España está inmersa en tres crisis. Una evidente, la sanitaria; otra económica, para la que el país trata de prepararse; y una democrática por el "golpe institucional" de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Al menos así lo entienden los principales partidos de la oposición, que este martes volverán a la carga en la reunión de la Junta de Portavoces para exigir que el Ejecutivo deje de "amordazar al Congreso" y permita sesiones de control a la gestión del Gobierno en la crisis del Covid-19.

Con la hibernación de la Cámara Baja y la paralización de los plazos reglamentarios, el bloqueo de enmiendas de la oposición y la suspensión de todos los debates -salvo los solicitados por el Ejecutivo, como el pleno de este jueves para aprobar la prórroga del estado de alarma- el Gobierno se está enfrentando a la emergencia sanitaria sin la vigilancia de la oposición, cuyo control se limita prácticamente a las comisiones de Sanidad que preside Salvador Illa.

"Estado de alarma nacional no significa estado de silencio. Sánchez no quiere comparecer en sesión de control, pero luego sí que va a visitar fábricas". Estas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista para El Mundo son el preludio del ultimátum que mantiene el PP al Gobierno de coalición, habida cuenta de la ruptura del consenso político en torno a la crisis: los de Casado votarán 'sí' este jueves a la nueva prórroga del estado de alarma pero Génova confirma que será la última vez que brinden ese apoyo, al menos de forma gratuita.

Si el Gobierno no reabre el Parlamento, el PP se alineará con Vox y retirará su respaldo a Sánchez. "La democracia no se puede confinar", justificaba el presidente popular este lunes. La decisión tomada en Madrid cuenta con el amparo de los 200 diputados, senadores y eurodiputados con los que mantuvo Casado una reunión telemática en la mañana del lunes. Sánchez "tiene el Parlamento cerrado, a la oposición ninguneada y a la prensa acallada", se quejaba el jefe de la oposición.

Supedita Casado por tanto su "mano tendida" y su "lealtad" al Gobierno en lo que resta de crisis a que éste acepte la creación de una comisión de estudio de coronavirus en las Cortes, donde se pueda pedir información y solicitar la comparecencia tanto de ministros como del presidente del Gobierno, tal y como ha hecho Francia, donde el Ejecutivo francés deberá comparecer cada miércoles -la semana pasada lo hizo el primer ministro, Édouard Philippe, para explicar su gestión ante la pandemia.

La Mesa del Congreso dominada por PSOE y Unidas Podemos, que estudiará también este martes las distintas propuestas de los grupos parlamentarios para donar los 650.000 euros que suman las indemnizaciones que cobran al mes los diputados, situó el control al Gobierno en el limbo, primero congelando la actividad parlamentaria el pasado 20 de marzo, y luego frenando las enmiendas de la oposición a medidas aprobadas por el Ejecutivo decretando la paralización de los plazos reglamentarios. Más allá de las sesiones de control, el resto de formaciones no puede, por ejemplo, registrar propuestas para mejorar el real decreto ley del Gobierno por el cual se decidía destinar el 20% del PIB a la lucha contra el coronavirus.

Estas y otras reivindicaciones las planteará la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, a Meritxell Batet en la reunión de la Junta de Portavoces.

Frente al PP, que aunque plantea la búsqueda de fórmulas telemáticas de control desliza la celebración de plenos presenciales del presidente del Gobierno porque "el Congreso no se cierra ni en guerra", Ciudadanos ha marcado su propio camino en la oposición a Sánchez durante la crisis, circunscribiendo un pacto de no agresión, de "reconstrucción" y de apoyo.

Su líder, Inés Arrimadas, ha pedido también el regreso de las sesiones de control al Gobierno "semanales" y la reunión de todas las comisiones, no solo la de Sanidad, también durante el estado de alarma. Pero con una diferencia: solo pueden y deben realizarse por la vía telemática. Arrimadas, en avanzado estado de gestación, ha exigido a Batet garantizar la democracia parlamentaria "sin poner en riesgo ni a los trabajadores de la Cámara ni a los diputados", y que aplique "la flexibilidad" que ahora se permite para el voto telemático.

Más de 1.000 preguntas obviadas

El grupo parlamentario de Vox, con 52 diputados en el Congreso, ha sido hasta el momento la única formación en romper de forma tajante toda relación con Sánchez, y no esperará a que acabe la crisis para pasar a la acción: el portavoz, Jorge Buxadé, anunciaba este lunes que el partido emprenderá acciones judiciales e incluso penales contra los miembros del Ejecutivo de coalición por la "gestión criminal" del Gobierno al que tilda de "desleal, trilero y antidemocrático".

Los de Abascal no apoyarán tampoco la nueva prórroga del estado de alarma, aunque el partido se debate entre la abstención y el 'no'. La condición que plantea Vox es radicalmente distinta a la de Pablo Casado: "la única posibilidad de que votemos a favor de esa prórroga pasa por el cese del Gobierno y la puesta en marcha de uno de concentración", confirmaba Buxadé.

Con todo, Vox seguirá batallando para exigir la reactivación de las sesiones de control al Ejecutivo de forma presencial, al que critica por dejar en suspense más de 1.000 preguntas y proposiciones no de ley registradas por el grupo parlamentario en lo relativo al coronavirus.

Con el fin de exigir que se "abra" el Congreso habilitando "todos los medios técnicos" para garantizar el control parlamentario, Vox ha querido dar ejemplo de una forma peculiar: rompiendo el confinamiento y cambiando el teletrabajo por el trabajo presencial. Algunos diputados de la formación, incluido su presidente, están yendo a trabajar a sus despachos de la Cámara Baja con normalidad.