El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido no ve factible reabrir el caso del accidente aéreo del Yak-42 ocurrido en 2003 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles, y ha recordado que la Fiscalía no apreció responsabilidad del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, ha realizado estas manifestaciones en un coloquio organizado por la revista Vanity Fair, en el que ha comentado que no cree que, "dado el tiempo transcurrido, sea factible revisar" la decisión adoptada en 2012 por el juez instructor de la Audiencia Nacional de archivar la parte de la causa seguida para dilucidar las posibles responsabilidades por negligencia en la contratación de los aviones, que fue ya confirmada.

Es prácticamente imposible que pueda reabrirse el caso desde el punto de vista penal"

"Es prácticamente imposible que pueda reabrirse el caso desde el punto de vista penal", ha mantenido Conde-Pumpido, que ha recordado que la Audiencia Nacional ya condenó a los responsables de las falsedades en los certificados de defunción y en los problemas de identificación de los cadáveres en una sentencia confirmada por los tribunales Supremo y Constitucional, aunque luego el Gobierno los indultó "en una decisión política".

El magistrado ha explicado que en la causa por las supuestas negligencias se investigaron las subcontratas que al final hacían que el dinero destinado a los vuelos terminaran en aviones que quizá no tenían las condiciones debidas.

Conde-Pumpido ha recordado que se formuló acusación contra seis supuestos responsables que eran altos cargos del Ministerio de Defensa aunque "en ningún momento la Fiscalía expresó responsabilidad penal del ministro". No obstante, ha recordado que cuando él dejó el cargo de fiscal general, el juez instructor archivó el caso tras bastantes años de investigación judicial.

'Asunto zanjado'

Para Conde-Pumpido "el asunto está zanjado desde el punto de vista judicial" pues además el proceso civil seguido en Zaragoza desembocó en una sentencia que otorgó indemnizaciones a las víctimas, que ha sido confirmada por el Supremo, el Constitucional y un tribunal internacional. De hecho, ha aclarado que el informe que ha elaborado ahora el Consejo de Estado señala que aprecia cierta responsabilidad política en la contratación de los aviones pero que no la hay ya patrimonial pues ha habido indemnizaciones.

Para el magistrado, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ahora lo que ha trasladado a las víctimas a raíz de este informe es una "respuesta moral de asumir que las cosas no se hicieron bien" en su momento, pero Conde-Pumpido ha insistido en que "desde el punto de vista judicial el asunto está zanjado".