El juez Baltasar Garzón ha mostrado su preocupación porque el Gobierno de España "blanquee" y "apoye" al presidente de Chile, Sebastián Piñera, permitiéndole que mantenga la presidencia de la Cumbre del Clima que se iba a celebrar en la capital chilena y que se ha trasladado a Madrid por la situación política del país latinoamericano.

"Me preocupa que España, que ha acogido la próxima Cumbre del Clima, además, haya expuesto que la presidencia la siga ostentando Piñera", ha explicado Garzón a los periodistas, antes de calificar de "gravedad inusitada" este hecho. "No creo que éste sea el camino", ha indicado.

El juez ha acudido, este martes, como "amigo del pueblo chileno", a una reunión organizada por Unidas Podemos en el Congreso con representantes del país sudamericano. A su llegada ha denunciado la violación "sistemática" de derechos fundamentales que, a su juicio, está cometiendo Piñera "sin un soporte constitucional".

Garzón ha acusado al presidente chileno de estar practicando la "represión" en Chile, con la detención de "más de 4.000 personas", así como "torturas", "violaciones", "desapariciones" y "muertes", consecuencia de las protestas. A su juicio, el cambio en el país llegará con una nueva "reforma profunda" de la constitución. La vigente, según ha explicado, data de la dictadura y, aunque ha sufrido modificaciones, "no contempla suficientemente la protección de los ciudadanos chilenos y no da respuesta a la gravísima desigualdad instaurada" en dicho país.

"Un retroceso en términos democráticos"

El secretario general del PCE y candidato de IU al Congreso, Enrique Santiago, ha recordado la figura "activa" del entonces juez Garzón en la detención de Augusto Pinochet. Y con ellos ha estado Juan Garcés, el jurista que interpuso la denuncia por la que se detuvo al dictador chileno.

Del mismo modo, la reunión ha estado presidida por la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Gloria Elizo, que ha lamentado las "graves" vulneraciones que se están cometiendo en Chile "en términos de derechos humanos y protección de libertades públicas". "Lo que vemos es un retroceso catastrófico en términos democráticos", ha concluido.