El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra el consejero de Interior catalán Miquel Buch y el sargento de los Mossos d'Esquadra Lluis Escolá por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por poner a disposición del ex presidente catalán Carles Puigdemont un servicio de escolta en su fuga en Bruselas bajo la apariencia de un servicio de asesoramiento.

Según la denuncia del Ministerio Público, basada en una denuncia presentada previamente por Ciudadanos, admitido a trámite por la Sala Civil y Penal del TSJ catalán, el conseller acordó nombrar al sargento "asesor en materia de sistemas de seguridad" como personal eventual de su departamento. Un cargo que se publicó el 27 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Generalitat.

Según se contenía en la resolución, sus funciones eran asesorar al conseller " en una pluralidad de materias, tales como la implantación y diseño de sistemas de seguridad corporativos, la prospectiva y explotación de la información para la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad, la mejora de sistemas de seguridad institucionales del departament de Interior, la coordinación de acciones relativas a la participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materias de seguridad, la cooperación multilateral y de coordinación institucional en sistemas de seguridad, los
sistemas de seguridad corporativos de otros países e instituciones internacionales, la definición de estrategias corporativas de seguridad, su planificación y control, así como cualquier otra tarea que le fuera encomendada relacionada con las funciones anteriores".

Sin embargo, según se recoge en la querella, "en realidad, la designa del querellado para el cargo de asesor en materia de seguridad constituiría un acto de arbitrariedad, por exclusiva voluntad del querellado, Sr. Buch, ya que, se afirma en la querella, la designa respondería, desde el principio, al propósito de procurar, con cargo a fondos públicos, un servicio de escolta permanente al Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, declarado rebelde en la causa especial 20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", se puede leer en la resolución de la Sala.

Los magistrados Jesús Barrientos, Mercedes Armas y Carlos Ramos consideran que los indicios de arbitrariedad contra el consejero "tendrían que ver con la trayectoria profesional y actos del querellado, Sr. E. (el sargento Escolá), con anterioridad a su nombramiento como asesor del departamento de Interior y con posterioridad a dicho nombramiento".