La sentencia del Tribunal Supremo contra los miembros del procés abre la puerta a que Carles Puigdemont vuelva a ser presidente de Cataluña. Tal situación, no tan remota, sería el resultado de una concatenación de circunstancias jurídicas y políticas.

Puesto que el fallo de la Sala Segunda del Supremo condena a los líderes del proceso soberanista por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, el juez Pablo Llarena ha reactivado la euroorden contra Puigdemont por sedición y malversación en lugar de por rebelión, delito por el que Bélgica rechazó entregarle y que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein descartó también. Éste último se avino a devolverle a España para ser juzgado únicamente por malversación y el juez Llarena se negó.

Al descartar el delito de rebelión de la orden de entrega internacional, tampoco se puede aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite la automática suspensión de los cargos públicos procesados por rebelión.

Sustituto de Torra

En este marco, si Puigdemont decidiera volver a España podría recoger su acta de diputado en el Parlament en atención a sus derechos políticos aunque ya hubiera sido detenido e incluso enviado a prisión preventiva. El Estatuto de Cataluña permite que el presidente de la Generalitat renuncie a su cargo y cualquier otro diputado le sustituya. Así, Puigdemont podría sustituir al president Quim Torra, su subalterno a fin de cuentas, según confirman a El Independiente fuentes jurídicas.

Precisamente el entorno del ex presidente catalán ya está apuntando en las redes sociales a esta posibilidad, como ha sido el caso de la escritora y periodista Pilar Rahola, fiel defensora de Puigdemont.

Lo que parece más improbable, según fuentes de Junts per Catalunya consultadas por este diario, es que el partido intente la delegación del voto para que Puigdemont pueda cerrar la operación de vuelta a la presidencia de la Generalitat desde Bélgica. El presidente del Parlament, Roger Torrent, está advertido por el Tribunal Constitucional de las consecuencias que tendría una investidura a distancia contra él. Precisamente la sentencia del procés condena a la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, a 11 años y medio por sedición por la utilización de su cargo en beneficio de la ruta independentista.

Inmunidad como europarlamentario

La sentencia del procés tampoco evitaría que Carles Puigdemont recogiera su acta de europarlamentario en Madrid previo juramento de la Constitución española. La imposibilidad de aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al reclamarle el juez Llarena por sedición y malversación permitirían también la operación incluso después de ser detenido.

En caso de que Puigdemont decidiera regresar a España -la última opción que baraja su defensa- tendría que elegir entre recoger su acta de eurodiputado o la del Parlament, pues ambos cargos son incompatibles.

El Parlamento Europeo no cuenta con ningún órgano que decida la suspensión de sus miembros en caso de entrar en prisión provisional o al ser procesados como sí lo tiene el Congreso de Diputados español. El órgano de representación europeo simplemente recibe la notificación de los estados miembros, en este caso por parte de la Junta Electoral Central, y realiza unos sencillos trámites de firma de documentos para que accedan a su cargo.

En caso de que Bélgica aceptara entregar a Puigdemont a España por los delitos de sedición y malversación, su defensa considera que el país vecino pediría garantías de que se respeta su inmunidad como parlamentario, una inmunidad que adquiriría al jurar la Constitución para recibir su acta.

Dilatar la entrega

Sin embargo, el equipo jurídico de Carles Puigdemont apuesta más por reivindicar en primer lugar su inmunidad como europarlamentario ante el tribunal flamenco de Bruselas (Bruselas Halle Vilvoorde o BHV), trámite que dilataría su entrega a España y evitaría su detención.

La defensa del ex presidente considera que podría ser el propio tribunal belga el que decidiera al respecto o dirigiera una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para saber si es necesario que Puigdemont recoja su acta de diputado en Madrid y jure la Constitución para que le sea reconocida su inmunidad como parlamentario.