Elecciones Autonómicas 2019

Política

Fin de aforamientos y limitación de mandatos: PP y Cs firman un acuerdo en Castilla y León

El pacto suscrito, de 100 medidas, está condicionado a que en las dos próximas semanas lleguen a un acuerdo sobre la estructura del Ejecutivo, el reparto de consejerías y los nombres que las dirigirán

El candidato de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea
El candidato de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea | EFE

El PP y Cs han firmado este viernes un acuerdo programático de cien medidas que arrancará con 18 medidas dirigidas a la regeneración política, y que incluye otros puntos como la fiscalidad, sanidad, educación o políticas sociales, entre otras.

El pacto suscrito está condicionado a que en las dos próximas semanas lleguen a un acuerdo sobre la estructura del Ejecutivo, el reparto de consejerías y los nombres que las dirigirán.

El documento programático presentado en una rueda de prensa por los líderes autonómicos de ambas formaciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs) se inicia con el compromiso mutuo de reforzar la protección de los informantes sobre delitos contra la Administración.

Asimismo, impulsarán una reforma "urgente" del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para suprimir los aforamientos tanto de los procuradores de las Cortes como de los miembros del Ejecutivo autonómico.

Entre los puntos incluidos en este apartado de regeneración se incluyen compromisos como la restricción de los puestos de libre designación, la simplificación burocrática, el reparto objetivo de los planes de medios y publicidad institucional o la limitación de mandatos a ocho años para los cargos públicos.

Los firmantes han reconocido en el documento "excepciones" a estas limitaciones, que deberán estar "justificadas", aunque en ningún caso serán aplicables a los Consejeros.

Del mismo modo, también quieren extender esta limitación de mandatos a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y Presidentes de la Diputación en los casos en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad entre PP y Cs, mientras que en caso de los cargos que ya fueran alcaldes o presidentes desde hace cuatro años o más el cómputo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos suscrito hace cuatro años entre ambos.

Menos diferencias programáticas han encontrado populares y naranjas en materia fiscal, donde ambos han acordado una "fiscalidad favorable" al mundo rural de la región a través de bonificaciones y deducciones del IRPF o la bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos.

Es esta una bonificación que sería ampliable a las sucesiones en la empresa familiar o agraria o para la adquisición de la primera vivienda en el mundo rural.

En materia económica y empleo, el acuerdo programático comienza este epígrafe con el compromiso de fomentar la igualdad para que el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres "se acerque, cada vez más, al de hombres", con bonificaciones a las empresas.

También prevé la reducción de los trámites administrativos, el impulso del I+D+i o la captación de talento y transferencia de conocimientos.

En sanidad, se comprometen a reducir las listas de espera mediante la realización de una auditoría tras la que se publicarán las "listas de espera estructurales y no estructurales" para adoptar soluciones.

La promoción de la libre elección de hospital, el impulso de la transparencia, pero, especialmente, el aumento progresivo del gasto destinado a Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento del total del gasto del Servicio de Salud al final de la legislatura son otros acuerdos incluidos en el documento.

En Educación, las dos formaciones pretenden avanzar en la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y aumentar los recursos a las universidades con mejores "resultados de empleabilidad o investigación", y queda fuera de este acuerdo la reivindicación de una EBAU única en toda España.

En políticas sociales, PP y Cs han pactado desarrollar en el ámbito de las competencias autonómicas una Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir -Ley de Muerte Digna-; fomentar la integración de los inmigrantes y la dotación presupuestaria del acuerdo nacional de lucha contra la violencia de género, con "especial énfasis en la evaluación de los resultados".

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