Es la vieja aspiración del nacionalismo vasco, la que todos los gobiernos se han resistido a satisfacer y el PNV la ha situado como prioridad. La seguridad social vasca, propia, autónoma y con otro sistema que la haga sostenible al margen del modelo general hace años que se diseña en Sabin Etxea. Esta semana en la sede de la formación nacionalista han recibido el primer espaldarazo “de Madrid” a su sueño. Una noticia que llega en días oscuro y complejos por la gestión en la ‘crisis de Zaldibar’ y con la que el partido gobernante en el País Vasco quiere intentar levantar cabeza y recomponer su imagen. Lo ha hecho calificando de “hito histórico” o paso sin precedentes el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez para iniciar el proceso de cesión del régimen económico de la Seguridad Social.

En realidad, por el momento es un enunciado ambiguo plasmado en un papel, con una fecha de abordaje, pero que se sitúa a la cola de la lista de las 32 materias que incluye el pacto transferencial firmado el pasado jueves en Vitoria entre ambos Ejecutivos. El enunciado habla de “iniciar los estudios” de “las materias” relacionadas con el régimen económico y lo fía al segundo semestre de 2021. Demasiado tiempo y demasiada negociación “muy difícil”, como reconocen ambas partes, hasta culminarla. Pero ya es mucho más de lo logrado en décadas por el PNV en torno a una herramienta que considera esencial para el avance del autogobierno en Euskadi.

Los recelos y alarmas no han tardado en aparecer. Desde el PP lo tildan de “un hecho grave sin precedentes” que rompe el Estado y el expresidente del Gobierno, José María Aznar anunció “el principio del fin” de la caja única y la solidaridad en España.

Obtener el régimen económico sólo es la primera fase del plan, del cronograma del PNV. En sus documentos ya ha ideado cómo será la ‘seguridad social vasca’ de su Euskadi autogobernada: mixta, con aportaciones públicas y complementada con planes privados especialmente incentivados fiscalmente para tener unas pensiones no vinculada en exclusiva a las cotizaciones laborales. El futuro órgano gestor de la seguridad social vasca tiene incluso nombre: Lagunkidetza. Durante la Asamblea general que en febrero de 2016 celebró en Pamplona presentó el modelo de seguridad social que tendría una Euskadi independiente y que también sería aplicable en Navarra.

El partido de Andoni Ortuzar está convencido de que el modelo actual que rige en el conjunto de España está “abocado” al fracaso. En un país envejecido, especialmente en Euskadi, vincular el sostenimiento del sistema a las cotizaciones y el empleo es “algo obsoleto” para los nacionalistas vascos. Por eso defienden no sólo un modelo con “autonomía presupuestaria” sino que sea propio y diferenciado. Se basaría en pensiones públicas mínimas financiadas con cotizaciones e impuestos pero que deberían ser compensadas, de modo voluntario, con “sistemas complementarios”. Es ahí donde la seguridad social vasca “propia y diferenciada” exprimiría la herramienta que sólo el régimen fiscal propio permite en Euskadi y Navarra: las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

EPSV incentivadas

Estos planes de pensiones vascos gozan de gran predicamento en el País Vasco. Las diputaciones forales aplican sobre ellos exenciones fiscales y el PNV quiere que esa vía se explore aún más para el sostenimiento de las pensiones en una Euskadi envejecida, con cada vez menos cotizantes y con las pensiones más altas del Estado.

Estos planes controlados por las haciendas vascas suman actualmente algo más de 25.000 millones de euros. En el País Vasco la cultura del ahorro por esa vía está mucho más implantada que en el resto de España. Incluso para el funcionariado se financian aportaciones a estos planes a cargo del presupuesto del Gobierno vasco. Basta comparar el peso sobre el PIB que tienen los planes de pensiones en el conjunto del país y en la sociedad vasca. Si en España este tipo de planes representan en torno al 10% del PIB, en Euskadi el peso de las EPSV ronda el 33% del PIB vasco.

El PNV defiende unas pensiones públicas mínimas que se complementen con una pensión privada voluntaria

Pese a ello, el sistema vasco que gestionaría 'Lagunkidetza' parece complicado que pueda ser autosuficiente. Actualmente el déficit en el pago de las pensiones vascas ronda los 4.000 millones al año, sufragados con el fondo común de la Administración central. Por ahora, y hasta que ese horizonte de equilibrio plasmado en los documentos del PNV se alcance, la formación insiste en que su aspiración no contempla en ningún caso la ruptura de la caja única. No por ahora. El propio consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, no pudo evitar dejar entrever el ahora y el futuro durante su comparecencia ante la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el pasado jueves: “Hoy por hoy, el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social no plantea la quiebra de la caja única, en el futuro no lo sé”.

