CNMC bloquea las ventajas del Gobierno a grandes eléctricas para crecer en renovables

Choque entre la CNMC y el Gobierno a cuenta del sector eléctrico. El supervisor maniobra contra el intento del Ministerio para la Transición Ecológica de facilitar que las grandes eléctricas vayan prescindiendo en los próximos años sus centrales nucleares, de carbón o de gas natural ofreciéndoles ventajas si las sustituyen por otras plantas renovables.

El Gobierno aprobó justo antes de que expirara la legislatura el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Un texto en el que las compañías que cierren centrales de carbón, gas o nucleares –todas en manos de los grandes grupos energéticos: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo- tengan derecho a conservar los permisos de conexión a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables.

El cierre de una central nuclear –que tiene una potencia de unos 1.000 megavatios, MW- daría derecho a la eléctrica propietaria a mantener una capacidad de acceso a la red por esa misma potencia durante tres años para sustituirla por renovables.

Una ventaja que levantó ampollas en las empresas del sector de las renovables porque lo entienden como un trato de favor a las grandes eléctricas, en un momento en que los puntos de conexión a la red son un bien escaso y tan preciado que –aunque se concede de manera gratuita por Red Eléctrica de España- se están revendiendo por entre 100.000 y 200.000 euros por megavatio. Un fenómeno que está atrayendo a actores que sólo buscan especular con los permisos o simplemente con las solicitudes de acceso.

La CNMC propone eximir al autoconsumo de presente avales para pedir acceso a la red eléctrica

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto la consulta pública de una circular en la que recoge sus propuestas para regular cómo se reparten y cómo se gestionan estos codiciados derechos de conexión a la red eléctrica. Y en ella se opone abiertamente al sistema diseñado por el Gobierno para que las grandes eléctricas conserven sus derechos de acceso a la red.

La CNMC reclama que, en caso de cierre de instalaciones con una potencia superar a los 200 megavatios o si se produce cualquier otra situación que dispare la capacidad de acceso disponible en un nudo de la red, no se favorezca a los actuales titulares de los permisos, sino que se repartan mediante una subasta.

Una puja que permitiría adjudicar la capacidad provocada por el cierre de una gran planta a aquel que ofrezca un mayor importe (medido en euros por cada megavatio de potencia). Los fondos obtenidos con la subasta se considerarían como ingresos del sistema eléctrico.

Burbuja y especulación

Burbuja y especulación van camino de ponerse de moda otra vez en el sector de las energías renovables. Burbuja porque actualmente las solicitudes para conectar a la red nuevas instalaciones renovables duplica toda la nueva potencia verde prevista por el Gobierno hasta 2030 (y en breve podrían triplicarla).

Y especulación porque conseguir una conexión a la red eléctrica sufre una preocupante situación de cuello de botella y los permisos para hacerlo –pese a que Red Eléctrica los reparte gratuitamente- se han convertido ya en un activo con los que las empresas negocio y por los que se pagan cantidades disparatadas en la reventa.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) diseñado por el Gobierno como hoja de ruta para reducir las emisiones de efecto invernadero hasta 2030 y que contempla un auténtico boom de renovables. La estimación del Ejecutivo augura en la próxima década se instarán unos 55.000 megavatios (MW) de nuevas energías renovables (desde los 38.700 MW actuales).

Red Eléctrica de España ya ha recibido solicitudes para conectar instalaciones renovables a la red por 125.200 MW, el doble de esa potencia prevista por el Gobierno a diez años vista. La CNMC, en la memoria de la circular hecha pública este jueves, eleva aún más esa cifra y apunta que en abril eran ya más de 150.000 MW habían presentado los avales económicos necesarios (pero unos 25.000 MW aún no habrían formalizado la solicitud de conexión).

El supervisor estima que una “proporción significativa” de los avales depositados no cuentan con proyectos viables reales que los respalden (su cálculo es que por cada proyecto viable se han solicitado dos o tres permisos que no lo son) y que hasta dos terceras partes de ellos renunciarán a continuar con la tramitación del permiso de acceso a la red.  Como para activar el proceso de solicitud del permiso se exige una garantía económica (en la práctica un aval) de 40.000 euros por cada MW, la CNMC calcula que los promotores acabarán recuperando garantías hoy depositadas por un importe de unos 2.500 millones de euros.

Demostrar que hay un proyecto real detrás

Para evitar la especulación, el regulador presidido por José María Marín Quemada propone que la solicitud de conexión a la red incluya información técnica detallada para confirmar que está respaldada por un proyecto con suficientes visos de viabilidad. Y la modificación de determinadas características del proyecto consideradas clave (la tecnología de generación, la ubicación del punto de conexión…) obligaría a una nueva solicitud.

La CNMC asegura que su objetivo es facilitar la distinción de “las peticiones respaldadas por proyectos sólidos de aquellas que pudieran tener un mero carácter especulativo”, evitando así “el acaparamiento al vincular el acceso concedido al cumplimiento de hitos que acrediten el grado de avance de proyectos debidamente identificados y aseguren su culminación”.

En paralelo, la CNMC apuesta por mantener la solicitud de avales económicos para presentar la solicitud de 40.000 euros por MW (cuya cuantía el Ministerio de Teresa Ribera cuadruplicó hace apenas unos meses), pero propone eximir de esa garantía económica a las instalaciones destinadas al autoconsumo y a las pequeñas plantas de menos de 100 kilovatios de potencia. Además, tanto el autoconsumo como las pequeñas instalaciones disfrutarían de un procedimiento abreviado para solicitud los permisos de conexión a la red.