Un informe elaborado por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que ha permanecido secreto hasta fechas recientes y al que ha tenido acceso El Independiente, descarta que Manuel Alonso, autor de las muertes de dos ciudadanos colombianos en Málaga, actuara en legítima defensa, tal y como sostiene el auto de la juez, fechado el pasado mes de septiembre de 2016. Los hechos ocurrieron en abril de 2009 en la finca Los Naranjos, en el término municipal malagueño de Alhaurín de la Torre.
El texto de Asuntos Internos, que fue remitido al juzgado de instrucción número 10 de Málaga, sostiene la teoría de que Manuel Alonso no respondió por sorpresa al asalto de los colombianos, la base de la legítima defensa, sino que ya contaba con información previa de que esa noche iban a intentar robar la supuesta cocaína que almacenaba en la finca. No sólo estaba alertado, también el informe sostiene la posibilidad de que otras personas se encontraran con él esa noche. Acompañantes que le habrían ayudado a repeler a los asaltantes y a alterar el escenario del crimen para hacer más verosímil la teoría de la legítima defensa.
El informe es taxativo al afirmar: "Manuel Alonso Herrero tuvo el conocimiento previo de que por un grupo de delincuentes iba a sufrir un atraco dirigido contra la sustancia estupefaciente, propiedad de terceras personas, que custodiaba en dobles fondos habilitados al efecto dentro de las jaulas de los animales salvajes que albergaba en su Centro de Acogida, repeliendo el asalto a su morada disparando mortalmente contra los asaltantes a corta distancia en cuanto los tuvo a tiro y alterando o permitiendo que fuese alterado a posteriori el escenario del crimen a su conveniencia".
En la primera inspección realizada, los agentes hallaron armas dispuestas en casi todos los rincones de la casa
Esta tesis viene avalada, según el SAI de la Guardia Civil, por que en la primera inspección ocular que se realizó en la vivienda tras los trágicos hechos los agentes hallaron armas dispuestas en casi todos los rincones de la casa, preparadas, cargadas y fuera de sus armarios como es lo preceptivo. Una prueba inequívoca que determina que Manuel Alonso esperaba una visita incómoda.
El servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil también se muestra contundente a la hora de rebatir el primer informe elaborado por la Policía Judicial de la Benemérita, en el que se sostenía que los dos ciudadanos colombianos, a pesar de las graves heridas que sufrieron como consecuencia de los disparos efectuados por Manuel Alonso, aún pudieron caminar unos veinte metros hacia arriba hasta que cayeron abatidos. Sin embargo, corrige esta interpretación "por libre" del informe de la autopsia, dado que en él nada se dice de la posibilidad de que, con esas heridas dirigidas a órganos vitales, los asaltantes pudieran efectuar algún movimiento.
Es decir, "los proyectiles le alcanzaron en el corazón produciéndole una parada cardíaca, lo que sin duda le provocaría una parálisis mecánica casi instantánea y una muerte consecutiva: ello unido a las múltiples erosiones apreciadas y a las piedras halladas en el interior de su boca, indicarían que probablemente el cuerpo, ya sin vida o agonizante, fuese arrastrado desde el lugar de su muerte hasta una posición final más conveniente para los intereses del que lo hizo".
Esta investigación recabó también las declaraciones de otros testigos, algunos de los cuales pasaron a tener el estatus de "testigos protegidos". Todos ellos coinciden en señalar que el asalto a la finca de Los Naranjos tenía como objetivo el robo de grandes cantidades de cocaína, que se almacenaban en la finca, y en el que no sólo participaron cuatro colombianos (dos de los cuales resultaron muertos), sino otros grupos de delincuentes de Málaga, en el que también figuraban ciudadanos colombianos, coordinados por agentes de la Guardia Civil.
