Hasta ahora había sido una batalla soterrada, una pugna callada en los despachos. Pero la pelea por el control de recibo de la electricidad entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) va camino de convertirse en plenamente pública.

La CNMC ha aprovechado la publicación de los informes preceptivos sobre las órdenes de peajes de la electricidad y el gas (los ingresos regulados por el Ejecutivo con los que se financian los costes regulados de ambos sistemas energéticos) para 2017 para lanzar un órdago al Ministerio de Energía.

El supervisor ha exigido al departamento comandado por Álvaro Nadal que apruebe de “forma urgente” las reformas legislativas necesarias para devolver a la CNMC las competencias para precisamente fijar la cuantía de esos peajes para cumplir con la normativa de la Unión Europea.

De hecho, la Comisión Europea comunicó al Gobierno el pasado 29 de septiembre su amenaza de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si sigue blindando su potestad para fijar parte del recibo de la luz y de gas. Bruselas dio dos meses al Ejecutivo, entonces aún en funciones,  para cumplir el requerimiento de devolver las competencias a la CNMC

Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Industria sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura de electricidad total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituye el precio de la propia electricidad (33%, que se establece por la cotización del mercado mayorista), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (22%).

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor –en el caso de España, la CNMC- el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o al menos su metodología de cálculo.

Pero en España, de la reforma aprobada en 2014, el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente. La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz.

“En los informes aprobados [sobre los peajes de luz y gas para 2017] se pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar las competencias de la CNMC con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria”, reclama el supervisor.