La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de todas las administraciones de la región, ha detectado irregularidades en la creación  de la sociedad mixta Madrid Calle-30, encargada hasta 2040 de la reforma, gestión y mantenimiento de la circunvalación M-30 y que fue constituida en 2004 durante el mandato como alcalde de la capital de Alberto Ruiz-Gallardón.

El organismo fiscalizador, que aprobó la pasada semana el informe definitivo sobre el análisis de las cuentas de la empresa, denuncia la existencia de omisiones en el proceso de constitución de la compañía, deficiencias en su actividad y en los contratos de que se encargan las compañías privadas que participan en su accionariado (ACS y Ferrovial).

Y la Cámara de Cuentas considera que la decisión de cambiar el modelo de gestión, y convertirlo en una gestión indirecta con una empresa mixta, es lesiva para las arcas municipales. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, ahora comandado por Manuela Carmena, pretende llevar estas conclusiones definitivas a la comisión de investigación que analizará el modelo de gestión de la circunvalación implantado por el PP.

Una factura de 554 millones

El Ayuntamiento de Madrid creó en 2004 –entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente- la sociedad Madrid Calle 30 para encargarse hasta 2040 de la gestión y el mantenimiento de la carretera de circunvalación M-30 tras su soterramiento, una de las obras faraónicas de los tiempos precrisis en la capital. Apenas unos meses después el consistorio cambió la fórmula de gestión del servicio y se pasó a una gestión indirecta a través de una empresa mixta.

Desde entonces esa sociedad mixta está controlada en un 80% por el propio Ayuntamiento y en 20% por el socio privado EMESA (la firma adjudicataria de los trabajos y que está controlada por ACS, a través de Dragados y API Conservación, y por Ferrovial). La Cámara de Cuentas critica en su informe que la transformación de una empresa local en empresa misma no se fundamentó en una memoria que incluya estudios técnicos, jurídicos y financieros que justifiquen la decisión. Y dicha documentación no figura entre la facilitada y analizada en el expediente.

Según el acuerdo entre Ayuntamiento y EMESA, todos los gastos de la compañía los asumen las arcas públicas. Desde su creación, el consistorio capitalino ya ha asumido 554 millones de euros. La Cámara de Cuentas se queja de que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en función de la rentabilidad que el socio privado debe obtener del contrato, establecida en el 7,053% de la suma de la aportación de capital y el préstamo subordinado aportado por dicho socio privado ( por un total de 2.500 millones de euros).

“En la práctica, la rentabilidad es muy superior”, se queja el Ayuntamiento actual en un comunicado, “porque en el cálculo no se tiene en cuenta la retribución que EMESA percibe del Ayuntamiento a través de Madrid Calle 30 por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación, que se incrementaron en el año 2007 pasando de 12 millones a más de 23 millones de euros”. La empresa que resultó adjudicataria en el proceso de licitación, de hecho, planteaba la rentabilidad más elevada de los cuatro ofertantes.

Lesivo para las arcas públicas

La Cámara de Cuentas advierte de que existe una “importante ineficiencia” por la gran diferencia entre lo facturado por Madrid Calle 30 al Ayuntamiento y lo facturado por las constructoras privadas a través de EMESA a Madrid Calle 30 en concepto de trabajos de conservación y mantenimiento de la vía. Y es que la facturación al Ayuntamiento incluye impuestos más elevados sobre el Valor Añadido y los Beneficios, así como los dividendos generados, de los que parte vuelven a revertir en el propio Ayuntamiento.

Es por ello que el modelo creado por Gallardón resultaría lesivo para las arcas municipales ya que, para mantener la rentabilidad del socio privado y el correspondiente reparto de dividendos, la sociedad debe soportar unos gastos derivados de los impuestos que debe asumir. Estos impuestos no se corresponden con el importe destinado realmente a la explotación y mantenimiento de la vía, sino como resultado del modelo económico financiero.

El Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento de Madrid, se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades. “Una gran parte de estos gastos podría eliminarse si se optara por otro modelo de gestión más eficiente”, se apunta desde el actual equipo de gobierno municipal. .

Por otro lado, en el informe se pone de manifiesto que el préstamo subordinado de EMESA supone un coste excesivo, una vez que la financiación contra proyecto ha desaparecido de la empresa, al haberse traspasado la deuda financiera y la inversión al Ayuntamiento en el ejercicio 2011. La recomendación de la Cámara de Cuentas pasa por amortizar anticipadamente este préstamo.