La dirección del Grupo Socialista en el Congreso ha ratificado por unanimidad la imposición de la máxima multa posible a los diputados que rompieron la disciplina para votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, según confirmaron a Europa Press fuentes del PSOE.

La sanción había sido recurrida por ocho de los 15 diputados que se saltaron la disciplina de grupo, las dos independientes (Zaida Cantera y Margarita Robles) y los seis del PSOE, mientras que los siete del PSC renunciaron a la apelación.

Esos recursos fueron analizados este lunes por la dirección del grupo que encabeza Antonio Hernando y han sido rechazados por asentimiento, ratificándose así esa máxima multa, que asciende a 600 euros.

Se saltaron la directriz del Comité Federal

La multa había sido comunicada a los afectados por el secretario general del Grupo Socialista, el andaluz Miguel Angel Heredia, sobre la base del informe del presidente del Comité de Disciplina, el conquense Luis Carlos Sahuquillo. Argumentaban que, en los registros de votación de la sesión de investidura se había podido comprobar que esos diputados votaron en "sentido distinto al fijado por la resolución del Comité Federal del 23 de octubre, sobre la posición política del Grupo Parlamentario Socialista".

"Ante estos hechos, y teniendo en cuenta tus alegaciones, el Comité Director ha considerado procedente la aplicación del artículo 33, en el apartado D de nuestro reglamento interno, con una sanción de 600 euros", informaba.

Tras recibir comunicación de la multa, ocho de los sancionados (todos menos los del PSC) presentaron la semana pasada un recurso alegando que la multa es "improcedente" porque la Constitución establece que los miembros de las Cortes no están sujetos a mandato imperativo, gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y su voto es personal e indelegable.

Se quejaban también de "indefensión" por no haber tenido acceso al informe del Comité de Disciplina del Grupo Socialista y lamentaban que no se les permitiera el voto en conciencia, que a su juicio "debe ser una regla democrática y ética".

Los multados insistían en que su voto contra la investidura de Mariano Rajoy pretendió salvaguardar los compromisos con el programa electoral y las promesas hechas al electorado, así como reflejar "el sentir mayoritario" de la militancia en un momento "de grave crisis interna y de pérdida de credibilidad".

Sancionar no es buena política, avisaban

Por ello, y escudándose en sentencias del Tribunal Constitucional que determinan que "no puede haber infracción ni sanción si la norma no las define de manera concreta", los diputados críticos negaban legitimidad a la dirección del Grupo Socialista para imponerles ninguna multa.

Y avisaban de que "no es buena política de un partido centenario, caracterizado por la justifica, la pluralidad y la igualdad, sancionar por cumplir con la palabra dada, por mantener la coherencia con el programa electoral, con la trayectoria de un ideario absolutamente opuesto a la corrupción y las políticas de derecha del PP".