Hay en Castilla y León dos constructores de los que la televisión autonómica nunca habla mal. Podría llegar a pensarse que su canonización es cuestión de tiempo, pero uno estuvo en la cárcel por corrupción y el otro está a la espera de ser juzgado por el presunto amaño de contratos públicos. Son los dueños de este medio de comunicación, regado con decenas de millones de euros, durante años, por parte del Gobierno regional, del que tampoco se ahonda en sus flaquezas. A unos cuantos kilómetros de allí, se edita un periódico que bebe los vientos por Ximo Puig. El presidente valenciano posee una participación y su Gobierno ha entregado generosa publicidad institucional a este medio. Recientemente le perdonó -indirectamente- una parte de la deuda que mantenía con una empresa pública autonómica.

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