Sucedió el pasado julio, pocos días antes de la investidura, cuando Pedro Sánchez fue entrevistado en Los Desayunos de TVE. Después del programa, algunos de los allí presentes mantuvieron una conversación fuera de antena con el presidente del Gobierno y le preguntaron por el futuro de la televisión pública. Su respuesta sorprendió, dado que afirmó que la intención de los socialistas pasa por buscar un amplio consenso para elegir a la próxima cúpula de la corporación. Es decir, optar por una votación parlamentaria directa y prescindir del método de concurso público, que en Moncloa consideran que ha derivado en un desastre.
Las palabras hieren de muerte este proceso, que se puso en marcha hace más de un año con el objetivo –sobre el papel- de despolitizar el alto mando de la radio-televisión pública, pero que, en la práctica, ha estado salpicado por irregularidades e injerencias políticas. Entre otras cosas, porque, pese a la menguante audiencia de la televisión pública, los partidos temen perder el control de RTVE.
Las pretensiones exhibidas por Sánchez también aumentan la incertidumbre que existe alrededor de RTVE, entre otras cosas, porque alcanzar acuerdos en el actual escenario de 'guerrilla política' resulta, cuanto menos, complicado. De hecho, fuentes parlamentarias de Unidas Podemos y Ciudadanos reconocen sus discrepancias con la idea de Pedro Sánchez de prescindir del concurso y ni mucho menos comprometen su apoyo.
Esto complicaría aún más la sustitución de Rosa María Mateo, quien ejerce de administradora única de la televisión pública desde agosto de 2018 y quien lo hará hasta que los grupos parlamentarios pacten la composición del nuevo Consejo de Administración. El proceso estaba previsto que terminara antes de finales del año pasado, pero la realidad ha sido distinta, pues han pasado 12 meses desde la llegada de Mateo a RTVE y todavía no hay una fecha prevista para su marcha.
A día de hoy, una empresa pública que gestiona 1.000 millones de euros anuales está gestionada sin la supervisión de un Consejo de Administración, con un presupuesto prorrogado que hace casi imposible evitar el déficit -a tenor del aumento de costes en la plantilla que ha tenido lugar en 2019- y con una administradora que no comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuentas de su gestión desde el pasado febrero, describen fuentes de la Dirección de la corporación.
Un proceso turbulento
Hay que tener en cuenta que el citado concurso público nació maldito, pues estuvo precedido de una complicada negociación entre los partidos para fijar sus reglas, en la que, por cierto, la desconfianza entre las partes gobernó el procedimiento. Su desarrollo tampoco estuvo exento de problemas, como se prueba en que alrededor de una veintena de aspirantes a presidir RTVE han recurrido el dictamen del Comité de Expertos que se encargó de evaluar sus candidaturas.
Entre las personas que han participado directamente en el procedimiento existe la certeza de que ninguna de las decisiones políticas que se apliquen para con este tema será idónea, pues cualquiera podría ser impugnada en los tribunales y tener un coste político.
Si el Gobierno cumple su pretensión de nombrar al próximo presidente por mayoría parlamentaria -2/3 en primera votación, mayoría absoluta en segunda-, cualquiera de los participantes en el procedimiento podría presentar un recurso. Y si se sigue adelante con el proceso y se selecciona al presidente de RTVE y al próximo Consejo de Administración como estaba previsto, habrá que enfrentarse a las múltiples alegaciones que ha recibido. Fuentes de la Comisión Mixta Parlamentaria de RTVE –en la pasada legislatura- definen el asunto como una ‘bomba’ que tarde o temprano explotará.
Desde la oposición parlamentaria, también sospechan que la decisión de Pedro Sánchez está influenciada por la ausencia de candidatos de confianza del PSOE en la lista de 20 pre-seleccionados dentro del concurso. Algo que se debe, entre otras cosas, a la falta de convicción que exhibió una parte del grupo parlamentario en este proceso, que llevó a ‘desatander’ su desarrollo. O a no ‘atenderlo’ en la medida necesaria, explican estos informantes.
Rosa María Mateo –nombrada tras la aprobación de un Real Decreto, convalidado en las Cortes por los grupos que apoyaron la moción de censura- ha sido un remedio temporal, pero el próximo presidente de RTVE ejercerá, por ley, durante los próximos seis años y al Ejecutivo no le convendría que fuera una persona contraria a sus intereses.
Preguntadas por este proyecto de Pedro Sánchez, las fuentes oficiales de Moncloa afirman que este asunto no se encuentra entre los prioritarios a corto plazo. “A veces lo urgente te come lo importante” y en este momento la prioridad es el documento con las 300 medidas que se negocian actualmente con Unidas Podemos para la formación de nuevo Gobierno, argumentan.
Sea como fuere, mientras Rosa María Mateo ejerce su función de forma provisional, y mientras el nombramiento de su sustituto se encuentra paralizado por la coyuntura política, RTVE vive la peor crisis de audiencia de su historia. En agosto, La 1 cerró con la peor audiencia de su historia durante este mes. Y, en julio, sucedió lo mismo.
Hace unos meses, el director general corporativo, Federico Montero, envió una carta a los jefes de área en la que reconoció las dificultades económicas que vive RTVE en este ejercicio y les pidió que redujeran en la medida de lo posible los gastos corrientes para evitar disparar el déficit.
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