Los testigos protegidos coinciden en señalar que el asalto tenía como objetivo el robo de grandes cantidades de cocaína
En sus declaraciones, varios testigos, coincidiendo con la tesis de Asuntos Internos, afirman que la muerte de los jóvenes se produjo de manera instantánea nada más acceder al interior de la finca y que junto a Manuel Alonso se encontraban otras personas con él. Estos mismos testigos narran cómo después de oírse los primeros disparos salieron de la finca dos vehículos (algunos los llegan a identificar con coches de la Guardia Civil), se supone que repletos de cocaína.
El informe de Asuntos Internos no aclara nada sobre el tiempo que pudo durar toda esta escena. Se sabe que la primera llamada que se recibió alertando a la Guardia Civil de lo ocurrido fue a las 23.20 horas. Algunos testigos hablan de que el desarrollo de la escena comenzó alrededor de las diez de la noche. El testimonio de Manuel Alonso sitúa la hora del asalto en torno a las once de la noche.
Otro de los misterios que tampoco aclara esta investigación es por qué en la pistola que portaba uno de los fallecidos no aparecieron restos de ADN suyos, y sí de una persona sin identificar, una prueba casi irrefutable de que en el escenario del crimen se hallaba alguien más.
A este puzle hay que sumarle una pieza más que no encaja. Un ciudadano colombiano conocido con el nombre de Ruki -encuadrado en el grupo de delincuentes malagueño los Niños de Fuengirola- que, según los testigos, ejerció la labor de coordinación entre todas las personas que allí se concitaron, murió acribillado a balazos en septiembre de 2015. Momento en el que Asuntos Internos le seguía la pista.
A pesar de todos los interrogantes que plantea este sumario, el Juzgado número 10 de Málaga, en un auto fechado a finales de septiembre del pasado año, lo declara concluso sin procesamiento y lo remite a la Audiencia Provincial, que tendrá que pronunciarse sobre el mismo el próximo 23 de enero.
La juez, en base al informe de la Fiscalía, sostiene: "De lo investigado no se desprendía la existencia de indicios bastantes de la comisión por parte de Manuel Alonso Herrero de dos presuntos delitos de homicidio, pues de lo actuado, si bien quedó acreditado que él mismo causó la muerte de dos personas, lo hizo amparado por su derecho a la legítima defensa, ya que los fallecidos accedieron a su domicilio, con la cara tapada y portando armas, las cuales fueron disparadas por los mismos, como así se desprende de las periciales obrantes en autos, habiéndose defendido por tal hecho Manuel Alonso efectuando dos disparos, causando la muerte de los asaltantes, concurriendo en el caso de autos motivos suficientes como para considerar que su actuación estaba amparada por el derecho a la legítima defensa".
Respecto al posible móvil del robo de cocaína, la juez considera que "no existen indicios suficientes de que el imputado por tales hechos, Manuel Alonso, tras matar a los asaltantes, tuviera tiempo de coger la cocaína que se supone que había en la finca y se la llevara, ya que según el informe del médico forense, la muerte de los asaltantes tuvo lugar sobre las 23.00 horas y la llamada de la Guardia Civil al Juzgado de Guardia comunicando el fallecimiento tuvo lugar a las 23.20 horas, por lo que difícilmente tuvo tiempo de recoger la droga y sacarla de la finca... No existe indicio alguno de que en la finca del investigado existiera cocaína, de hecho, se efectuó una inspección por la Guardia Civil y nada fue hallado".
Un sumario maldito
La muerte de los ciudadanos colombianos Edwar Andrés Gómez y Derian José Morales se produjo el día 25 de abril de 2009 entre las 22.00 y las 23.00 horas. A pesar de todas las evidencias que ponían en duda la versión facilitada de los hechos por el autor de los disparos, Manuel Alonso. La causa se sobreseyó provisionalmente en diciembre de ese año. La investigación fue incapaz de avanzar en ningún sentido, concluyendo que Alonso había sido víctima de un intento de robo, sin mencionar la cocaína, por parte de una banda de colombianos que actuaban en distintas ciudades españolas. Todo ello, a pesar también de que en la base del CICO, conjunta para la Policía y la Guardia Civil, se hablaba ya de la existencia de una banda organizada en la que se encuadraban los conocidos Niños de Fuengirola, y donde uno de los confidentes había informado a la Policía de que el móvil del robo había sido un "vuelco" de cocaína.
