Luis Sans estaba "obsesionado" con la seguridad. Le preocupaba que alguien pudiera hablar de más o que pudieran acceder a la información de sus equipos informáticos, según personas cercanas a su círculo. El dueño de iDental en su segunda etapa junto a los hermanos José María y Juan Garrido (a través de Weston Hill) quería tenerlo todo lo más controlado posible.
Para ello, el empresario ahora en prisión quiso tener cerca a un inspector de policía de Madrid. Un funcionario que estaba en ese momento de excedencia, según fuentes cercanas a la investigación, trabajaba para Sans en cuestiones de seguridad, que también incluían la recaudación de dinero en efectivo procedente de las clínicas de Institutos Odontológicos (IOA) en un momento en que las clínicas tenían ya embargos por impago a la Seguridad Social.
Porque la primera pieza separada de la trama iDental ha concluido que los responsables de iDental e IOA dejaron un agujero a la Seguridad Social de 23,6 millones que dejaron de pagar en seguros sociales de los trabajadores. De esta deuda, 1,7 millones de euros corresponden a los Instituts Odontológicos, que Sans y los Garrido adquirieron en octubre de 2015. Desde ese momento y hasta el estallido del escándalo, la compañía pasó de tener unos beneficios de seis millones de euros a un pasivo actual de 70 millones de euros.
Para tal desfalco contaron Luis Sans y sus socios con un grupo de testaferros - la investigación contempla de momento al menos 15 -, así como numerosos colaboradores entre los que figura este policía, que actualmente está de nuevo en activo según las mismas fuentes.
Fue en el último trimestre de 2017 cuando Sans comunicó a los directores de las clínicas de IOA que quedaba prohibido ingresar la recaudación de las clínicas en el banco. Según relatan fuentes de las clínicas, tenían que guardar todo el efectivo hasta que alguien pasara a por ello. Y así fue como este policía empezó a pasar periódicamente por las clínicas para hacerse con el efectivo de caja acumulado. Primero fue él y después un pequeño grupo de personas de confianza de Sans, que desde el último trimestre de 2017 y hasta que saltó el escándalo, en agosto de 2018, evitaron el ingreso del dinero en el banco entre otras cosas, según fuentes solventes, para evitar el embargo de las cuentas por parte de la Seguridad Social.
A pesar de ser conocido entre la plantilla por ser el responsable de seguridad de Weston Hill, poco más sabían de él la mayoría de los trabajadores. "Era un tipo grande, algunos le tenían miedo", recuerda un exempleado. El funcionario no aparece como investigado y ninguno de los testigos hasta el momento ha podido declarar que hacía exactamente, "lo que indica que probablemente sólo lo sabían con certeza Sans y él", explican fuentes cercanas al caso.
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