Fue una de las batallas que perdió Podemos a principios de año. Los de Iglesias exigían al Gobierno de Sánchez que incluyera en su decreto de vivienda el límite de los precios de alquiler. No fue así. A los socialistas les temblaron las piernas cuando se sentaron frente a “los fondos buitres”, dijo entonces Irene Montero. Pero después de varios meses y dos elecciones generales, Sánchez ha pasado de decir que no dormiría "tranquilo" con Iglesias a abrazarse a él para sellar un pacto de Gobierno en coalición. Y el líder morado advierte: “Nosotros vamos a defender que en el próximo Gobierno podamos regular el mercado del alquiler para limitar los alquileres abusivos”.

Si Pedro Sánchez logra los apoyos para ser investido como presidente, Podemos pretende hacerse con la cartera de Vivienda de un país donde el precio medio del alquiler alcanza los 674 euros al mes, con ciudades como Madrid y Barcelona rondando los 800. Antes de las elecciones del 10-N, Iglesias miraba a otras ciudades del mundo y compartía en su cuenta de Twitter como Berlín, “la capital de la primera economía de Europa, está tomando medidas para proteger a sus ciudadanos de la burbuja del alquiler”. Estocolmo, Copenhague, París, la citada Berlín... En todas estas ciudades ya se están aplicando (o elaborando) normativas que restringen los precios cada vez más altos de los alquileres. Unas medidas que también ponen sobre la mesa otras preguntas, como si realmente causarán el efecto deseado o si pondrán las semillas para que florezca el mercado negro.

Estocolmo, tradición por el alquiler

El de la capital sueca es un caso particular. Los socialdemócratas lograron en la década de 1940 introducir controles sobre el precio del alquiler. Tal y como explican en este reportaje de Politico, el actual sistema se basa en el ‘valor de utilidad’, un cálculo que valora la vivienda según características como el tamaño, diseño y ubicación y no en lo que estaría dispuesto a pagar el mejor postor.

También hacen distinciones entre los contratos de alquiler. Por un lado están los de ‘primera mano’, más controlados y por los que un inquilino paga de media unas 4.910 coronas suecas al mes, unos 470 euros al cambio. El problema es que para poder acceder a ellos hay que esperar en largas listas de espera, que han llegado a prolongarse hasta dos décadas en algunas zonas. Mientras tanto, los suecos viven en casas de ‘segunda mano’ subarrendadas, es decir, en las que el inquilino alquila una parte o la totalidad de la vivienda a una tercera persona. Gracias a esta práctica el inquilino recibe importantes beneficios, ya que el subalquilado puede estar pagando hasta el doble del precio de alquiler. Hablamos de un mercado negro del alquiler.

Los partidos suecos discuten ahora si es el momento de acabar con este sistema y desregular el alquiler. Una batalla que enfrenta a los legisladores suecos de tendencia izquierdista, partidarios de mantener estos controles sobre los precios, contra los de derechas, que advierten de que el modelo provoca que se construyan menos viviendas porque esos alquileres bajos no son rentables para los constructores.

Berlín, con Merkel en contra

Berlín sí ha aprobado una ley para congelar los precios del alquiler, pero no entrará en vigor hasta 2020. Con la nueva norma, pionera en Alemania, el Gobierno tripartito de izquierdas de la capital (Partido Socialdemócrata, los verdes y Die Linke) pretende frenar la escalada de precios de la última década y ganar tiempo para la construcción de nuevas viviendas, según El País. La falta de ‘ladrillo’ nuevo es, precisamente, uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario de la capital alemana.

¿Qué medidas se implantarán? Más allá de congelar los precios durante un lustro, las nuevas reglas del juego limitan el precio de los nuevos alquileres en función del inmueble, lo que facilita la reducción del alquiler en algunos casos, según informa la DPA. No cumplir la nueva ley podría sancionarse con hasta 500.000 euros de multa.

Las intenciones del Gobierno local no han sentado nada bien a la oposición, que creen que estos controles provocarán “efectos negativos masivos” para la economía y, en particular, para los inquilinos. Los críticos temen que caiga el volumen de nuevas construcciones, que no se modernicen las que ya hay o que no contribuya a la protección del clima, según Der Spiegel. Además, surge el mismo temor que en Suecia: un mercado negro basado en el subalquiler. Lo que en la práctica es un debate municipal se ha convertido en un asunto nacional. El Ministerio de Interior ya ha advertido que las restricciones son inconstitucionales.

París lo vuelve a intentar

Desde el pasado 1 de julio los precios de una de las ciudades más caras para vivir están controlados. No es la primera vez. La limitación se aplicó entre 2015 y 2017 pero fue tumbada tras varios reveses judiciales. El actual sistema establece que el valor por metro cuadrado de una propiedad lo deben calcular organismos competentes teniendo en cuenta la localización, sus muebles, la fecha de construcción y el número de habitaciones, según informó Efe. El precio que figure en el contrato no puede superar en un 20 % o ser inferior a un 30% de la cuantía que estipulen esos organismos. El control de las rentas se probará de forma experimental hasta 2023. “Cuando ves el nivel de los alquileres en París y la dificultad de tener alquileres compatibles con los ingresos de los hogares de las clases medias te dices que es necesario introducir de nuevo un poco de racionalidad”, justificó a la agencia de noticias Ian Brossat, del departamento de Vivienda del Ayuntamiento de la capital francesa.

¿Se han podido notar los efectos de la regulación en tan sólo cinco meses? Esa pregunta es la que ha tratado de responder Le Parisien en este reportaje en el que compararon más de 800 anuncios de estudios y habitaciones en París. Los expertos consultados por el periódico galo concluyen que aún no han detectado una bajada en las rentas de alquiler. Sí critican algunos medidas, como el denominado “suplemento de alquiler”, que permite al propietario superar el 20% que fija el organismo competente siempre y cuando las características de la vivienda lo justifiquen, pero el problema es que no se concretan cuáles son.

Polémica en Dinamarca con Blackstone

La escalada de precios en el país nórdico y, en especial, en su capital han puesto en el punto de mira al gigante inmobiliario estadounidense Blackstone. “Compran alojamientos, expulsan a los residentes, reforman y venden a un precio más elevado”, criticó el ministro de Vivienda, Kaare Dybvad, en declaraciones al periódico Dagbladet recogidas por eldiario.es. El Gobierno danés, que ya trabaja en una nueva normativa para controlar el alquiler, considera que la especulación inmobiliaria está impidiendo que un inquilino con un salario normal pueda vivir en las principales ciudades del país, según apunta Cinco Días.