Hacienda denuncia que las cuentas de Jefatura Central de Tráfico son un auténtico caos. La Intervención General de la Administración del Estado ha emitido un demoledor informe de auditoría sobre las cuentas anuales de 2018 del organismo adscrito al Ministerio del Interior y comendado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

“Falta de control”, “cálculos erróneos”, “falta de fiabilidad en la información”, “datos contradictorios”, “incumplimiento de los principios contables y presupuestarios”, “graves deficiencias de control interno”, datos “no verificables”, “falta de claridad”, “información que no se ajusta a la realidad”, “omisión de información obligatoria”…

Son algunos de las duras críticas que se recogen en el informe de Hacienda, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el que ofrece su “opinión desfavorable” a cómo están elaboradas unas cuentas que “no expresan la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera de la Jefatura Central de Tráfico” al cierre de 2018.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda y encargada de la auditoría de las cuentas públicas, es especialmente dura en sus críticas por el descontrol en la contabilidad que demuestra la Jefatura Central de Tráfico y por las contabilizaciones erróneas que directamente incumplen la normativa vigente.

Dudas graves sobre multas e ITV

Hacienda denuncia que Tráfico incumple los principios contables al no reflejar en sus cuentas las multas aún pendientes de cobro y sólo incluir los ingresos que recibe de la Agencia Tributaria –la que se encarga de tramitar las sanciones de tráfico- los importes de multas de manera efectiva.

La IGAE calcula que al no incluirse todos los derechos de cobro tanto de 2018 como de años anteriores se está provocando una infravaloración del patrimonio neto de la Jefatura de Tráfico de 258 millones de euros. Un cálculo realizado no por la información de Tráfico, que no la recoge en sus cuentas, sino con datos externos facilitados por la Agencia Tributaria.

Asimismo, Hacienda carga con dureza contra la “falta de fiabilidad” de la información facilitada sobre el cobro de tasas por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que realizan las empresas concesionarias. Y alerta de que no puede verificar que los 84,8 millones recaudados el año pasado sea la correcta por las ITV realmente efectuadas.

“Los datos de recaudación no son coherentes con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo. (…) La información remitida por Tráfico es en sí misma contradictoria”, se señala en el informe de auditoría. “La falta de control que evidencia la inexistencia de información fiable y consistente, puede originar menoscabo de fondos públicos si no se recibiera de los concesionarios el que importe que deben ingresar en las cuentas de Tráfico”.

Documentado sólo un 8% de los bienes

Hacienda también muestra serias dudas sobre la veracidad de los datos del inmovilizado (el conjunto de activos de una empresa que no son circulantes: inmuebles, terrenos, mobiliario, maquinaria, equipos…). La IGAE advierte de que del total de inmovilizado, valorado en casi 921 millones de euros, el 6,4,9% se encuentra fuera de cualquier inventario, el 27,3% está inventariado pero sin documentos que confirmen los datos, y sólo el 7,7% se corresponde con bienes inventariados y con soporte documental para garantizar la valoración realizada.

“Dada la falta de control existente en el organismo no es posible obtener evidencia acerca de la no existencia de bienes que no estén inventariados y tampoco hayan sido contabilizados (…) La actual situación del inmovilizado de la Jefatura Central de Tráfico comporta riesgos relevantes desde el punto de vista de la custodia de los activos como de la protección jurídica”, se advierte. Además, se constata que el cálculo de la amortización de elementos no inventariados se realiza de por sí de forma errónea.

En paralelo, Hacienda también detecta partidas de gastos de 2018 y de gastos devengados en 2017 no contabilizadas o contabilizadas erróneamente, lo que provoca errores millonarios en los resultados de ambos ejercicios (pérdidas en uno y beneficios en otro) y una sobrevaloración general del patrimonio neto de 8,8 millones.

Un problema de contabilización incorrecta que también se produce en los pagos al Consorcio de Compensación de Seguros del 50% de la recaudación de multas (con un total de 33,75 millones euros). La forma de contabilizar estos ingresos y esos pagos provoca, según Hacienda, una sobrevaloración de 5 millones de los resultados de 2018 y de 2,2 millones en 2017.

Información que no se ajusta a la realidad

La IGAE reconoce que Tráfico ha puesto en marcha un plan específico para resolver el desbarajuste de su falta de bienes en inventario para aclarar la situación de su inmovilizado. “Dada la situación existente, producto de muchos años de deficiente gestión, el desarrollo e implantación de dicho plan, que ya ha comenzado, requerirá varios ejercicios”. Asimismo, el organismo trabaja en la resolución de las deficiencias que impiden la correcta cntabilización de derechos e ingresos derivados de multas.

Sin embargo, Hacienda sí carga con dureza contra la dirección de Tráfico por justificar decisiones suyas en materia de contabilización de ingresos argumentando que lo hace según lo indicado en consultas a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Intervención Delegada en la Jefatura Central de Tráfico. Un extremo que la IGAE alerta que es directamente falso.

“La IGAE no se ha pronunciado en el sentido que se indica en la memoria, y por lo que respecta a la Intervención Delegada, la consulta no se ha producido y en todo caso no habrá sido contestada, toda vez que este órgano de control carece de competencias para contestar consultas sobre decisiones contables o de gestión”, subraya el auditor. “Entendemos que esta información no se ajusta a la realidad y puede inducir a error a los usuarios de las cuentas anuales”.