El juez cita como testigo a un ex embajador de Guatemala en EEUU por los contratos de Villarejo

El juez del caso Villarejo ha citado a declarar en calidad de testigo al ex embajador de Guatemala en EEUU J. L. en la pieza en la que se investigan los pagos millonarios al comisario ya jubilado por hacer gestiones para impedir supuestamente la detención y extradición del naviero español Ángel Pérez-Maura a las autoridades del país centroamericano.

Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó una providencia este lunes por el que amplía las imputaciones en esta pieza separada del caso Tándem, conocida como Pit. Las declaraciones se practicarán entre el 3 y el 12 de junio próximos.

J. L. es un consultor de crisis y de diseño estratégico de campañas que estuvo al frente de la Embajada de Guatemala ante el Gobierno de Estados Unidos entre septiembre de 2013 y noviembre de 2015. Fue en la etapa de Otto Pérez Molina -enviado a prisión en 2015 bajo la acusación de liderar una red de corrupción- como presidente de esta república centroamericana.

Las pesquisas que dirigen el juez García-Castellón, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional tratan de esclarecer el pago de una comisión ilegal de 30 millones de dólares a Pérez Molina y su vicepresidenta -Roxana Baldetti- entre 2012 y 2015 a cambio de que le adjudicaran a una filial de los Pérez-Maura -Terminal de Contenedores Quetzal SA, controlada por Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona SL- la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Detención y entrega

Las autoridades guatemaltecas ordenaron la detención y entrega de Ángel Pérez-Maura el 14 de abril de 2016, dos semanas antes de que A. Pérez y Compañía y el entramado empresarial controlado por Villarejo (grupo Cenyt) firmaran un "contrato de prestación de servicios". La Audiencia Nacional investiga el pago de diez millones al controvertido policía por estos servicios por abortar la extradición y obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran instruirse contra el empresario cántabro tanto en Guatemala como en España.

Según informa Europa Press, José Manuel Villarejo y el empresario Adrián de la Joya -también imputado en la causa- barajaron la posibilidad de apoyar económicamente a J.L. a fin de que llegase a la Presidencia de Guatemala y abortara la petición de entrega de Pérez-Maura. De ese plan se habló en la reunión mantenida en Nueva York en febrero de 2017, grabada subrepticiamente por el policía hoy en prisión preventiva y que está en manos de la Audiencia Nacional tras ser intervenida por la Policía en los registros.

J.L. es conocido por la Justicia española. A las 12.15 horas del 26 de septiembre de 2017, el ex diplomático fue detenido en el madrileño Barrio de Salamanca por agentes de la Policía Nacional por un delito de cohecho. Fue el desenlace al dispositivo de vigilancia llevado a cabo tras conocer que residía en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Captación de fondos para campañas electorales

Según informó entonces el Ministerio del Interior en un comunicado, sobre el arrestado pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OIDE) interpuesta por las autoridades guatemaltecas, que lo reclamaban por pertenecer presuntamente a un grupo especializado en la captación de fondos de procedencia ilícita para las campañas electorales del ex ministro guatemalteco Jorge Alejandro Sinibaldi Aparicio, el ex presidente Perez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. A través de la investigación se determinó que financió ilícitamente al partido Patriota de Guatemala más de 15 millones de quetzales (aproximadamente 1.750.000 euros).

Dos días después de su detención, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu, decretó su puesta en libertad con medidas cautelares tras tomarle declaración. En concreto, al investigado se le retiró el pasaporte, se le prohibió salir del país y se le impuso la obligación de comparecer cada dos semanas en el juzgado. El 31 de mayo de 2018, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó la extradición a las autoridades de Guatemala.

En su web, J. L. expresa públicamente su "plena disposición a colaborar con la búsqueda de la verdad" tanto con la Fiscalía de Guatemala como con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), al tiempo que se quejaba que a mediados de noviembre de 2017 no hubiera recibido las pruebas para "estructurar una defensa técnica" que le permitiera probar su inocencia.