El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado la transposición de seis directivas europeas para rebajar las exigencias del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, una medida clave aprobada durante el último mandato de Mariano Rajoy para evitar el fraccionamiento en los contratos menores.

Fue en marzo de 2018 cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Contratos para adaptar el ordenamiento jurídico español a las directivas europeas. A partir de ese momento se cerró la posibilidad de trocear un contrato para poder adjudicarlo como menor, una figura de la contratación pública a la que no se le exige ni un concurso ni un proceso de adjudicación.

El contratista, según aquella reforma, tenía que justificar que no había firmado más contratos menores que, en su conjunto, superasen los 15.000 euros en servicios y suministros y los 40.000 euros en obras. El objetivo era dotar de mayor transparencia a la contratación pública y para ello también se estableció la obligación de una factura electrónica.

La aplicación del artículo 118.3 genera "graves problemas técnicos" en la contratación pública, según el Decreto-Ley

Ahora, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles y ha adelantado Civio, el Ejecutivo se ha valido de un Decreto-Ley aprobado como medidas urgentes para eliminar el punto 3 del artículo 118, que recogía las exigencias más duras para los contratos menores.

Con la aprobación del Decreto-Ley, que se extiende a lo largo de 252 páginas, el Gobierno quiere evitar las multas que Europa quiere imponer a España por retrasarse en la transposición de las directivas comunitarias, que versan sobre la contratación pública en varios sectores, y sobre los seguros privados, de planes y fondos de pensiones, así como normas del ámbito tributario y de litigios fiscales.

La modificación "urgente" del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público se debe, según el Decreto-Ley, a los "graves problemas técnicos" que provoca la aplicación del 118.3. Según explica Civio, a pesar de las restricciones que imponía el artículo desde marzo de 2018, más de 6.500 adjudicaciones se saltaron la norma durante los seis primeros meses del año pasado.