Barceló e Iberostar se unen a la lista de hoteleras denunciadas en EEUU por sus negocios en Cuba

La lista de denuncias en Estados Unidos contra compañías extranjeras sigue aumentando. Tras más de dos décadas en suspenso, el Gobierno de Donald Trump activó el instrumento legal que permite a ciudadanos estadounidenses y a cubanos nacionalizados a presentar demandas en tribunales federales norteamericanos contra las compañías extranjeras que hacen negocios en Cuba con activos expropiados o nacionalizados tras la Revolución.

Por los procesos activos en el Registro de Reclamaciones Internacionales, la decisión de Trump puede dar paso a una avalancha de 6.000 demandas por más de 8.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros). De momento, se está produciendo casi un goteo continuo de denuncias y varias están en vías de afectar a compañías turísticas españolas con presencia en Cuba: Meliá fue la primera, y ahora se suman Barceló e Iberostar.

Varias familias de exiliados cubanos han presentado demandas colectivas en Miami que afectan a las cadenas españolas Barceló e Iberostar, la francesa Accor y la canadiense Blue Diamond, y a los gigantes online Booking.com y Expedia, según ha desvelado el bufete de abogados Rivero Mestre, que está concentrando la representación de denunciantes en multitud de litigios por las expropiaciones en Cuba.

Las demandas también se dirigen contra los grupos hoteleros cubanos Cubanacán, Gaviota y Gran Caribe, todos de titularidad estatal y que son los propietarios de los establecimientos o los terrenos que son reclamados por las familias denunciantes.

Los grupos extranjeros mantienen acuerdos con las empresas públicas cubanas para gestionar los hoteles y disponen de un plazo de 30 días para dejar de “lucrarse” con los activos  y compensar a los antiguos dueños para librarse de ser demandadas formalmente. Lo mismo sucede con Expedia y Booking.com, que comercializan en sus webs de viajes reservas hacia estos hoteles.

Los potenciales demandas contra Barceló e Iberostar se suman a la recibida por Meliá a finales de mayo. Meliá es el principal grupo hotelero extranjero en Cuba, donde gestiona un total de 34 establecimientos y tiene prevista la apertura de otros cuatro, y desde hace semanas reitera que no cuenta en la isla con bienes en propiedad y que su función es simplemente la de gestor de los hoteles que son del Estado cubano.

Donald Trump puso en marcha en mayo la parte más sensible de la polémica Ley Helms-Burton, con la que desde 1996 Washington afianzó las medidas de presión económicas sobre la isla. Se trata de un nuevo paso en el giro emprendido por la Administración Trump en su relación con Cuba, dando por muerto el acercamiento emprendido por Barack Obama.

Un giro que puede tener un impacto directo en el negocio que los gigantes del turismo español tienen en la isla caribeña desde hace década y que desarrollan su actividad allí en colaboración directa con compañías estatales cubanas –algunas incluidas en la lista negra de empresas diseñada por Washington- o a través de sociedades mixtas en que comparten accionariado con las firmas públicas locales. Empresas españolas comparten con Cuba un total de 45 sociedades mixtas, pero es el sector turístico el más expuesto.