Banco Popular podría haberse salvado mediante la venta de activos no estratégicos. Esta ha sido la teoría defendida insistentemente por el expresidente de la entidad Ángel Ron. También se ve avalada por el informe de los peritos del Banco de España publicado el pasado mes de abril. Y hasta el último presidente del banco, Emilio Saracho, llegó a plantear al consejo esta opción para obtener unos recursos fundamentales.

Así lo ha vuelto a poner sobre la mesa Ángel Ron en su declaración, esta semana, en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, que investiga las causas que provocaron la caída de Popular en junio de 2017.

Durante su comparecencia, Ron subrayó que durante el consejo celebrado justo antes de la Junta de Accionistas celebrada el 10 de abril del mismo año se aprobó un plan de capital en el que se detallaba que el banco disponía de palancas internas para generar capital por unos 492 puntos básicos, lo que equivaldría a 3.500 millones de euros, sin necesidad de volver a recurrir a los accionistas.

Saracho planteó al consejo un plan de venta de activos para captar unos 3.500 millones

Además de la venta de carteras de activos adjudicados -que tal y como resalta el informe de los peritos se estaba produciendo a un ritmo de 2.000 millones de euros al año sin pérdida-, la entidad contaba con una serie de negocios y participaciones como Wizink o Totalbank (posteriormente vendidas por Banco Santander), cuya desinversión podría haber ayudado a Popular a elevar sus niveles de solvencia, conteniendo las crecientes dudas que se iban imponiendo en los mercados.

Sin embargo, en la citada Junta, Saracho situó a los accionistas ante una disyuntiva que sólo incluía la ampliación de capital o la venta de la entidad. "Tranquiliza a los consejeros para que no le interrumpan el plan pero deja en evidencia que no quería ejecutar el plan de negocio y que las plusvalías latentes que describió en el plan de capital, junto con el resto de medidas, eran un caramelo superatractivo para el comprador final".

Durante su declaración, a inicios de octubre, Saracho defendió que, a su llegada a la entidad, en febrero de 2017, se encontró con una situación crítica, un banco con notables déficits de gestión y unos planes para obtener capital "singulares", y que la situación se agravó aún más cuando tuvo que reformular las cuentas del banco y cuando ordenó una retasación de los activos inmobiliarios que mostró que las necesidades de coberturas eran aún mayores a lo inicialmente previsto.

El exdirectivo de JPMorgan llegó a plantear que, frente a los 2.500 millones de capital que Popular captó en la ampliación de 2016, la situación requería de unos 8.000 millones para poder hacer frente a las dificultades en que se enfrentaba el banco. En esta compleja situación, la sucesión de filtraciones y malas noticias, que Saracho achacó a "la ley de Murphy", acabaron por hacer caer a la entidad.

Frente a esta visión, Ron ha mantenido que en el momento de su salida de la entidad, y tras la ampliación de capital de 2.500 millones anunciada el mayo anterior, Popular era un banco totalmente solvente y que contaba con los recursos necesarios para cumplir con todos los requisitos regulatorios.

En su opinión, Saracho llegó a la entidad con la firme intención de provocar una caída de las acciones que facilitara su venta a un tercero, pero que su actuación acabó provocando una huida de liquidez que condujo a la caída del banco. Así, Ron expresó su convicción de que había sido el propio Saracho el responsable de la filtración de noticias que resultaron clave en la fuga de depósitos.

Entre otras cuestiones del mandato de su sucesor, Ron criticó el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de abril de 2017, en el que Popular comunicaba la reexpresión de las cuentas del año anterior. Según sus palabras, aquél fue un comunicado "irrelevante, mal intencionado y temerario", que formaba parte de un plan para echar la culpa de todos los problemas a los gestores anteriores, al tiempo que se creaba un agujero ficticio con la supuesta retasación de los inmuebles, que nunca estuvo respaldada por el análisis de ningún tercero.

El gobernador del Banco de España ya señaló en 2017 que Popular fue solvente hasta su caída

Esta línea argumental ha encontrado cierto respaldo en el informe de los peritos del Banco de España, quienes, con independencia de las reservas expresadas sobre la contabilidad del banco o la adecuación de las cantidades captadas en la ampliación de 2016, señalaron de forma contundente que la caída de Popular se produjo por una crisis de liquidez desencadenada por una serie de noticias negativas a lo largo del segundo trimestre. Esta situación motivó la decisión de las autoridades de resolver la entidad y venderla posteriormente a Santander por el precio simbólico de un euro.

Pero ya antes de esto había sido el por entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien, en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el 20 de junio de 2017, había aseverado que Popular era un banco solvente hasta el día antes de su intervención.

"El problema de liquidez que el Popular ha sufrido no deriva del tema de solvencia. Todo deriva de todo y todo está conectado en la vida, claro; todo está relacionado con todo, pero lo que puedo decir -es mi opinión no ya como gobernador del Banco de España, sino como persona que lleva en esto muchos años y que ha seguido muchos bancos durante mucho tiempo- es que el problema del Popular no ha sido un problema de solvencia", observó Linde.

Una ampliación asegurada

En defensa de su gestión, Ron exhibió algunas cuestiones que, en su opinión, vendrían a respaldar la solidez del banco durante su presidencia. Así, hizo mención a las evaluaciones satisfactorias realizadas por el BCE, como supervisor, de la situación de la entidad.

Del mismo modo, quiso reflejar la confianza que tenía el consejo en que la ampliación de capital de mayo de 2016 era suficiente para asegurar la solvencia de la entidad, subrayando que los consejeros suscribieron hasta un 20% de la misma (unos 500 millones). "Sería el primer caso de estafa a los mercados en el que los consejeros ponemos 500 millones para perderlos", afirmó.

Además, frente a la acusación lanzada por Saracho de que desde el banco se incitó la compra de acciones de los inversores durante la ampliación, financiándola, Ron recalcó que la ampliación estaba asegurada por los bancos colocadores. "Es indiferente el capital suscrito por los accionistas", señaló.