La Dirección General de la Policía inició el pasado 27 de febrero un expediente de emergencia para poder comprar con rapidez medios de protección para la plantilla. Fue semanas después de que el entonces jefe del servicio de prevención de riesgos laborales aconsejara la utilización de mascarillas y guantes a los agentes -especialmente a los destinados en los puestos fronterizos de aeropuertos con vuelos con China- ante el riesgo de propagación del coronavirus.
Los autos con los que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares que habían solicitado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) para que el Ministerio del Interior facilitara equipos de protección individual y proporcionara test de detección para conocer si los agentes que habían estado en contacto con un positivo o presentan síntomas detallan las actuaciones que el Servicio de Suministros de la Policía ha realizado desde finales de enero para adquirir medios.
El pasado 25 de enero, un día después de que José Antonio Nieto advirtiera de que la covid-19 podría transmitirse en España tras el brote inicial de China, el Cuerpo Nacional inició las primeras gestiones y mantuvo contactos con empresas suministradoras de mascarillas y gel hidroalcohólico. Las primeras compras se formalizaron cinco días después, si bien al cabo de varias semanas tuvo que devolver un pedido de 94 cajas de mascarillas al estar "caducadas".
El Director Adjunto Operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González, ya reconoció el pasado 28 de marzo que había recibido órdenes del director general dos meses antes para que se compraran mascarillas y guantes. La fecha denota la preocupación que ya empezaba a existir en el Cuerpo Nacional mucho antes del 9 de marzo, cuando el Gobierno ha situado el origen de la epidemia.
El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, dictó una resolución el 27 de febrero por la que declaraba de emergencia la compra de diversos elementos de protección por un importe máximo de 300.000 euros. Esa cantidad se ha ampliado desde entonces en tres ocasiones -la última el pasado 26 de marzo con un tope de 300.000 euros para adquirir 400 ordenadores portátiles que permitieran potenciar el teletrabajo- y ya alcanza 1,8 millones de euros.
625.500 mascarillas
A fecha 1 de abril, según los datos facilitados por este procedimiento, la Policía había adquirido 625.520 mascarillas, 10.150 gafas, 691.000 pares de guantes, 1.700 buzos, 72.983 unidades de gel y 744 de jabón. A ello se ha sumado el material donado, concretamente 661.130 mascarillas quirúrgicas, 82.990 de tipo FFP2 o KN95, 429.000 pares de guantes y 3.852 unidades de gel.
De forma unánime, todos los sindicatos policiales vienen denunciado desde hace semanas que los agentes están trabajando con medios de seguridad insuficientes, lo que agrava -sostienen- su exposición al contagio. Esta versión es rechazada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asegura que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen realizando sus labores con los equipos "adecuados y precisos".
La Audiencia Nacional rechaza obligar a Interior a suministrar equipos de protección a los agentes por la escasez existente y porque los centros sanitarios tienen prioridad
El SUP, la CEP y la UFP habían acudido a la jurisdicción Social para que Interior suministre los equipos de protección. La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares solicitadas al entender que "carecerían de ejecutividad al convertirse en una obligación de hacer imposible de cumplir en estos momentos" debido a la escasez de equipos de protección individual para todos los colectivos con riesgo de contagio.
"Es un problema muy serio que en este momento desborda con mucho a la Administración demandada e incluso al país", expone la Sala de lo Social, que no pasa por alto las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad por las que tienen prioridad los centros sanitarios.
"Se ha probado, igualmente, la sucesión de actuaciones del Ministerio del Interior para intentar conseguir medios para los integrantes del Cuerpo de Policía Nacional, sin que este cauce procesal sea el idóneo para reprochar las circunstancias de escasez y pedir las responsabilidades oportunas", añade.
Tampoco ha prosperado la pretensión de que se obligara a la Administración a evaluar de forma individualizada los riesgos a los que están expuestos los funcionarios policiales durante la pandemia con el argumento de que esa petición no se ha dirigido previamente al Ministerio del Interior.
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