titulado Gobierno y armada española en la monarquía absoluta.
Recusación del juez
Fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran poco probable que el incidente de recusación pueda resolverse antes del próximo 10 de junio, la fecha señalada por el Gobierno de Pedro Sánchez para ejecutar la exhumación y el posterior traslado de los restos del dictador. Con todo, la sentencia no sería firme y cabría recurso ante el Tribunal Supremo, el camino que con seguridad seguiría el particular que solicitó la suspensión de la licencia urbanística.
La mayoría de la Sala se inclina por suspender la exhumación, como piden la familia, los benedictinos y la Fundación Francisco Franco
"Si el Gobierno se atreviera a ejecutar las pretendidas obras el próximo 10 de junio, a conciencia estaría desobedeciendo el auto dictado por el citado juzgado y actuando sin la cobertura legal que necesitaría cualquier obra, incurriendo por ello en una responsabilidad que debería depurarse ante los juzgados competentes", ha advertido la Fundación Franco.
El Ejecutivo tampoco ha logrado recibir la autorización de la orden benedictina para acceder a la basílica y desenterrar el féretro de Franco al no consentir los nietos del dictador que se trasladen los restos de su abuelo. Los intentos realizados por la Vicepresidencia del Gobierno ante la Santa Sede han resultado estériles.
A las 10 horas del 10 de junio, con la presencia del titular del Ministerio de Justicia en su condición de notario mayor del Reino, sin medios de comunicación y adoptando medidas para evitar que se puedan emplear dispositivos de captación y reproducción de imagen y sonido para inmortalizar una escena que sería histórica. Así pretende ejecutar Pedro Sánchez la exhumación. Pero antes ha de pronunciarse el Tribunal Supremo.
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