El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado que, en lo que al Gobierno se refiere, "no se va a eliminar la tasa de reposición" de funcionarios en la Administración. Esto quiere decir que el Gobierno, a falta de lo que pueda resultar de las negociaciones para aprobar los Presupuestos para 2017 (los de 2016 siguen prorrogados), no está dispuesto a levantar este año la prohibición de cubrir todas las plazas que queden vacantes de un año para otro en las plantillas públicas por jubilaciones, excedencias, renuncias, etc.

La tasa de reposición se fijó en el 10% entre 2011 y 2014, pero sólo para una serie de servicios considerados de primera necesidad, como la educación, la sanidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la inspección de fraude. En 2015, esta tasa se elevó al 50%, y en 2016, se estableció un límite del 50% con carácter general y del 100% para las actividades prioritarias.

La eliminación de todos estos márgenes es una de las principales reclamaciones de los sindicatos de la función pública y de las comunidades autónomas, ávidas de ampliar sus plantillas, y  también una de las incógnitas a despejar dentro de la Oferta de Empleo Público para este año, que aún no se ha presentado.

Sin embargo, Montoro, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario vasco en el Senado, ha indicado que el Gobierno se va a limitar a aplicar los acuerdos alcanzados al respecto en la última Conferencia de Presidentes. De acuerdo con el texto acordado en este foro, las comunidades autónomas se comprometieron, en efecto, a "modular" la tasa de reposición para dar respuesta a las necesidades de prestación de servicios de cada una en particular. En este sentido, Montoro ha hablado, en todo caso, de "revisar" estas tasas.

Además, según el ministro de Hacienda, la tasa de reposición ha sido compatible con un incremento del personal empleado en la educación pública de 750.900 personas al cierre de 2007 a 760.200 en 2016, y de 568.500 a 592.800 en el caso de la sanidad.

Los problemas de las comunidades autónomas

Sin embargo, el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes bien puede quedar en meras palabras si se prolonga la actual situación de parálisis de los Presupuestos y, por ello, de la Oferta Pública de Empleo. Algunas comunidades autónomas se están planteando dejar la convocatoria de oposiciones para cubrir plazas públicas para próximos años ante la falta de un marco nacional.

Es el caso de Castilla-La Mancha. La comunidad autónoma no convocará oposiciones a maestros en 2017 por la inseguridad jurídica derivada de haberse prorrogado automáticamente los Presupuestos, con lo que ya no habrá oferta pública de empleo de maestros hasta el año 2019.

Esto, además, tiene un efecto colateral. El responsable de Enseñanza Pública de FSP-UGT de Murcia, Alfonso Vera, ha explicado a El Independiente que el colectivo de maestros de la región está en contra de la convocatoria de oposiciones para este año porque, al no haber convocatoria en Valencia o Castilla-La Mancha, se espera una avalancha de candidatos en su territorio. Ello supondrá, según cálculos del sindicato, que unas 16.000 personas opten a menos de 500 plazas. Además, si se levantaran las restricciones de la tasa de reposición la cosa tampoco mejoraría porque estarían en juego unas 800 plazas.

En opinión de Vera, hace falta que se apruebe una Oferta de Empleo Pública y que se coordinen las oposiciones, "con mes y día", en todas las comunidades autónomas.

Las oposiciones a funcionario, un arma arrojadiza

Y si el Pleno del Senado ha sido el escenario en el que Montoro ha desvelado algunas de sus cartas, también ha sido el lugar en el que se ha confirmado que el capítulo de gasto en personal de los futuros Presupuestos, lo que en román paladino se traduce en las condiciones laborales del funcionario --con sus subidas salariales, sus tasas de reposición y sus jornadas--, es ya oficialmente un arma arrojadiza entre el PSOE y el Gobierno.

El Grupo Socialista en el Senado ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para azuzar al ministro de Hacienda por no haber aclarado aún qué ocurrirá con sus salarios y especialmente con la Oferta de Empleo Público (OEP) de este año. En respuesta, Montoro ha lamentado que el Congreso aún no haya mostrado su apoyo para poder sacar adelante unos Presupuestos. "El Congreso tiene que asumir su responsabilidad", ha dicho. Pero acto seguido a afinado el tiro y ha cargado las culpas sobre el PSOE: "Esta tarea no corresponde solo al Gobierno, es el PSOE el que tiene la mayor responsabilidad por no habilitar los Presupuestos".

Presión sindical a las puertas del Ministerio

Montoro ha realizado este reparto de responsabilidades en la víspera de una nueva jornada de movilizaciones de los sindicatos de la función pública ante las puertas de Hacienda.

El Área Pública de CCOO y la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT entregarán mañana, 22 de febrero, una carta al ministro donde reiteran la necesidad, "ya urgente", de convocar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (MGNAAPP), para abordar las condiciones laborales de los empleados públicos, desde la necesidad de incrementar plantillas hasta la recuperación del poder adquisitivo perdido en la crisis.