El Gobierno sigue empeñado en conseguir la investidura de Pedro Sánchez el próximo fin de semana, entre el 27 y el 30 de diciembre, gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado alas al independentismo al reconocer que Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria para recoger su acta como eurodiputado tras las elecciones del 26 de mayo, una prerrogativa que no pudo cumplir por decisión del Tribunal Supremo, que lo mantenía en prisión preventiva tras la fuga de Carles Puigdemont.

"La sentencia no es ningún obstáculo", ha asegurado en rueda de prensa este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, que ha citado las palabras del propio Junqueras para defender la viabilidad de la investidura.

"Estas negociaciones para nada se van a ver obstaculizadas en su resultado final por lo que al PSOE se refiere. Y he visto esta mañana que el propio Junqueras afirma que las negociaciones han de seguir", ha explicado la ministra, que ha defendido la vía política frente a la judicial para el "tratamiento de la cuestión de Cataluña".

"Por tanto, la sentencia no debe ser y no es por parte del PSOE ningún obstáculo para seguir construyendo políticamente el encuentro, que se está trabajando. Si Junqueras dice lo propio, que entiendo que es ERC, pues no habrá ningún obstáculo, se entenderá que la sentencia es una cuestión de tribunales, no de la política", ha afirmado.

Según Celáa, "en el encuentro político entre PSOE y ERC no se atisban obstáculos porque el PSOE quiere seguir en el acuerdo político y Junqueras también", ha insistido la portavoz del Ejecutivo, que ha reiterado la división entre el cauce judicial y el político. "El Gobierno en funciones no renuncia a conseguir la investidura a final de año. Se trabaja para ello", ha puntualizado.

En ese trabajo actúa la Abogacía del Estado, tal y como reclama ERC, y que en los próximos días aclarará su postura después de que el Tribunal Supremo haya consultado a las partes del juicio del procès sobre cómo actuar tras la resolución de la Justicia europea. "La Abogacía del Estado no forma parte del poder judicial", ha señalado Celáa, que ha enmarcado la respuesta de esa institución en "los principios de legalidad atendiendo al interés general". Eso sí, ha dejado claro que "el Gobierno no le da instrucciones ad hoc", sino que sus alegaciones buscarán "el interés general".

La ministra portavoz ha reiterado que para el Gobierno "no hay plan B" sobre un posible acuerdo con Ciudadanos y el PP, que deje a Podemos y a Esquerra fuera del acuerdo de la investidura. "A estas alturas a finales de diciembre, tras los resultados inequívocos de quién había ganado las elecciones del 10-N no es viable", ha explicado, insistiendo en las críticas al PP y Cs por no abstenerse. "No consideramos que haya fundamento razonable alguno para que algunas fuerzas políticas sigan mantenido el bloqueo. Nos hubiera gustado que lo que hizo el PSOE en 2016 hubiese hecho fortuna y se hubiese instalado en la política española pero no ha sido así", ha lamentado, en referencia a la abstención socialista en la última investidura de Mariano Rajoy (PP). "Las declaraciones de Pablo Casado no invitan a pensar que haya cambiado de opinión, aunque fuera deseable", ha indicado, para asegurar que esa vía es "inexistente".

Por todo ello, el Ejecutivo socialista sigue apostando por "aprovechar la oportunidad" abierta para ERC para construir un "diálogo" sobre Cataluña y conseguir la "distensión territorial".

La ministra portavoz no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de excarcelación de Junqueras para que recoja su acta como eurodiputado ni sobre las peripecias legales de Puigdemont, aunque ha recordado que el ex president fugado de la Generalitat "tiene cuentas pendientes que obviamente tendrá que sustanciar". "Seguimos en lo mismo que estábamos", ha insistido.