Las autoridades vascas confían en que el cambio social, demográfico y económico producido en los últimos años también pueda convertirse en un aliado para la sostenibilidad de un sistema propio de pensiones. El País Vasco es hoy menos industrial, el sector con mayores sueldos y que con más intensidad ha generado pensiones elevadas, y el ratio salarial también se ha reducido, con lo que la factura a medio plazo de las futuras generaciones de pensionistas también se verá reducida.

En esta primera fase de la operación para la seguridad social vasca que el jueves se activó el compromiso pasa por respetar las líneas fijadas en el Estatuto de Gernika. En él, además de reconocer la titularidad del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco (artículo 18.2), se recuerda, en la disposición transitoria quinta, que la transferencia se llevará a cabo vía convenios y que la asunción de la competencia se hará “dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad”. En los informes sobre las condiciones en las que demanda el Gobierno vasco las transferencias se insiste en la “subrogación” a la Tesorrería General de la Seguridad Social.

Capacidad legislativa plena

En su programa electoral de 2016 el PNV afirmaba que una vez completado este traspaso planteará “un pacto social” para garantizar la “viabilidad económica” del sistema público de pensiones a través de su gestor, Lagunkidetza, mediante la consolidación de los sistemas de planes complementarios.

En su propuesta de nuevo estatuto los nacionalistas, con el visto bueno del PSE y Elkarrekin Podemos, fijan la segunda fase de la operación. Si por ahora refieren el respeto a la caja única y a la titularidad del Estado como emisor de la legislación básica que ellos aplicarán, en el ‘nuevo estatus’ se habla abiertamente de que será el País Vasco a quien corresponda “la legislación y ejecución del sistema público de Seguridad Social y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. En su artículo 107 se determina que un organismo similar a Lagunkidetza -cuya denominación se deja abierta- será el encargado de “organizar y administrar” todos los servicios relacionados con la Seguridad Social y ejercerá “la tutela” sobre las instituciones, entidades y fundaciones correspondientes. Todo deberá quedar recogido en una ley ‘ad hoc’ que aprobaría el Parlamento Vasco, según el ‘plan’ ideado en la propuesta de nuevo estatuto vasco.

El nuevo estatuto que plantean PNV, PSE y Podemos contempla una Seguridad Social propia y autónoma

Por ahora sólo es un horizonte, pero desde esta semana parece estar más cerca de alcanzarlo. Las necesidades del PSOE y la ansiedad del PNV han hecho posible el cambio de posición del Gobierno en sólo un año. En enero de 2018 Sánchez se negó a incluir en la lista de transferencias a negociar la relativa a la Seguridad Social. Ahora, un año más débil, el Gobierno sí la ha incluido. Es la materia número 32, la última de la lista, pero la que tendrá bien atado al PNV hasta finales de 2021 –cuando está prevista su negociación-, no en vano junto al PSE ha considerado que además de prisiones ésta es una de las dos competencias “prioritarias”.

Y no es para menos. Pese a que la cesión del régimen económico de la Seguridad Social no supondrá en la práctica un cambio en la percepción de las pensiones, ni en su cuantía, sí dotará a la Administración vasca de influencia gestora y reforzará su músculo de autogobierno. Oficialmente se señala que sólo se alterará ‘la ventanilla’ y el membrete de las cartas, que el Estado seguirá fijando las normas de jugo, la legislación básica, y que Euskadi se limitará a aplicarlas. Pero los gestores vascos serán los encargados de gestionar la caja de 9.600 millones de euros que sólo el año pasado gastó la Seguridad Social en el País Vasco. A ello sumarán que se harán cargo de los funcionarios del Estado y asumirán también los edificios y bienes materiales de la Seguridad Social en Euskadi.

Cuando la transferencia se lleve a cabo, en el mejor de los casos dentro de dos años, se hará algo más que pagar las pensiones con fondos procedentes, como hasta ahora, de la Tesorería General de la Seguridad Social. También se activará la inscripción de empresas, sobre las que los futuros gestores vascos tendrán potestad sancionadora. Será la nueva entidad Lagunkidetza, la que gestionará aspectos como la afiliación, altas y bajas de trabajadores, la que gestionará y controlará las cotizaciones y recaudará las cuotas y diseñará los procesos para su ingreso.

Será sólo la primera fase del plan que recogió el Estatuto de Gernika de 1979 hace más de 40 años y que cuatro décadas después, el PNV ansía con dar por cumplido para poner en marcha un nuevo ciclo a partir de 2021: la construcción de la Seguridad Social vasca.