Ocurrió hace un mes, la tarde del 6 de febrero. Aquel jueves lo que pareció ser el derrumbe de una ladera sobre una autopista y sin mayor impacto más allá del vial, pronto se convirtió en un drama humano, una crisis política y un problema medioambiental de difícil solución. En estas cuatro largas y angustiosas semanas ninguna de las tres se ha resuelto. Esta mañana las labores para localizar los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores sepultados bajo las tierras y residuos del vertedero de Zaldibar, continuarán. Todo apunta a que un día más lo hará sin resultados. Fuentes conocedoras de las labores de búsqueda reconocen que la operación puede llevar meses y prolongarse incluso más allá de la primavera, a puertas del verano.

También hoy los técnicos y responsables políticos celebrarán reuniones de su mesa técnica e interinstitucional para conocer la situación. Aunque se dan, los avances son costosos y en ocasiones impredecibles. La estabilización de la ladera ha mejorado y los planes para dar nuevos pasos en la búsqueda de Alberto y Joaquín logran escalar algún peldaño.

Entretanto, la crisis política volverá a capear con la otra crisis social y sanitaria, la del coronavirus, que ha logrado relegar la de Zaldibar a un segundo plano. Quizá hoy, al cumplirse el primer mes de la tragedia el foco mediático vuelva orientarse a la pequeña localidad vizcaína que no deja de reclamar más medios. Las familias de los dos sepultados lo han hecho recientemente acusando al lehendakari y su Gobierno de ‘hacer que hace’ pero sin destinar lo que consideran que serían los recursos suficientes para rescatar a sus seres queridos.

La credibilidad de las instituciones ha quedado maltrecha en estos días por la gestión del accidente, del impacto medioambiental y de la información en todo este caso convertido además, en munición electoral a sólo un mes de las elecciones autonómicas. La petición de responsabilidades políticas y particulares, los anuncios de personación en futuros procesos judiciales se han sucedido en este tiempo.

Mayor valorización

Y junto a todo ello, las soluciones a uno de los problemas derivados del hundimiento de uno de los principales vertederos del País Vasco llegan con cuentagotas. Esta instalación, hoy anulada, recibía en torno a 500.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos al año. Desde hace un mes, las cerca de 700 empresas que depositaban ahí sus residuos –cerca de 200 camiones diarios- han tenido que buscar una alternativa y el Gobierno vasco improvisar una medida de emergencia para evitar el colapso de algunas empresas. La red de vertederos de Euskadi ha evitado ofrecerse para acoger más vertidos alegando falta de capacidad y las comunidades autónomas no han hecho llamamientos públicos a la solidaridad para absorber parte de los vertidos que ya no pueden asumir Zaldibar ni el de Mutiloa, en Guipúzcoa, cerrado recientemente. Tampoco los vertederos situados en municipios gobernados por el PNV se han ofrecido a facilitar una salida.

Un mes más tarde del accidente de Zaldibar, la Consejería del Gobierno vasco ha optado por imponer un plan de emergencia para los próximos meses mientras se busca una solución a medio y largo plazo. Las medidas de urgencia establecen que las empresas de valorización de residuos deberán alcanzar el “máximo de valorización de residuos” para el que tienen autorización a lo largo del próximo año. Se les ordena que de manera preferente deberán admitir residuos procedentes de Euskadi. En la batería de medidas también se determina que las empresas generadoras de vertidos y los vertederos de residuos no peligrosos deberán agotar la vía de la valorización antes de destinarlos a un vertedero. El plan pasa por reducir, mediante un mayor porcentaje de valorización, la generación de residuos aplicando con mayor intensidad procedimientos como la valorización energética mediante el reciclaje o la valorización material mediante la obtención de materias primas.

A medio plazo, y una vez superada esta fase de urgencia generada por el cierre del vertedero de Zaldibar, así como el de Mutiloa, en Guipúzcoa, el Ejecutivo contempla autorizar la apertura de nuevos vertederos –si así lo solicitan posibles promotores- y autorizar la ampliación de capacidad de las instalaciones ya en vigor.

El plan se basa en el análisis de la actual situación. El cierre de Zaldibar y Mutiloa ha supuesto una pérdida de absorción de residuos al año de 850.000 toneladas de empresas de distintos sectores como el siderúrgico, de la construcción o el papelero, entre otros. Ahora, con el incremento de valorización que se plantea –que podría obligar a algunas grandes compañías a implantar plantas de valorización en sus instalaciones- y la autorización para alcanzar los máximos de tratamiento a las empresas gestoras, se lograría reducir de modo importante el déficit que existe.

A otras Comunidades Autónomas

Así, la capacidad adicional que se autorizaría a las plantas de valorización se estima en 440.000 toneladas, lo que sumado a los mayores índices de valorización en las empresas rebajaría el déficit a 250.000 toneladas al año. Este volumen correspondería a las propias empresas gestionarlo. En las últimas semanas se han comenzado a autorizar el envío de parte de esos residuos a vertederos y plantas ubicadas en las comunidades autónomas limítrofes. Unos envíos a instalaciones de Navarra, Cantabria, La Rioja o Castilla y León contratados por las propias empresas y que sólo tienen que ser comunicados al Gobierno vasco. Desde el Ejecutivo recuerdan que a ellos no les corresponde crear vertederos sino que su responsabilidad es autorizarlos de acuerdo a la normativa y controlarlos, “éste es un mercado libre”.

En el País Vasco se recicla el 58% de los vertidos que se generan y de ellos sólo se logra valorizar un 6% del total. Un porcentaje muy reducido frente al 36% de los residuos que terminan arrojados en un vertedero. Es ahí donde el Gobierno vasco se ha propuesto incidir y para lo que ya contempla la creación de un canon que no haga tan rentable el envío de resto a los vertederos y fomente la búsqueda de fórmulas de reciclaje y de aprovechamiento de los residuos en el sector industrial.

El plan de urgencia aprobado ahora incluye limitaciones nuevas para las empresas vascas y para los titulares de vertederos de residuos no peligrosos. Así, a los vertidos que procedan de otras comunidades autónomas se les requerirán una autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y que se otorgará si tienen una tasa de valorización superior al 51%. Residuos como las escorias blancas y negras procedentes de las acerías sólo se admitirán si proceden de plantas de valorización autorizadas y al igual que los residuos de la construcción y las demoliciones no podrán ser admitidos ni siquiera para fines constructivos.

A partir de ahora los lodos procedentes de depuradoras, al considerarse que pueden ser valorizados en un 100%, sólo podrán ser admitidos en vertederos vascos si cuentan con un permiso expreso de la consejería de Medio Ambiente. En el caso de los lodos de pasta de papel, se urge a las empresas a que busquen soluciones de autogestión a sus vertidos y sólo en determinados casos, previa autorización de la Administración, su envío a un vertedero será autorizado. La medida será similar para las arenas y finos de fundición. Por último, en las fracciones de residuos procedentes de la automoción también se urge a las empresas para que promuevan soluciones de autogestión de los residuos.