La incertidumbre política y económica ha generado una percepción negativa en las empresas de cara a 2020 y las está llevando a anticipar despidos, que cerrarán 2019 previsiblemente en máximos de los últimos 5 años.

En los diez primeros meses de 2019, 604 empresas han ejecutado despidos colectivos que han afectado a 24.437 trabajadores, un 50 % más que un año antes, por lo que es previsible que al cerrar el pasado año el número de perjudicados se sitúe cerca de los 35.875 que se produjeron en 2014.

La mayor parte de esas extinciones de contratos están fundamentadas en pérdidas actuales (11.308 trabajadores), seguidas por las causas organizativas (6.275) y de producción (2.066), según los datos que arroja la estadística del Ministerio de Trabajo.

También los despachos de abogados laboralistas han percibido un incremento de este tipo de actuaciones, algo que atribuyen a decisiones de las empresas anticipándose a unas eventuales dificultades en el futuro.

La presidenta de la asociación de abogados laboralistas Asnala, Ana Gómez, ha advertido en declaraciones a Efe de que están contabilizando un incremento de los expedientes de regulación de empleo como forma de prevención ante "los rumores" de que el nuevo Gobierno pueda "endurecer las causas de despido objetivo".

En línea con este incremento de los despidos, los datos de paro registrado también muestran un peor comportamiento del desempleo, que alcanzó los 3,19 millones de parados en noviembre con una caída interanual del 1,7 %, frente al ritmo del 5,5 % con el que se reducía a comienzos de año.

También la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre refleja esta moderación en la reducción del paro interanual, que ha pasado de caer al 11,6 % a comienzos de año a hacerlo al 3,36 %, un ritmo que no se registraba desde 2014.

Para la patronal de las agencias de colocación Asempleo, estos datos "indican una evolución diferencialmente más negativa en el desempleo" que en la ocupación, cuyo incremento se está moderando también pero a un ritmo más lento.

Además añade que las causas de este mayor deterioro "podrían estar relacionadas con el aumento de la población activa o con cambios en las decisiones de las empresas ante un entorno incierto".

En declaraciones a Efe, fuentes de Asempleo aseguran que las empresas dan por descontado que el eventual Gobierno nacido del pacto PSOE-Unidas Podemos llevará adelante cambios laborales, entre los que se encuentra el endurecimiento de las condiciones para ejecutar despidos colectivos.

"Todas las empresas dicen que una de las estrategias que van a adoptar es reducir las plantillas", algo que podrían estar comenzando a ejecutar ante las dificultades que podrían encontrarse en 2020, año en el que además las previsiones económicas también se moderan, explican desde Asempleo.

Por otro lado, también perciben un aumento en la población activa, que se ha incrementado en 234.700 personas en el último año, debido a que, ante un periodo de incertidumbre laboral en el ámbito familiar, otros miembros comienzan a buscar empleo o a trabajar.

Desde el ámbito sindical, el mayor número de despidos colectivos de los últimos meses responde a "lo laxa que es la regulación laboral", según explicaba recientemente el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en rueda de prensa.

"Las empresas multinacionales están eligiendo España para deslocalizar parte de su producción y destruir empleo, por lo sumamente fácil que es llevar a cabo un ERE de extinción", aseguraba Sordo.

Desde el Gobierno en funciones, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, descartaba a principios de mes que los datos de empleo y desempleo muestren un incremento de los ERE.

"Para empezar, no son ERE, son expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que no indican pérdidas de puestos de trabajo", explica Granado, quien añade que entre los primeros apenas se han registrado, salvo los generados por la quiebra de la empresa turística Thomas Cook, que han afectado a 1.100 personas.

Y es que las suspensiones de contratos aumentan a un ritmo del 71,4 %, hasta afectar a 44.697 trabajadores en los diez primeros meses del año, debido a los ERE ejecutados en la industria, principalmente en la de fabricación de automóviles.

En un ERTE el trabajador no pierde su puesto de trabajo, pero sí es dado de baja en la Seguridad Social y puede solicitar el cobro de su correspondiente prestación por desempleo durante el tiempo que esté sin trabajar.