Este miércoles ha dado comienzo en la Audiencia Nacional la ronda de citaciones de la fase de instrucción del juicio sobre la caída del Banco Popular, con la declaración del que fue su presidente hasta el momento de la resolución de la entidad, Emilio Saracho.
Durante su intervención ante el juez que instruye el caso, José Luis Calama, que se ha extendido durante unas cinco horas, el banquero madrileño ha insistido en la idea de que Banco Popular era una entidad en una situación muy delicada cuando él asumió el mando y que la fuga de liquidez que se derivó de la continua sucesión de malas noticias truncó sus planes de salvarla mediante una operación corporativa o una nueva ampliación de capital.
Saracho ha tenido que responder a las preguntas tanto del juez como de la Fiscalía y ha aprovechado para defenderse de las continuas críticas a su política de comunicación, plagada de mensajes negativos, a los que se ha atribuido, desde diversos ámbitos, una elevada responsabilidad en la caída del banco.
Saracho ha asegurado haberse quedado estupefacto al conocer la situación de la entidad
"Había pocas buenas noticias que dar", ha señalado el expresidente, recalcando la necesidad de ser completamente transparentes ante el mercado y haciendo hincapié en las debilidades que arrastraba el banco desde mucho antes de su llegada.
De hecho, Saracho sí pensó que podría obtener buenas nuevas de la retasación que ordenó de los activos inmobiliarios del bancos, dada la mejora que venía registrando este mercado en España desde hacía varios años. Sin embargo, se encontró con que el resultado de la misma fue muy inferior a lo estimado, dando a entender que las tasaciones previas pudieron haber sido infladas por el equipo directivo anterior.
El exdirectivo de JPMorgan aseguró haberse sentido "estupefacto" cuando conoció a fondo la situación de la entidad y alguna de las actuaciones que se habían llevado a cabo hasta entonces, según detallaron diversas fuentes presentes en la declaración.
Entre otras cuestiones se refirió al Proyecto Sunrise, elaborado por el equipo directivo anterior, que lideraba su antecesor, Ángel Ron, para sacar de balance más de 5.000 millones de euros en activos inmobiliarios y que Saracho paralizó al poco de su llegada. Según afirmó, "Sunrise era un proyecto singular, por decirlo de alguna manera".
Saracho también se ha referido a las acusaciones lanzadas por Ron en el Congreso de los Diputados sobre sus planes para bajar el precio de la acción y, así, facilitar su venta a un tercero, afirmando que esos comentarios eran "folclore".
Una ampliación insuficiente
El banquero ha insistido en que Popular tenía un agujero de capital muy considerable, pese a la ampliación de capital realizada un año antes de su caída (por valor de 2.500 millones de euros), que ha sido estimada en torno a unos 8.000 millones de euros, de los que 5.000 corresponderían a las necesidades de provisiones. Así, se pondría de manifiesto que aquella ampliación se quedó muy corta, ante las necesidades del grupo.
En referencia a la ampliación de mayo de 2016, Saracho ha acusado al ex consejero delegado del banco, Francisco Gómez, de haber ordenado la financiación de la compra de acciones por parte de los clientes del banco, para asegurar el éxito de la operación.
El banquero ha acusado al antiguo consejero delegado de ordenar financiar la compra de acciones
El cruce de versiones entre Saracho y Ron es una de las claves a aclarar en este proceso, que se divide en dos piezas. En la principal, se valora la posible falsedad de las cuentas que se presentaron, precisamente, en la ampliación de 2016, y tiene a Ángel Ron y su equipo directivo como principales acusados.
En la segunda, es Saracho el principal acusado, por la presunta manipulación del mercado para provocar la caída del precio de las acciones del banco.
La declaración de Saracho, que fue increpado por un grupo de accionistas del banco a su salida de la Audiencia Nacional, proseguirá su declaración este jueves.
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