El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordó este martes tomar declaración como investigados a parte de la ex cúpula del BBVA cuando el todopoderoso Francisco González era presidente de la entidad bancaria. Las imputaciones de su ex consejero delegado Ángel Cano y su ex jefe de seguridad Julio Corrochano son indispensables para poder llegar “hasta arriba del todo” por el denominado caso Villarejo, según precisan fuentes jurídicas a El Independiente.
El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tomará declaración este jueves a Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial en BBVA España; Javier Malagón, jefe global de Performance Management & Capital, Javier Malagón; Antonio Béjar, ex jefe de Riesgos para España y Portugal y hoy presidente de la sociedad Distrito Castellana Norte (participada por el banco), y Ricardo Gómez Barredo, ex director de Contabilidad y Supervisión de BBVA y actualmente miembro del consejo de administración de Garanti BBVA.
Para la jornada de este viernes, el instructor ha señalado las comparecencias de la directora de Seguridad de la entidad, Inés Díaz Ochagavía; de su antecesor en el cargo, Julio Corrochano, y de Nazario Campo, jefe de equipo en el departamento de Seguridad Corporativa del banco.
La imputación del ex presidente de la entidad está en gran medida condicionada por las declaraciones de su cadena de mano, indican las fuentes consultadas
De los testimonios de los miembros de la cadena de mando de la entidad dependerá en gran medida que se llame a comparecer como investigado próximamente al propio Francisco González por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos así como que se impute al propio banco como persona jurídica en esta pieza separada, explican las fuentes consultadas. Es una probabilidad que está ya encima de la mesa.
De hecho, el pasado mes de marzo la entidad pidió personarse como acusación en el citado procedimiento y todavía ni la Fiscalía Anticorrupción ni el instructor se han pronunciado sobre dicha solicitud a la espera de ver cómo avanzan las pesquisas.
En los próximos días a los directivos de la ex cúpula del BBVA se les interrogará por los pagos que la entidad hizo a Villarejo durante más de una década por valor de hasta once millones de euros. No en vano estas imputaciones se han acordado a raíz de que el propio banco entregara a la Audiencia Nacional un informe sobre el análisis de la cuenta bancaria desde la que se autorizaban las transferencias de dinero a las empresas del comisario vinculado a las cloacas del Estado. Principalmente, a Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), la matriz del conglomerado empresarial controlado por el antiguo agente encubierto y hoy preso preventivo.
Corrochano admite el espionaje por Sacyr
Se da la circunstancia de que parte de los ahora imputados autorizaron esos millonarios pagos a José Manuel Villarejo. Además, las retribuciones al policía acusado de graves delitos de corrupción se prolongaron al menos hasta el 1 de abril de 2017, meses antes de que fuera detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción: el arresto tuvo lugar a principios de noviembre de 2017.
De los nueve imputados, hay un testimonio que es especialmente relevante. Es el del ex jefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, quien presuntamente encargó ‘espiar’ a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando Sacyr quería tomar el control del banco.
En las únicas declaraciones que ha dado a un medio de comunicación tras saltar el escándalo, Corrochano reconoció a El Independiente que su departamento contrató empresas controladas por Villarejo para investigar a Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de Moncloa entre 2004 y 2006 y ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011. “Queríamos ver quién estaba detrás para defender el banco”, admitió el antiguo jefe de Seguridad a la par que asumió su capacidad dentro de la entidad financiera para contratar esos servicios de dudosa legalidad.
El informe forensic de la entidad
En una conversación grabada por Villarejo, difundida por el portal Moncloa.com, Julio Corrochano explicaba su papel en el espionaje ejercido por el BBVA y aseguró que trabajaba directamente para el entonces presidente, Francisco González. También involucró a Cano, con quien dijo que compartía los informes del espionaje masivo.
BBVA aún no ha entregado la totalidad de su informe forensic sobre el alcance del espionaje masivo encargado a Villarejo
La bautizada como Operación Trampa puso de relieve cómo se rastreó el tráfico de más de 4.000 teléfonos y se cruzaron unas 15.000 llamadas a todos aquellos que podían tener interés en el asalto del grupo Sacyr al BBVA: desde la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega a Luis del Rivero, ex presidente de la constructora.
Por su parte, el banco está todavía pendiente de entregar a la Audiencia Nacional el informe forensic que se comprometió a realizar cuando se destapó el escándalo por el espionaje masivo y que encargó BBVA a PwC, con ayuda de los despachos Garrigues y Uría y Menéndez.
La investigación interna, sin "fecha determinada"
Los investigadores ya han recibido en torno a 20.000 folios aunque no la totalidad del mismo. Un portavoz autorizado de la entidad explica en conversación con este medio que la investigación está en marcha pero que "no se condicionará su final a una fecha determinada" debido a la complejidad de la misma.
Tal y como desveló El Independiente, la Audiencia Nacional cree que el comisario Enrique García Castaño, también imputado en esta pieza separada, fue el "principal proveedor de la información protegida, tráficos de llamadas e interceptaciones telefónicas con las que luego José Manuel Villarejo elaboraba informes para su cliente particular, en este caso el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria".
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