El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prorrogue el periodo de presentación de la declaración de la Renta y Patrimonio al 30 de septiembre de este año y, no como viene siendo habitual, el 30 de junio. Marugán ha hecho esta petición en el contexto de la lucha de coronavirus y tras recibir cerca de mil trescientas quejas ciudadanas, a casi 30 diarias, de diversas materias que afectan todas a las dificultades derivadas de la pandemia del coronavirus.

Aduce el Defensor del Pueblo que muchos ciudadanos que hayan perdido a un familiar o que esté ingresado y, por tanto, aislado y sin poder recibir visitas, pueden tener "dificultades inéditas para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación" del IRPF en nombre de esas personas. Un escollo que también puede presentarse para las personas y profesionales que "estén desplazados" o que en estos momentos, como los sanitarios, "dedican todos sus esfuerzos y su tiempo a combatir la pandemia".

Independientemente de que el confinamiento ciudadano se levante antes de finales de junio, lo previsible es que el país esté luchando durante muchos meses contra el Covid-19, por ello, Marugán propone, bien que se amplíe el plazo hasta septiembre, o al menos que se se habilite una prórroga general por un tiempo igual al que se mantengan las limitaciones para el contacto social.

Además, esta institución también se hizo hecho eco de muchas quejas de pymes y autónomos, sobre todo respecto a sus obligaciones fiscales de este mes de abril en que tenían que liquidar el IVA del primer trimestre del año, muchos de ellos sin actividad desde el decreto del estado de alarma del 14 de marzo. Situación que se sumaba al cierre de gestorías y despachos de abogados a través de los cuales gestionan su pago de impuestos.

Marugán propuso liquidaciones semestrales del IVA para pymes y autónomos

El Defensor -que ocupa el cargo en funciones desde julio de 2017- remitió una carta a María Jesús Montero, con quien comparte militancia socialista, en la que le trasladaba que "sería conveniente flexibilizar los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias que ambos colectivos deben afrontar en las próximas tres semanas".

En este sentido, la propuesta de Marugán pasaba por hacer la liquidación de manera semestral y no trimestral o prolongar los plazos hasta los veinte días posteriores a la finalización de las medidas de confinamiento. El Gobierno le ha tomado la palabra y hoy el Consejo de Ministros aplazará el pago de impuestos al 20 de mayo a aquellos autónomos y pymes con más dificultades. Además, previsiblemente la norma permitirá que puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, junto a modificaciones en el Impuestos de Sociedades.