El grupo parlamentario de Unidas Podemos empieza a resentirse tras alcanzar el Gobierno. Con sólo 35 escaños, el cuarto en tamaño, sus diputados tendrán que formar parte de más de una comisión de control a un Ejecutivo con 22 carteras, una multiplicación de ministerios que tendrá su reflejo en los órganos de fiscalización parlamentaria.

Además, tres de sus diputados son ministros, otros tres son secretarios de Estado y no se descarta que más personas del núcleo duro de Pablo Iglesias e Irene Montero ocupen nuevos cargos en el Gobierno. Sólo Victoria Rosell, nueva delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, tendrá que dejar el Parlamento por incompatibilidad, por lo que será sustituida por la siguiente en la lista electoral, Meri Pita, secretaria de Plurinacionalidad del partido.

Esa acumulación de cargos significa que el grupo parlamentario contará realmente para el trabajo cotidiano con 27 diputados, que tendrán que participar en más de una comisión para cubrir las ausencias de sus compañeros.

La dirección de Podemos descarta por el momento que sus altos cargos en el Gobierno dejen sus escaños, como hicieron los ministros socialistas tras la moción de censura y como planteó el PSOE a sus socios en este caso. Esas renuncias permitirían la entrada en el Congreso de ocho diputados que se encargasen a tiempo completo de las labores parlamentarias.

Si dimiten como diputados, los dirigentes de Podemos se quedarían fuera de la primera línea política, sin trabajo y sin sueldo en el caso de que fueran destituidos por Pedro Sánchez, o si perdieran sus puestos por una remodelación del Ejecutivo. La desconfianza reina todavía en el Gobierno de coalición y la Ejecutiva de Podemos se niega a contemplar ese escenario.

Fuentes de la dirección del grupo parlamentario explican que, de momento, "no se plantean" que ningún alto cargo, ni siquiera las secretarias de estado, abandonen el escaño. "Vamos a tener que trabajar mucho más", explican, con acciones como la participación de un mismo diputado en varias comisiones de control.

En una situación similar se encuentran once ministros del PSOE, que todavía no saben si tendrán que abandonar sus escaños. En su rueda de prensa del martes, Pedro Sánchez aclaró que la decisión compete a la Secretaría de Organización del partido, en manos de José Luis Ábalos, precisamente uno de los ministros que compatibiliza ambos cargos.

La agenda internacional de los ministros y funciones como acompañar a los Reyes en sus actos dificultan la labor parlamentaria de los miembros del Ejecutivo. Desde la dirección del grupo parlamentario socialista se reconoce ese problema, aunque explican que con 120 diputados y la existencia de diversos socios posibles -desde el PNV hasta EH-Bildu- para las votaciones no hacen tan necesaria la renuncia a las actas de diputados de los ministros como cuando el PSOE sólo tenía 84 escaños. Eso sí, en principio los secretarios de Estado que formen parte del Parlamento tendrían que dejarlo.

Enero inhábil

La Mesa del Congreso ha aprobado este miércoles la composición de la Diputación Permanente de la Cámara, que en esta XIV Legislatura volverá a contar con un total de 68 diputados más la presidenta de la institución, Meritxell Batet, y que está previsto que se constituya antes de que finalice este mes.

En virtud del acuerdo alcanzado por la mayoría de grupos, la Mesa ha determinado que el órgano que ejerce las funciones del Pleno durante los periodos no ordinarios de sesiones lo integren 24 representantes del PSOE (contando a Batet), 17 del PP, diez de Vox, siete de Unidas Podemos, tres de ERC, uno de PNV y de Bildu, mientras que Ciudadanos, el Grupo Plural y el Grupo Mixto contarán con dos puestos cada uno.

Con este reparto, PSOE y Unidas Podemos tendrán más fácil sumar mayoría absoluta en la Diputación Permanente del Congreso que en el Pleno de la Cámara Baja pues les bastará con sumar el voto de otros dos grupos a elegir entre ERC, PNV, Bildu, Plural (Junts y Más País), Ciudadanos y Mixto para llegar a los 35 diputados.

En cambio, esas alianzas no les son suficientes a los partidos de la coalición gubernamental para alcanzar la mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, donde para llegar a los 176 votos tendrán que buscar el apoyo de más de dos fuerzas minoritarias.

De su lado, el centro-derecha contará en la Diputación Permanente con un mínimo de 29 votos de PP, Vox y Ciudadanos, a los que se podrá añadir, si entran a formar parte de este órgano, algún representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN) o de Foro Asturias.

Una vez que la Mesa del Congreso ha dado el visto bueno a la composición de la Diputación Permanente, los grupos deberán nombrar a sus 68 titulares y 68 suplentes y se fijará una fecha para su constitución, prevista para antes de que finalice este mes. En la sesión constitutiva se elegirá entre los miembros de la Mesa del Congreso a los dos vicepresidentes y los dos secretarios que acompañarán en su órgano de gobierno a Batet, que es miembro nato en su condición de presidenta de la Cámara.

La Diputación Permanente ejerce las funciones del Pleno del Congreso en los periodos no ordinarios de sesiones (enero, julio y agosto). Además, es el único órgano que permanece activo tras la disolución de las Cortes por una convocatoria electoral. Sus miembros son los únicos que continúan como diputados hasta la constitución del nuevo Congreso cobrando como tales y con el correspondiente fuero.