"Una solución para la paz y para el país". Así anunciaba el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el acuerdo alcanzado entre su gobierno y los representantes de la comunidad indígena, después de 12 días de protestas en contra de la supresión de los subsidios a los combustibles impuestas por el decreto 883. Los indígenas celebraron con gran algarabía su triunfo.

Lenín Moreno ha anunciado esta madrugada que se ha comprometido a derogar el polémico decreto 883 y lo sustituirá por otro que contemple medidas destinadas a paliar los efectos de los ajustes económicos necesarios para acceder al crédito del FMI en los más necesitados.

Tras alcanzar el acuerdo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ha llamado a levantar las protestas. La violencia generada en esta sublevación ha puesto al país en estado de excepción. Al menos siete personas han muerto y casi mil han resultado heridas, según la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, ha anunciado que tras lograr su objetivo, iban a levantar las protestas. Cientos de indígenas, que llevan 12 días en las calles, se han concentrado en las inmediaciones de la Asamblea Nacional con banderas en alto y gran regocijo.

La debilitada situación económica de Ecuador llevó al país a pedir un préstamo al FMI de 4.200 millones de dólares. El FMI ha impuesto como condición que el país se someta a ajustes económicos drásticos. Entre otras medidas, el presidente Lenín Moreno aprobó el controvertido decreto 883 por el que se suprimían los subsidios a los combustibles.

La comunidad indígena considera que esta medida afecta especialmente a los más pobres. Los países productores de crudo favorecen a la población con subsidios a los combustibles. Es una forma de hacer partícipe al pueblo de este regalo de la naturaleza. Sin embargo, suprimir los subsidios perjudica especialmente a los más necesitados. El presidente aplicó la medida sin recurrir a ayudas para los sectores más debilitados.

La comunidad indígena, muy vapuleada en la década del presidente Rafael Correa, ha aprovechado la oportunidad para mostrar su fuerza. Ha salido a las calles, donde la violencia ha sido extrema. Tanto el gobierno como los indígenas sospechan que había vándalos infiltrados.

Resulta curioso que el único edificio atacado dos veces ha sido la Controlaría de la República, donde se archivan los documentos que pueden llevar a la cárcel a muchos correístas y que ponen en dificultades serias con los tribunales al propio Correa.

Lenín Moreno, quien fuera vicepresidente con Correa al frente en su primer mandato, ha apuntado al ex presidente Correa, que vive en Bélgica, como instigador de la violencia. El sábado, el presidente ecuatoriano anunció que imponía el toque de queda en el distrito metropolitano de Quito y los valles, así como la militarización. A la vez tenía la mano a la comunidad indígena para negociar.

La comunidad indígena impuso como condición previa para sentarse a negociar que se derogara el decreto 883. Lenín Moreno aceptó el envite y se mostró dispuesto a modificar las medidas. La negociación, en la que han mediado la ONU y la Conferencia Episcopal, ha terminado con éxito en su primera jornada.

A Lenín Moreno le interesaba que la calle se calmara antes de que hubiera más muertos y más arrestados. El riesgo era que se sumaran a los indígenas, los estudiantes y los correístas, los barrios marginales y parte de la clase media. El presidente ha contado con el apoyo de una mayoría de diputados, muchos de centro derecha, no de la izquierda que le aupó al poder, y del Ejército. Pero la ola de violencia había que pararla.

A su vez, a la comunidad indígena le convenía para el conflicto ya que cientos de personas llevaban en las calles desde hace más de diez días con problemas de abastecimiento. Muchos habían dejado desatendidas sus haciendas. Una solución rápida les permitirá exhibir su triunfo y evitan el riesgo de que Correa, a quien detestan, aproveche el momento para utilizar la ira popular en su favor.