Revés para los bancos en la justicia europea. Un revés que se puede transformar en unos meses en un golpe milmillonario en sus cuentas. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Maciej Szpunar ha dictaminado que el Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (IRPH) no es transparente por el mero hecho de ser oficial y que, por tanto, la justicia puede determinar si es abusivo o no.
El IRPH era un índice elaborado por el Banco de España en función del valor medio de las hipotecas y era hasta hace unos años el segundo más utilizado por los bancos para marcar el precio de los préstamos hipotecarios, después del Euribor. Con las caídas del índice europeo dejó de utilizarse y se convirtió en una alternativa más cara.
El dictamen del abogado de la UE no es vinculante, pero influirá en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) debe emitir sobre este asunto en los próximos meses, previsiblemente en el primer trimestre de 2020. El abogado de la UE contradice la doctrina del Tribunal Supremo español, que avaló el IRPH en 2017 y declaró que ligar una hipoteca a un tipo oficial como éste no implica falta de transparencia ni que había abuso alguno.
El letrado de la UE, en cambio, sostiene que una cláusula contractual que fija un tipo de interés tomando como referencia uno de los índices oficiales legales que pueden ser aplicados por los bancos a las hipotecas con tipo variable "no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva". Esto es, puede estar sometida al control judicial y así lo hará el TJUE y posteriormente los propios tribunales españoles, que determinarán si los bancos han de compensar a sus clientes por utilizar este índice para marcar el interés de las hipotecas.
Los bancos españoles, según los datos de las propias entidades, se juegan unos 17.000 millones de euros en préstamos referenciados al IRPH y son más de un millón de clientes los afectados por este caso. Si la sentencia del TJUE da la razón a los clientes, serán los tribunales españoles los que deban decidir sobre cada una de las demandas en función del fallo de la justicia europea. Los bancos se juegan entre 7.000 y 44.000 millones de euros en función del grado de retroactividad de la decisión, según los cálculos de Goldman Sachs.
El letrado toma así una posición favorable a los intereses de los afectados por el índice, que alegan que este se comercializó con poca transparencia y encareció sus hipotecas en una media de 25.000 euros en comparación con lo que hubieran pagado de utilizar el euríbor, el más común. La banca, por su parte, defendía que, al tratarse de un índice fijado conforme a disposiciones legales, no puede ser objeto de un control de transparencia ni abusividad.
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