Política

'CASO TÁNDEM'

Un audio de Villarejo y Corrochano revela que el servicio jurídico del BBVA conocía sus trabajos

El juez sospecha que el banco toleró "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" para contratar al policía / El banco destituye por sorpresa al jefe del área de regulación y control interno 24 horas después de su imputación como persona jurídica

Julio Corrochano, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional.
Julio Corrochano, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional. | EFE

La grabación de una conversación mantenida por el comisario José Manuel Villarejo con Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad del BBVA, revelaría que el servicio jurídico y el departamento de compliance del banco conocían la contratación de las empresas del policía -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- para llevar a cabo supuestos trabajos de 'inteligencia' y espionaje.

Fuentes jurídicas conocedoras de dicho audio han indicado a El Independiente que las palabras de Corrochano en dicho diálogo constatan que el servicio jurídico del BBVA estaba al tanto de que la entidad contrataba con Cenyt, matriz del conglomerado empresarial controlado por el policía Villarejo.

La investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco del caso Tándem ha puesto de manifiesto que, durante la etapa de Francisco González como presidente, el banco contrató los servicios de al menos dos empresas de José Manuel Villarejo -Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) y Cenyt Consultoría Organizacional SL- entre los años 2004 y 2017.

Desde su reincorporación a la Policía Nacional en 1993 tras una década en excedencia y hasta que se jubiló de forma voluntaria el 22 de junio de 2016, Villarejo compaginó su condición de policía con la de empresario "sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional", según mantiene la Fiscalía Anticorrupción.

El juez sospecha que el banco toleró "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" para contratar al policía

El Confidencial y moncloa.com ya desvelaron el contenido de una conversación telefónica entre Villarejo y Corrochano en la que el entonces jefe de seguridad del banco le pedía que fuera cauto a la hora de redactar los informes para no alarmar a los servicios jurídicos de la entidad. Fue a propósito del trabajo encargado al policía por el BBVA en 2009 sobre el constructor Fernando Martín, accionista mayoritario de Martinsa Fadesa. Ésta había entrado en concurso de acreedores en julio de 2008 y mantenía un importante pasivo con la entidad financiera.

Corrochano.-Hay un párrafo que les acojona un huevo en el que habla de hostigamiento y no sé qué...

Villarejo.-Pero hombre...

C.-Le acojona un huevo de la hostia, que cómo se puede escribir eso y que si eso sale...

V.-Pero no me jodas...

C.-La hostia. Macho, es que éstos son juristas. Es que hay que saber a quién se le escriben las cosas...

En plena investigación y justo al día siguiente de que el juez García-Castellón acordara la imputación como persona jurídica del BBVA, la entidad ha anunciado el relevo al frente del área de Regulación y Control Interno. Abandona dicha responsabilidad Eduardo Arbizu y le sustituye Ana Fernández Manrique, hasta ahora directora de riesgos no financieros.

Destitución del jefe de control interno

La salida de Arbizu de la entidad se produce después de 17 años de trayectoria en el segundo banco del país, en el que empezó como director general de Asuntos Legales (2002) antes de asumir un año después la dirección de los Servicios Jurídicos. Desde 2007 a 2011 fue director de Servicios Jurídicos, Asesoría Fiscal, Auditoría y Cumplimiento, en 2011 fue designado jefe del área legal y de compliance y en 2018 asumió la jefatura de regulación y control interno, cargo que ocupaba hasta ahora.

"Ha sido un honor y estoy muy agradecido de haber formado parte de este gran grupo todos estos años", ha expresado el directivo navarro en el comunicado con el que el banco ha dado a conocer este martes el relevo al frente de la dirección de regulación y control interno.

El avance de las pesquisas que lleva a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón apuntalan la tesis de que Julio Corrochano -éste dejó en septiembre de 2002 la Policía Nacional para asumir la dirección de seguridad del grupo BBVA- fue la persona que introdujo a las empresas de Villarejo en el banco. En declaraciones a este diario, el ex jefe de Seguridad del banco dijo que "nunca firmó ni contrató" con Villarejo sino con su socio (Rafael Redondo, también imputado en el caso Tándem) y que "daba por hecho" que el controvertido policía "estaba dedicado exclusivamente a sus labores en el Ministerio del Interior".

"Áreas sensibles del banco"

Más allá del papel ejercido por Corrochano, que ha tenido que depositar una fianza de 300.000 euros para eludir la prisión tras declarar ante el juez, la Fiscalía considera acreditado que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt, "titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal".

Éste fue uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el escrito en el que la pasada semana pidió al instructor que llamara al procedimiento en calidad de investigado como persona jurídica al BBVA, petición a la que ha accedido García-Castellón. Éste imputa al banco la posible comisión de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

En el auto de imputación, a cuyo contenido ha tenido acceso parcialmente Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional razona que quiere esclarecer si el BBVA llevó a cabo alguna actuación para evitar la comisión de los delitos que se investigan o si por el contrario el banco se valió de "la ausencia de mecanismos de control" y toleró "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" para contratar los servicios de Villarejo. El juez cree que esa situación fue "consentida por la cúpula del propio banco", movida por "el beneficio personal y empresarial" que le reportarían los trabajos encomendados al controvertido policía.

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