El presidente de la Generalitat, Quim Torra, puede seguir cobrando el 80% de su sueldo como ex presidente de la Generalitat, un total de 122.200 euros anuales, aunque fuera inhabilitado por desobediencia a la Junta Electoral Central en la polémica batalla por los lazos amarillos. La Ley del Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat establece que los ex presidentes catalanes cobrarán el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que han ostentado el cargo y, como mínimo, durante un legistaura.

Y tienen derecho después a una pensión vitalicia, a partir de los 65 años, correspondiente al 60% del sueldo de presidente. Estas prerrogativas, junto al derecho a una oficina de ex presidente, con tres personas a su cargo, sólo pueden ser revocadas por un acuerdo de dos tercios del Pleno del Parlament.

Quim Torra afronta el próximo 18 de noviembre un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) por desobediencia a la Junta Electoral Central que podría comportar su inhabilitación para cargo público, si la Sala que preside Jesús María Barrientos atiende a la petición de la Fiscalía. Torra tendría que abandonar entonces la presidencia de la Generalitat, pero no perdería las prerrogativas previstas por la legislación catalana, sueldo y oficina al cargo de la administración autonómica.

Para perder esos privilegios Torra debería ser reprobado por el Parlament, en el que es necesaria una mayoría de dos tercios para revocar las prerrogativas. Según la Ley de ex presidentes, la revocación de las prerrogativas como ex presidente compete en exclusiva a la Cámara autonómica, en la que dos grupos pueden impulsar el debate si "consideran que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias".

En caso de condena penal firme, "el debate sobre la revocación se debe incluir automáticamente en el orden del día de la primera sesión que se convoque una vez hecha pública la sentencia", añade la reforma de la ley de ex presidentes aprobada por el Parlament en 2015, tras el "caso Pujol".

Cuando Jordi Pujol reconoció tener dinero evadido en Andorra fue su propio partido, liderado por Artur Mas, el que le forzó a renunciar a las prerrogativas de presidente de la Generalitat por haber perdido la "honorabilidad". Sin embargo esa exigencia no se repitió cuando Mas fue condenado como máximo responsable de la organización de la consulta del 9N. Artur Mas está inhabilitado para cargo público, pero sigue disfrutando del sueldo y la oficina de ex president, en el Palau Robert de Barcelona, desde la que sigue participando activamente en la política catalán.

Tal como explica el jurista Pere Lluís Huguet, "las prerrogativas de ex presidente no son objeto de inhabilitación ya que no son el ejercicio de un cargo público". Por tanto, aunque Torra fuera inhabilitado por el TSJC en el juicio sobre la retirada de los lazos amarillos, podría disfrutar de eses prerrogativas.

El Parlament se vería obligado a debatir sobre la retirada de sus privilegios cuando la sentencia fuera firme, pero parece muy poco probable que una cámara con mayoría de JxCat, ERC y la CUP acuerde retirarle estas prerrogativas si es condenado por mantener la pancarta en favor de los procesados por el 1-O en el Palau de la Generalitat, en contra del criterio de la Junta Electoral.