La Guardia Civil ha recuperado una pieza arqueológica única en el mundo, un busto del emperador Adriano del siglo II, cuyos poseedores, que se dedicaban al expolio arqueológico en la provincia de Sevilla, pretendían vender por unos 500.000 euros. La investigación se inició a principios de año y la pieza se encuentra ya depositada en el Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio por la comunidad científica y disfrute de la ciudadanía, según un comunicado del Instituto Armado.

A principios de año se conoció el posible comercio de una pieza de gran valor por el que los poseedores pedían una cantidad de dinero "muy importante", según la nota, que explica que tras numerosas gestiones se averiguó la identidad de la persona intermediaria que estaría ofreciendo la pieza arqueológica a posibles compradores. Se trata de una persona residente en la localidad sevillana de El Rubio, al tiempo que se han podido identificar a varias personas de una misma familia, que siempre iban en compañía del intermediario, cuando se producían las reuniones o citas con los interesados por el busto romano.

Finalmente, se averiguó la posible ubicación de la pieza en una finca privada agrícola de la localidad de Écija (Sevilla), propiedad de los padres de los investigados. Así, el pasado 14 de junio se accedió a la finca y, tras varias horas de registro, se localizó la pieza totalmente enterrada en una nave dedicada a uso agrícola. La pieza fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil de Sevilla, donde quedó depositada para realizar el primer informe pericial a cargo de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, organismo que confirmó la autenticidad e importancia de la pieza recuperada.

La operación, que ha estado dirigida y coordinada por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Écija (Sevilla), ha culminado con la imputación como investigados de tres miembros de una misma familia: A.R.Q, J.R.Q. y C.S.R.Q., así como P.J.C.M. A todos ellos se les imputa un delito de apropiación indebida y delito contra el Patrimonio Histórico.