Curiosamente el coche en el que viajaban los cuatro colombianos el día de los hechos fue parado por la mañana por una patrulla de la Guardia Civil a la altura de Jaén por una infracción de tráfico. Al menos, los dos colombianos que quedaron con vida fueron testigos de primera mano de lo que ocurrió en la finca de Los Naranjos.
En la misma finca donde resultaron muertos los colombianos, apareció también asesinada Lucía Garrido, compañera sentimental de Manuel Alonso, un año antes, en abril de 2008. Esta causa fue también archivada días después de conocerse la muerte de los dos asaltantes. Sólo el impulso de la familia y el apoyo de la AUGC de Málaga consiguieron su reapertura cuatro años después, en 2012. Sin embargo, no sería hasta finales de 2014 cuando el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil entró de lleno en la investigación. Como consecuencia de sus pesquisas, el servicio de Asuntos Internos detuvo e imputó a varios agentes del SEPRONA de Málaga por diversos delitos e irregularidades.
A principios de 2016 se procedió a la detención de otros dos guardias civiles y una tercera persona, encuadrada en el grupo de los Niños de Fuengirola, como presuntos autores del brutal asesinato de Lucía Garrido.
Los agentes consideraron que Lucía era un estorbo para las actividades de guardería de la droga en la que se había convertido la finca de Manuel Alonso. Sin embargo, a pesar de lo chocante de la decisión, Manuel Alonso fue de nuevo desimputado en esta causa. La lógica lleva a pensar que, si Lucía era un estorbo para el desarrollo de esas actividades, más estorbo tendría que ser Manuel Alonso, a no ser que también estuviera metido en el ajo. Con éste y otros argumentos, la familia de Lucía Garrido recurrió esta desimputación ante la Audiencia Provincial, asunto que se verá a finales de este mes en la citada Audiencia.
Un único puzle
El Servicio de Asuntos Internos ligó desde un primer momento el asesinato de Lucía y la muerte de los dos colombianos como piezas de un mismo puzle. De hecho, cuando finalmente, y gracias de nuevo al impulso de la AUGC, el sumario de los dos colombianos se volvió a reabrir en agosto de 2014, los agentes centraron sus sospechas en los mismos actores que participaron en la muerte de Lucía Garrido al que añadieron de nuevo a Manuel Alonso.
La investigación de Asuntos Internos, tal vez por lo precipitado de su conclusión judicial, no aclara por qué los mismos sujetos que presuntamente participaron en la muerte de Lucía decidieron supuestamente robar la cocaína que se almacenaba en la finca con la clara intención de matar a Manuel Alonso.
A todo ello se viene a sumar que en un principio el encargado de la investigación, tanto del asesinato de Lucía Garrido como la de los dos jóvenes colombianos, fue el teniente Valentín Fernández, máximo responsable del EDOA de Málaga, que fue detenido en 2010 y condenado a 10 años de prisión en septiembre del año pasado por un delito de tráfico de drogas, aunque la decisión judicial está recurrida ante el Supremo.
Junto al teniente Valentín también fue detenido Manuel Alonso, ex compañero de Lucía y autor de la muerte de los dos colombianos, encuadrado en la misma organización delictiva que el teniente, y que fue condenado en la misma sentencia a tres años de cárcel por tráfico de drogas, también recurrida ante el Supremo.
Sobre toda esta complicada maraña de corrupción policial se tendrá que pronunciar la Audiencia Provincial de Málaga en las próximas fechas, aunque ahora sus decisiones podrán ser recurridas por la AUGC de Málaga, después de que tras varios intentos infructuosos se aceptara su personación en el caso de la muerte de los dos jóvenes colombianos hace escasos días. Para ello la AUGC ha tenido que hacer frente a una elevada fianza de seis mil euros, decisión muy contestada por la asociación de guardias civiles, los primeros interesados en llegar hasta el fondo turbio de todo lo que se cuece en Málaga.
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