Ninguna de las 63 denuncias de presos por malos tratos en 2019 lleva parte de lesiones

Los centros penitenciarios contabilizan durante el primer semestre del año un total de 63 denuncias de reclusos por presuntos malos tratos a los que dicen haber sido sometidos por funcionarios, sin que en ningún caso la acusación vaya acompañada de parte de lesiones que sustente la queja.

El dato lo ha ofrecido el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia del Gobierno. En concreto, las denuncias se presentaron en una treintena de cárceles ubicadas en 13 comunidades autónomas.

El pasado 1 de julio, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social dictó una orden de servicio dirigida a los directores de los centros penitenciarios con indicaciones acerca de cómo actuar ante denuncias de internos por malos tratos. La instrucción es que, aun no aportando el recluso parte de lesiones de los servicios médicos de la cárcel, hay que elevar esa denuncia ante el juzgado de guardia.

Esta resolución ha hecho estallar al colectivo de funcionarios, al entender que “siembra la duda de que se maltrata” a la población reclusa en las cárceles y les "criminaliza". Por su parte, Instituciones Penitenciarias sostiene que el documento se limita a recordar a las direcciones de las prisiones cuál es el deber legal que tienen ante este tipo de situaciones tras detectarse "disfunciones" entre la forma de proceder de unas prisiones y otras.

Prisiones ha ordenado a los directores de las cárceles a elevar las denuncias al juez de guardia aunque no se acrediten las lesiones

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por los diputados de Ciudadanos Joan Mesquida y Miguel Gutiérrez, fechada el pasado 17 de julio, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se limita a decir que la cuestionada orden de servicio cumple "con una recomendación que viene reiteradamente recordando el Defensor del Pueblo y generar seguridad jurídica".

En su informe correspondiente a 2017, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura -cuya actividad ejerce el Defensor del Pueblo- cifró en 804 las quejas recibidas en los centros penitenciarios, de las que 44 expedientes (5,47 %) estaban relacionados con alegaciones de malos tratos infligidos presuntamente por funcionarios.

Los parlamentarios de Ciudadanos querían saber si el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, "era conocedor" de dicha orden antes de su emisión y cuál es su opinión ante una instrucción que "cuestiona la profesionalidad y buen hacer de los funcionarios de prisiones". Mesquida y Gutiérrez no tiene dudas de que la resolución "no hará más que acrecentar el escenario de inseguridad al que se enfrentan diariamente" estos empleados públicos.

"Arbitraria e ilegal"

Precisamente al Defensor del Pueblo es al órgano al que se ha dirigido el grupo parlamentario de Vox a fin de que abra una investigación contra la "arbitraria e ilegal" orden del Ministerio del Interior a los directores de los centros penitenciarios. El partido que preside Santiago Abascal demanda que se investigue la "ignominiosa" resolución para amparar los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al honor, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de los funcionarios de prisiones.

“La orden de servicio emitida no sólo es ilegal y gravemente atentatoria de los derechos fundamentales indicados, sino que a mayor abundamiento es arbitraria en la medida en que ni da solución a una supuesta práctica generalizada de torturas por parte de nuestros funcionarios de prisiones, como así parece querer trasladar, que no existe, ni suple un supuesto vacío normativo dada la profusa normativa ya existente que da amparo a la población reclusa frente a cualquier actuación irregular”, razona en el escrito la diputada Macarena Olona.

A la espera de conocer el recorrido de la denuncia ante el Defensor del Pueblo, Instituciones Penitenciarias detalla que durante los seis primeros del año se han registrado 63 denuncias de reclusos por presuntos malos tratos y que ninguna de las quejas se acompañó de parte de lesiones.

Estremera, a la cabeza

Según los datos aportados por el departamento que dirige Ángel Luis Ortiz, la prisión en la que los internos presentaron más denuncias fue Madrid VII (Estremera), con seis. Le siguieron Sevilla II (5), Puerto III (4) y Ávila, Castellón II (Albocàsser), Huelva, León, Málaga II, Mallorca, Teixeiro (A Coruña) y Valencia con tres cada una.

También denunciaron haber recibido malos tratos presos recluidos en A Lama (Pontevedra), Álava, Algeciras, Las Palmas II, Madrid IV (Navalcarnero), con dos en cada centro, y Badajoz, Burgos, Cáceres, El Dueso (Cantabria), Jaén, La Moraleja (Palencia), Madrid II (Alcalá de Henares), Madrid VI (Aranjuez), Málaga, Menorca, Murcia II, Ocaña I (Toledo), San Sebastián y Zaragoza con una cada una.