Anticorrupción pedirá hasta 7 años de prisión a la ex cúpula del Canal por Inassa

La Fiscalía Anticorrupción ultima su escrito de acusación en la pieza separada número 1 de caso Lezo donde pedirá hasta siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos agravada para varios de los ex miembros de la cúpula del Canal de Isabel II en dicho procedimiento.

Según ha podido saber El Independiente, el Ministerio Público solicitará las penas más elevadas para aquellos imputados que ostentaron cargos públicos cuando se produjo la compra de Inassa por parte de la empresa pública madrileña, es decir, siete años de cárcel.

El instructor Manuel García Castellón dictó el pasado mes de mayo el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y envió a 22 personas al banquillo de los acusados por su participación en la compra irregular de la sociedad latinoamericana Inassa. El juez, a instancias de Anticorrupción, decidió exculpar al ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por estos hechos.

Pese a ello, del Consejo de Gobierno en la época de Gallardón fueron procesados los ex consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo, para los que la Fiscalía solicita ahora la apertura de juicio oral.

El magistrado García Castellón y la fiscal Ana Cuenca creen que el Canal de Isabel II no llevó cabo los controles necesarios cuando adquirió Inassa ni se aseguró que las condiciones económicas pactadas eran ajustadas al valor real ni tampoco realizó una tasación interna minuciosa y validada por asesores externos especializados. La adquisición de Inassa por el ente público estuvo “plagada de ilicitudes”, recogía el auto de procesamiento del instructor.

El 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptó pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa “es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares”.

“La adquisición de Inassa, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA ꟷSAAꟷ entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco SA, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica”, concluía la resolución judicial.