Es la primera multa pero previsiblemente no será la última. La multinacional Johnson & Johnson (J&J) (por su farmacéutica Jannsen) deberá pagar más de 572 millones de dólares por su papel en la crisis de los opiáceos en el estado de Oklahoma que, según el Gobierno estatal, ha causado más de 6.000 muertes en las últimas dos décadas.

Así lo decidió hoy el juez de distrito del condado de Cleveland, Thad Balkmam, que estimó que el grupo farmacéutico estadounidense debe pagar un total de 572.102.088 dólares para reparar los daños causados en ese estado, informaron medios locales. "La crisis de los opiáceos ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato", apuntó el magistrado Thad Balkman al leer su sentencia.

Este era un fallo muy esperado por las grandes farmacéuticas, dado que hay numerosas reclamaciones similares en más de cuarenta estados del país, además de una demanda federal que suscribieron más de 2.000 ciudades y condados.

El fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, había presentado una demanda en 2017 contra tres grandes farmacéuticas -J&J, Purdue Pharma y Teva- acusándolas de causar un perjuicio público al inundar el estado con opiáceos sin informar con exactitud sobre el riesgo de adición a esos fármacos.

De acuerdo a documentos judiciales citados por algunos medios locales, el número de recetas de opiáceos dispensados por las farmacias de ese estado llegó a 479 a la hora en 2017.

J&J ha negado las acusaciones y su abogado, John Sparks, cuestionó la aplicación de la ley de "perjuicio público" hecha por los fiscales de Oklahoma y argumentó que las autoridades estatales habían "malinterpretado" la ley.

Las otras dos compañías farmacéuticas acusadas por el estado de Oklahoma, Purdue Pharma y Teva, alcanzaron sendos acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente, para evitar el juicio.

Los recursos económicos abonados por las compañías se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción de la población en Oklahoma y al pago de los gastos legales de la contienda, según medios locales.

Oklahoma presentó esta demanda en 2017, cuando hubo una oleada de acciones judiciales similares presentadas por los estados del país más afectados por la epidemia de opiáceos, como Texas o Misuri, entre otros.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), las sobredosis relacionadas con los opioides en el país se saldaron con más de 47.000 muertes en 2017, de las cuales un 36 % incluye drogas que habían sido suministradas con receta médica.